Carlos III defendió el 30 de octubre de 2026 que Guyana reciba beneficios por conservar sus bosques. El monarca participó en Georgetown del segundo foro de la Alianza Global por la Biodiversidad y respaldó el reconocimiento económico de la naturaleza. Su intervención no incluyó una transferencia británica nueva: la financiación existente procede de contratos de carbono, aportes internacionales y proyectos de conservación. El encuentro continuó este sábado.
Los bosques cubren aproximadamente el 85% del territorio guyanés. Esa extensión explica la relevancia del debate: conservar árboles permite sostener hábitats, almacenar carbono y proteger recursos utilizados por comunidades locales. El presidente Mohamed Irfaan Ali impulsa esa actividad mediante la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, una política iniciada en 2009. El rey ha respaldado históricamente esa iniciativa y es patrono del centro forestal de Iwokrama.
La principal vía comercial es la venta de créditos forestales respaldados por mediciones verificadas. En 2022, el Gobierno acordó con Hess Corporation la compra de 37,5 millones de créditos por un mínimo de USD 750 millones hasta 2032. Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente. El programa nacional distingue el valor total del contrato de los pagos recibidos a lo largo de su ejecución.
El foro sumó además una promesa filantrópica inicial de USD 12,5 millones. Bezos Earth Fund, Andes Amazon Fund, Nia Tero y Rainforest Trust comprometieron esos recursos para apoyar la conservación, incluida la protección permanente del corredor Acarai-Rupununi. El anuncio de las organizaciones establece condiciones ambientales y sociales. No equivale a un desembolso completo ni debe sumarse como ingreso ya cobrado por el Estado.

Carlos III e Irfaan Ali recorrieron las exhibiciones ambientales del foro celebrado el 30 de octubre en Georgetown.
Las comunidades indígenas tienen garantizado al menos el 15% de los ingresos por créditos forestales. Esa proporción corresponde al sistema nacional de carbono, no automáticamente a los USD 12,5 millones anunciados por las organizaciones. El resto financia prioridades más amplias de desarrollo sostenible definidas en la estrategia oficial. Las reglas de distribución prevén proyectos comunitarios gestionados mediante planes preparados por cada localidad participante.
La participación local no se reduce a recibir una parte de la recaudación. Los pueblos amerindios pueden definir inversiones en producción, transporte, educación e infraestructura mediante sus propios planes de sostenibilidad. El Gobierno informó el 30 de octubre que más de 250 aldeas y comunidades se benefician de más de 3.000 proyectos. La cantidad anunciada describe iniciativas en distintas etapas, no una auditoría independiente de sus resultados económicos y ambientales.
La nueva financiación busca proteger más de un millón de hectáreas del corredor Acarai-Rupununi. El proyecto exige garantías legales duraderas contra la minería y otras actividades incompatibles con la conservación. Las organizaciones donantes también condicionan su apoyo al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y a su participación en la gestión. La protección definitiva todavía requiere decisiones jurídicas y administrativas; anunciar fondos no convierte por sí solo el territorio en un área protegida.

El monarca se reunió el 30 de octubre con representantes indígenas en Umana Yana, durante su visita de Estado.
Los créditos por biodiversidad todavía presentan dificultades distintas de las del mercado de carbono. La protección de especies y hábitats no dispone de una medida universal equivalente a una tonelada de emisiones. Por eso, inversores y gobiernos deben establecer criterios de verificación, permanencia y distribución de beneficios antes de expandir ese mercado. El tema también aparece en la discusión latinoamericana sobre financiación de la biodiversidad.
La expansión petrolera de Guyana añade una tensión al modelo de desarrollo forestal. El país busca ingresos por hidrocarburos y, simultáneamente, financiación para conservar ecosistemas. Ambos negocios utilizan instrumentos y controles diferentes, y los créditos forestales no eliminan por sí mismos las emisiones asociadas a extraer o consumir petróleo. También sigue pendiente evaluar cómo se respetarán los derechos territoriales y se evitarán actividades extractivas en las zonas propuestas para conservación permanente.
El Gobierno de Guyana anunció este 31 de octubre un programa de trabajo para los próximos doce meses. La Alianza prevé preparar mecanismos para financiar proyectos y presentar prioridades a sus miembros antes de terminar noviembre. También planteó impulsar iniciativas en comunidades y reunir potenciales inversores en 2027. La medida concreta del avance será comprobar desembolsos, protección territorial efectiva y decisiones adoptadas por las comunidades, más allá del respaldo expresado por Carlos III.