El gobierno de Axel Kicillof busca avanzar con una regulación para los trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.
Después de anunciar la iniciativa en la apertura de sesiones ordinarias de marzo y enviar el proyecto a la Legislatura en junio, la administración bonaerense comenzó a defender sus alcances ante los senadores, con la intención de impulsar su tratamiento.
La propuesta crea un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y contempla un seguro obligatorio contra accidentes, la instalación de espacios de descanso y un registro para que las empresas informen sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
La discusión involucra a repartidores de aplicaciones como Rappi y PedidosYa, pero también alcanza a quienes realizan traslados de personas y otros servicios organizados mediante plataformas digitales.
El objetivo del Ejecutivo provincial es establecer herramientas de protección sin limitar su alcance a una determinada categoría contractual. Sin embargo, el proyecto todavía debe avanzar en el Senado bonaerense antes de convertirse en ley.

La iniciativa forma parte de la agenda laboral que Kicillof presentó durante la apertura de sesiones ordinarias de marzo. El proyecto ingresó formalmente en el Senado bonaerense el 23 de junio y propone crear un programa integral destinado a quienes trabajan mediante aplicaciones digitales.
La semana pasada, el expediente volvió a cobrar impulso con una reunión informativa de la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara alta. El encuentro se realizó en el Salón Nunca Más del Anexo legislativo y reunió a funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial, representantes sindicales y trabajadores de aplicaciones.
La exposición técnica estuvo a cargo de Lilia Alonso, asesora de la cartera laboral que conduce Walter Correa. También participó Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo y concejala de Almirante Brown. Después de las presentaciones, los funcionarios intercambiaron opiniones con los senadores sobre los alcances de la propuesta.
La comisión es presidida por María Rosa Martínez, de Fuerza Patria. Entre los legisladores presentes estuvieron Mónica Macha, Roxana López, Sabrina Bastida y Luciano Olivera, mientras que Analía Balaudo y Sergio Vargas participaron de manera virtual.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense.
La propuesta busca que las autoridades provinciales cuenten con información sobre una actividad laboral que se organiza mediante aplicaciones y que presenta distintas modalidades de contratación.
Para ello, las empresas deberán inscribirse en el registro y proporcionar datos sobre la cantidad de personas que trabajan a través de sus servicios, su situación contractual, las condiciones de contratación, las horas trabajadas y los ingresos promedio. También deberán informar sobre los intermediarios que intervienen en la actividad.
El alcance previsto no se limita a quienes realizan repartos. El programa comprende a las personas que desarrollan tareas dentro de la provincia mediante plataformas digitales, independientemente de la forma jurídica de su vínculo con las empresas.
De esta manera, el Gobierno bonaerense busca contar con herramientas para conocer mejor el funcionamiento de la actividad y diseñar políticas públicas destinadas a sus trabajadores.
Otro de los puntos más relevantes es la obligación de las empresas de plataformas de contratar un seguro de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto, retiro, traslado y entrega de bienes, así como para quienes transportan personas en la vía pública.
La cobertura mínima deberá contemplar tres aspectos centrales: fallecimiento por accidente, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia.
El proyecto también establece que la protección no se limite al momento en que el trabajador está realizando una entrega o un traslado. La cobertura deberá comprender el período de actividad entre la conexión y la desconexión de la plataforma, además de determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.
Entre ellos, se incluyen desplazamientos hacia y desde centros de operación, depósitos y paradores habilitados, así como otros recorridos relacionados con el inicio de la jornada y la simultaneidad de tareas para distintas empresas, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.
Además, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Banco Provincia y de Provincia Seguros o de la entidad que se designe, el desarrollo de un producto específico de seguro de accidentes personales. Las empresas podrán contratar las pólizas con cualquier aseguradora habilitada para operar en territorio bonaerense.
La iniciativa también contempla la creación de paradores destinados al descanso, la higiene y la seguridad de los trabajadores de plataformas digitales.
Estos espacios deberán contar con condiciones adecuadas para descansar, alimentarse, utilizar sanitarios y acceder a agua potable. También deberán permitir el resguardo de pertenencias y ofrecer lugares para estacionar los vehículos utilizados durante la jornada laboral.
La propuesta prevé que las empresas dispongan de paradores habilitados en centros de operación, depósitos y locales vinculados con sus actividades. A su vez, abre la posibilidad de desarrollar espacios públicos mediante acuerdos entre el Gobierno provincial, los municipios y las compañías.
El proyecto incluye a las denominadas “tiendas invisibles”: establecimientos cerrados al público que almacenan, preparan y despachan mercaderías cuyos pedidos se gestionan mediante aplicaciones digitales.
La incorporación de estos espacios apunta a responder a una de las dificultades habituales de los repartidores: la falta de lugares adecuados para hacer pausas, utilizar instalaciones sanitarias o resguardarse durante el trabajo.
El Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales también propone desarrollar una aplicación móvil que facilite el acceso a servicios, información y herramientas relacionadas con la actividad.
Entre sus funciones previstas se encuentran los mecanismos de emergencia y los avisos rápidos de seguridad, la orientación para realizar trámites y el acceso a instancias de capacitación.
La herramienta formaría parte de una estrategia más amplia para coordinar políticas públicas destinadas al sector. El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y deberá conformar una mesa de coordinación para implementar las medidas contempladas en la ley.
En ese sentido, la propuesta busca que los trabajadores dispongan de canales de información y asistencia, además de las coberturas y los espacios físicos previstos.