El regalo de Grabois: qué dice el libro que Kicillof se comprometió a estudiar

Juan Grabois le entregó hace pocos días a Axel Kicillof un libro elaborado por Argentina Humana con propuestas para el desarrollo económico y social de la Argentina.

El encuentro tuvo lugar durante una actividad en Ciudad Universitaria de la que también participó Ofelia Fernández. El gobernador bonaerense se comprometió a leer con mucha atención la publicación, titulada Perspectivas estratégicas para el desarrollo humano integral de la Argentina, que reúne diagnósticos y lineamientos sobre la producción, la deuda, las jubilaciones, el trabajo y las políticas sociales. ¿Pero qué dice concretamente?

El documento presenta una mirada integral sobre los principales problemas estructurales del país y propone alternativas para abordarlos.

Entre sus ejes aparecen la necesidad de generar empleo formal y ampliar la capacidad exportadora, una estrategia de endeudamiento compatible con el crecimiento, una reforma previsional que combine cobertura universal con reconocimiento de los aportes realizados y políticas públicas para garantizar derechos sociales.

El modelo productivo: tres pilares para superar la restricción externa

El capítulo “Nuestro modelo productivo: objetivo y sentido”, elaborado por Ulises Bosia y Pablo Wahren, plantea que uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina es la dificultad para sostener el crecimiento sin enfrentar una escasez de divisas.

Para superar esa restricción externa, los autores proponen organizar el entramado productivo sobre tres grandes pilares: el sector exportador basado en los recursos naturales, la industria manufacturera y tecnológica, y la economía popular.

La propuesta parte de una premisa: el desarrollo no puede depender exclusivamente de las actividades que generan dólares ni de la capacidad del mercado formal para crear empleo asalariado. Se necesita una estrategia que articule la generación de divisas, la producción industrial y la inclusión de los trabajadores que actualmente encuentran dificultades para incorporarse al empleo registrado. En ese esquema, el Estado tendría un papel central en la planificación, la coordinación de las inversiones y la construcción de capacidades productivas nacionales.

El objetivo, según los autores, es conformar “un sistema integrado capaz de articular la generación masiva de divisas con la creación de trabajo con derechos”, reduciendo al mismo tiempo la vulnerabilidad externa.

Los tres pilares del esquema productivo

El primer subsector es el de las actividades exportadoras vinculadas con los recursos naturales, entre ellas los complejos agroexportadores, hidrocarburíferos y mineros. Su función es generar las divisas que necesita el conjunto de la economía, aunque el planteo busca evitar que ese objetivo derive en una estructura excesivamente primarizada. Para eso, propone retener una mayor proporción del valor generado dentro del país y orientar parte de esa renta hacia el desarrollo de otras actividades.

El segundo pilar es la industria manufacturera y tecnológica. Comprende la producción de bienes industriales, bienes de capital, insumos y tecnología, con el propósito de sustituir importaciones consideradas estratégicas, diversificar la matriz productiva y crear puestos de trabajo asalariado formal. La intención es reducir la dependencia de manufacturas extranjeras y desarrollar capacidades locales en sectores clave.

El tercer componente es la economía popular, que incluye a trabajadores autogestionados, cooperativas y actividades informales que no encuentran una inserción estable en el mercado laboral tradicional. El documento propone reconocerla como una parte estructural de la economía, con capacidad para producir bienes y servicios de proximidad y sostener actividades comunitarias. Para fortalecerla, plantea ampliar el acceso al financiamiento, la infraestructura y los derechos laborales.

Planificación estatal y soberanía industrial

Uno de los lineamientos centrales es que el desarrollo productivo requiere una intervención estatal activa. En lugar de dejar la evolución de la economía librada exclusivamente a la rentabilidad de cada sector, los autores proponen construir cadenas de valor integradas en actividades estratégicas, como la energía, el litio, los alimentos y la biotecnología.

Entre las medidas planteadas se encuentra condicionar los beneficios e incentivos estatales al cumplimiento de objetivos concretos de exportación, innovación tecnológica y reinversión de utilidades en el país. El propósito es que las ventajas competitivas de los sectores que generan divisas también contribuyan a ampliar las capacidades industriales y tecnológicas nacionales.

La propuesta busca, de esta manera, vincular la expansión de las actividades exportadoras con la creación de empleo formal y el desarrollo de proveedores locales. El eje no estaría puesto únicamente en cuánto produce o exporta cada sector, sino también en cuánto valor agrega dentro del país y qué efectos tiene sobre el resto de la estructura económica.

Economía popular: financiamiento, infraestructura y formalización

El capítulo también propone modificar el lugar que ocupa la economía popular en las políticas de desarrollo. En lugar de considerarla una actividad transitoria o residual, la define como una forma estructural de organización del trabajo y la producción que necesita reconocimiento institucional.

Para avanzar en esa dirección, plantea crear un Sistema Nacional de Financiamiento y Fomento para la Economía Popular. La iniciativa apunta a facilitar el acceso al crédito no bancario, promover la participación de estos trabajadores en circuitos formales de comercialización y establecer mecanismos de compras públicas que favorezcan a sus unidades productivas.

El esquema también contempla un piso de ingresos y la provisión de infraestructura comunitaria, con herramientas, conectividad, espacios de producción y alternativas de bancarización pública. El objetivo es mejorar las condiciones en las que trabajan cooperativas, emprendimientos autogestionados y otras unidades de la economía popular, al tiempo que se amplían sus posibilidades de producción y comercialización.

La propuesta parte del diagnóstico de que el empleo asalariado privado formal no alcanza para absorber a toda la población económicamente activa. Por eso, plantea que una estrategia productiva nacional debe contemplar distintas formas de organización laboral, sin limitar la inclusión económica a la creación de puestos de trabajo en empresas tradicionales.

Deuda y estabilidad: cómo evitar que el ajuste profundice la recesión

El segundo eje económico está desarrollado en el capítulo “La deuda argentina y la estabilidad macroeconómica: recuperar la sostenibilidad sin ahogar el crecimiento”, escrito por Valentín Álvarez y Tobías Yatche.

Los autores analizan el impacto del endeudamiento público, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, y advierten sobre los riesgos de los ciclos acelerados de toma de deuda externa. Según el documento, esos procesos pueden terminar financiando la fuga de capitales o sosteniendo esquemas cambiarios difíciles de mantener, con consecuencias sobre la autonomía económica y la capacidad de pago del Estado.

El texto también pone en discusión las estrategias de austeridad extrema como respuesta a los desequilibrios fiscales. Su argumento es que los recortes pronunciados pueden contraer la actividad, reducir la recaudación tributaria y debilitar la capacidad estatal para afrontar sus compromisos.

Como alternativa, propone una estrategia que vincule la sostenibilidad fiscal con el crecimiento económico. En lugar de depender exclusivamente de la reducción del gasto, plantea ampliar la base tributaria a partir de una economía más dinámica.

La reforma previsional: un haber básico y reconocimiento de los aportes

El sistema jubilatorio ocupa otro lugar destacado en la publicación. El capítulo “Reordenar la pirámide, ampliar el acceso: apuntes para una reforma del sistema integrado previsional argentino”, de Andrés Cappa y Ulises Bosia, aborda las dificultades de un régimen condicionado por la elevada informalidad laboral.

El diagnóstico señala que el requisito de reunir 30 años de aportes efectivos deja a una parte importante de los trabajadores fuera de la cobertura previsional contributiva. La situación afecta especialmente a quienes tuvieron trayectorias laborales informales o intermitentes, entre ellos muchas mujeres y personas de sectores populares.

Las moratorias previsionales y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) permitieron ampliar la cobertura, pero, de acuerdo con su análisis, también dieron lugar a la coexistencia de distintos regímenes y a diferencias entre las prestaciones.

La propuesta busca reorganizar el sistema a partir de dos componentes. El primero sería un haber básico garantizado para todas las personas que alcancen la edad jubilatoria, financiado mediante rentas generales e impuestos progresivos, independientemente de la cantidad de años aportados.

Sobre ese piso se sumaría un componente contributivo proporcional, calculado en función de los aportes efectivamente realizados. De esta manera, cada año de contribución tendría un reconocimiento en el haber final, en lugar de mantener una lógica que coloca el umbral de los 30 años como condición determinante para acceder a una jubilación contributiva completa.

El documento también plantea reducir la precarización laboral para ampliar los ingresos del sistema y propone destinar recursos provenientes de impuestos a la riqueza o a las rentas extraordinarias al financiamiento de la seguridad social.

Además, destaca la necesidad de reconocer las tareas de cuidado no remuneradas dentro del cómputo previsional, con el objetivo de reducir las brechas de género que condicionan el acceso de las mujeres a la jubilación.