Investigación judicial
02/11/2026 - Edición Nº1364
Política
Un antecedente incómodo
ARSAT y una licitación por su seguridad que revive la polémica judicial
02/11/2026 | La empresa estatal vuelve a contratar seguridad tras el procesamiento de su expresidente. Dos exfuncionarios investigados habían firmado el pliego anterior.
ARSAT abrió una nueva licitación para contratar la seguridad de sus instalaciones mientras avanza la investigación judicial contra su expresidente y otros exfuncionarios.
por Redacción NewsDigitales
La empresa estatal ARSAT puso en marcha una nueva licitación para contratar la seguridad de sus instalaciones en distintos puntos del país. El procedimiento llega en un momento particularmente sensible: su expresidente Facundo Leal acaba de ser procesado en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas con la custodia de bienes estratégicos.
El llamado fue publicado el 27 de octubre, apenas doce días después de que se conociera la resolución judicial. Las ofertas se abrirán el próximo 19 de noviembre y el servicio comprenderá la Estación Terrena de Benavídez, un depósito externo y otras instalaciones ubicadas en Buenos Aires y el interior del país.
La nueva contratación no forma parte de los hechos investigados por la Justicia. Sin embargo, la revisión de antecedentes administrativos revela una particularidad: dos exfuncionarios actualmente procesados aparecen como firmantes del pliego de una licitación anterior para el mismo tipo de servicio.
La coincidencia vuelve a poner en discusión los mecanismos de contratación, los requisitos exigidos a las empresas de seguridad y los controles sobre instalaciones que albergan infraestructura tecnológica de importancia estratégica.
El procesamiento de Facundo Leal y una causa que comenzó con un robo
El 15 de octubre se conoció el procesamiento de Facundo Leal, expresidente de ARSAT, dispuesto por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. La resolución alcanzó también a otros exfuncionarios de la compañía, particulares vinculados con Argentina Logistic Services (ALS) y a la propia empresa como persona jurídica.
La investigación apunta a una presunta maniobra para favorecer a ALS en contrataciones relacionadas con servicios de depósito, logística y traslado de materiales pertenecientes a ARSAT.
Entre los procesados se encuentran Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras y Contrataciones, y Pablo Pagani, quien se desempeñó como subgerente de Servicios Corporativos y Logística.
Los delitos atribuidos a Leal, Boschin y Pagani incluyen negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
El magistrado dispuso embargos de hasta 3.000 millones de pesos para cada uno.
La defensa de Leal anticipó que apelará la resolución. El procesamiento no constituye una condena y deberá ser revisado por la Cámara Federal de San Martín.
Según la investigación, entre 2020 y 2024 ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS por servicios que incluyeron almacenamiento, transporte y movimientos de materiales. Los pagos habrían alcanzado aproximadamente 1,7 millones de dólares y 32,2 millones de pesos.
El expediente tuvo su origen en una denuncia de la propia compañía estatal, después de que una inspección realizada el 4 de enero de 2024 detectara robos y daños en materiales almacenados en un predio de San Fernando.
El perjuicio identificado por esos hechos fue estimado en 151.126 dólares.
Facundo Leal, extitular de ARSAT
Cámaras que no grababan y fallas de vigilancia: qué encontró la Justicia
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación se relaciona con las condiciones de seguridad del depósito donde se encontraban los materiales afectados.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el establecimiento presentaba deficiencias que habrían facilitado los robos y daños denunciados.
Entre las irregularidades señaladas aparecen cámaras que no realizaban grabaciones, ausencia de monitoreo permanente, sectores del cerco electrificado fuera de funcionamiento y una dotación de apenas un vigilador por turno.
Para los investigadores, esas condiciones resultaban incompatibles con las exigencias previstas para la custodia de bienes de alto valor tecnológico.
El caso adquirió mayor repercusión cuando los allanamientos realizados en propiedades vinculadas con Leal permitieron secuestrar más de 2,6 millones de dólares en efectivo. El origen de ese dinero se investiga en un expediente separado por presunto enriquecimiento ilícito.
Estos antecedentes explican por qué las condiciones de vigilancia y los controles efectivos sobre los depósitos de ARSAT adquirieron especial relevancia.
La nueva licitación y los requisitos que deberán cumplir las empresas
La Licitación Pública N.º 04/2026 establece la contratación del servicio de seguridad para la Estación Terrena de Benavídez, un depósito externo y otras instalaciones de la compañía.
Según la documentación publicada por ARSAT, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 12 del próximo 19 de noviembre, mientras que la apertura está prevista para las 12.30 de ese mismo día.
El procedimiento incluye pliegos de condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas, además de anexos vinculados con la dotación de personal y las cotizaciones.
La convocatoria puede consultarse en el apartado oficial de compras y contrataciones de la empresa.
El interrogante principal no pasa únicamente por determinar qué compañía resultará adjudicataria, sino por conocer qué exigencias se establecieron para garantizar la prestación efectiva del servicio.
En particular, resulta relevante verificar las condiciones de monitoreo, la cantidad de vigiladores destinados a cada instalación y los mecanismos de supervisión previstos para evitar fallas similares a las detectadas en el expediente judicial.
Dos procesados firmaron el pliego anterior: qué muestran los documentos
La revisión de la Licitación Pública N.º 02/2024 permite identificar otro dato relevante. El pliego de condiciones particulares de aquel procedimiento, destinado también a contratar servicios de seguridad y vigilancia, contiene las firmas digitales de Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani, fechadas el 15 de agosto de 2024.
Ambos exfuncionarios se encuentran actualmente procesados en la investigación sobre las contrataciones con ALS. Es importante señalar que la firma de ese documento no constituye una irregularidad por sí misma y que la licitación de seguridad de 2024 no figura entre los hechos imputados que trascendieron públicamente.
No obstante, el antecedente permite analizar los criterios utilizados por la compañía para seleccionar proveedores. El pliego de 2024 exigía a las empresas interesadas contar con una nómina mínima de 600 vigiladores registrados en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
La cifra duplicaba los 300 trabajadores requeridos en el procedimiento de 2023.
También establecía una antigüedad mínima de cinco años en actividades similares y la presentación de tres certificaciones internacionales: ISO 9001, vinculada con la gestión de calidad; ISO 14001, relacionada con la gestión ambiental; e ISO 45001, correspondiente a seguridad y salud en el trabajo.
En materia económica, se fijaban requisitos de liquidez, patrimonio y facturación en relación con el monto ofertado. El contrato contemplaba una duración de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros 12.
La comparación con la nueva convocatoria permitirá determinar si ARSAT mantiene esos criterios, introduce modificaciones o incorpora controles adicionales sobre la prestación del servicio.
Qué controles debe garantizar ARSAT y por qué importa la competencia
La discusión también involucra el régimen jurídico bajo el cual opera la empresa estatal. ARSAT fue creada mediante la Ley 26.092, que establece un esquema particular para su funcionamiento y sus contrataciones.
Su artículo 3 excluye a la compañía del régimen general de contrataciones de la Administración Pública Nacional, por lo que utiliza un reglamento propio para seleccionar proveedores. Sin embargo, eso no significa que quede fuera de los controles estatales.
El artículo 2 establece que la compañía se encuentra alcanzada por los mecanismos de control interno y externo previstos en la Ley 24.156, que involucran a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN).
En ese marco, la nueva licitación plantea interrogantes sobre la relación entre las exigencias técnicas, la cantidad de empresas que pueden cumplirlas y la necesidad de garantizar una competencia efectiva.
Una dotación mínima elevada, determinados indicadores económicos o certificaciones específicas pueden responder a necesidades operativas legítimas. Pero también resulta importante conocer sus fundamentos y verificar que no establezcan restricciones desproporcionadas para potenciales oferentes.
Otro punto central será determinar qué mecanismos utilizará ARSAT para supervisar el cumplimiento del contrato una vez adjudicado.
La experiencia del depósito de San Fernando demuestra que las condiciones establecidas en los documentos no necesariamente garantizan su cumplimiento durante la prestación del servicio.
El 19 de noviembre, una fecha clave para la nueva contratación
La apertura de ofertas permitirá conocer cuántas empresas participan del procedimiento y qué propuestas presentan para garantizar la seguridad de las instalaciones de ARSAT.
También ofrecerá una primera oportunidad para evaluar el nivel de competencia de la convocatoria.
Sin embargo, quedarán otros interrogantes relevantes: quién presta actualmente el servicio, cuál es su costo, qué controles se realizan sobre el depósito externo y si las nuevas condiciones incorporan mecanismos para prevenir las deficiencias detectadas por la Justicia.
La investigación contra Leal y otros exfuncionarios no permite presumir irregularidades en la licitación actual. Tampoco existe información que vincule directamente ambos procedimientos.
Pero el procesamiento de antiguos responsables de la compañía, las fallas de seguridad documentadas en un depósito y la participación de dos imputados en un pliego anterior constituyen antecedentes que justifican prestar especial atención a la nueva contratación.
Con la apertura prevista para el 19 de noviembre, ARSAT tendrá una nueva oportunidad de mostrar cómo selecciona a las empresas encargadas de proteger sus instalaciones y qué herramientas utiliza para controlar el cumplimiento de esos contratos.
La pregunta de fondo es si los mecanismos actuales resultan suficientes para evitar que vuelvan a producirse fallas como las que dieron origen a una de las investigaciones judiciales más delicadas que atravesó la compañía.
