Juicio político en Estados Unidos: qué es, cómo funciona y qué presidentes lo enfrentaron

El juicio político (impeachment) es uno de los mecanismos de control institucional más importantes del sistema político de Estados Unidos. Previsto en la Constitución de 1787, permite al Congreso investigar, acusar y eventualmente destituir a los principales funcionarios federales, incluido el presidente.

Su funcionamiento está dividido entre las dos cámaras legislativas: la Cámara de Representantes formula los cargos y el Senado tiene la responsabilidad de juzgarlos. A diferencia de un proceso penal ordinario, se trata de un procedimiento de naturaleza constitucional y política. Su objetivo es determinar si un funcionario incurrió en conductas incompatibles con el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

¿Qué es el juicio político en Estados Unidos?

La Constitución estadounidense establece que el presidente, el vicepresidente y los funcionarios civiles federales pueden ser sometidos a juicio político por traición, soborno u otros delitos graves y faltas (high Crimes and Misdemeanors).

Esta última expresión no tiene una definición cerrada en el texto constitucional y su interpretación ha generado debates políticos y jurídicos a lo largo de la historia del país. Por eso, el procedimiento no se limita necesariamente a la comisión de un delito penal tipificado: también puede comprender abusos de poder y otras conductas consideradas incompatibles con las obligaciones del cargo.

El mecanismo se divide en dos etapas institucionales:

• La Cámara de Representantes: tiene la facultad exclusiva de formular los cargos, mediante la aprobación de los denominados artículos de juicio político. Para avanzar se necesita una mayoría simple de los miembros presentes, siempre que exista quórum.
• El Senado: tiene la responsabilidad exclusiva de juzgar al funcionario acusado. Durante el procedimiento se examinan los cargos y las pruebas. Para declarar culpable al acusado y disponer su destitución se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes. Cuando el acusado es el presidente, el juicio es presidido por el titular de la Corte Suprema.

La aprobación de los artículos de juicio político por parte de Diputados no significa que el funcionario ya haya sido destituido. La remoción solamente se produce si el Senado alcanza la mayoría constitucional requerida.

¿Qué presidentes enfrentaron el impeachment?

En la historia estadounidense, tres presidentes fueron sometidos formalmente al procedimiento: Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump. Este último tiene un antecedente singular, ya que fue acusado en dos oportunidades durante su primer mandato.

Andrew Johnson (1868): fue el primer presidente estadounidense sometido a un juicio político. El conflicto con el Congreso se profundizó durante la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil, especialmente por sus diferencias sobre el futuro de los antiguos estados confederados. La decisión de remover al secretario de Guerra, Edwin Stanton, en medio de una disputa por la autoridad presidencial y la legislación vigente, desencadenó el proceso. El Senado lo absolvió por un voto: la votación decisiva terminó 35 a 19, cuando necesitaba 36 votos para condenarlo.

Bill Clinton (1998-1999): fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia en el marco de la investigación vinculada con su relación con Monica Lewinsky, entonces pasante de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes aprobó los artículos de juicio político en diciembre de 1998. En febrero de 1999, el Senado lo absolvió de ambos cargos, al no alcanzarse los dos tercios necesarios para condenarlo.

Donald Trump (2019-2021): es el único presidente estadounidense que enfrentó dos procesos de juicio político. En el primero, iniciado en 2019, fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, a raíz de sus presiones al Gobierno de Ucrania para que investigara al entonces exvicepresidente Joe Biden y a su hijo. El Senado lo absolvió en febrero de 2020. En el segundo procedimiento, iniciado en enero de 2021, la Cámara de Representantes lo acusó de incitación a la insurrección por su actuación previa al asalto al Capitolio del 6 de enero. El Senado volvió a absolverlo en febrero de ese año, con 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, siete votos por debajo de los dos tercios requeridos.

El caso de Richard Nixon: la renuncia antes de la votación

El escándalo Watergate constituye uno de los episodios más importantes de la historia política estadounidense y suele aparecer asociado al juicio político. Sin embargo, Richard Nixon nunca fue formalmente acusado por el pleno de la Cámara de Representantes ni llegó a enfrentar un juicio en el Senado.

En 1974, la Comisión Judicial de la Cámara Baja aprobó tres artículos de juicio político contra el presidente, vinculados con la obstrucción de la justicia, el abuso de poder y el desacato al Congreso. La investigación había profundizado la crisis política provocada por el espionaje en las oficinas del Partido Demócrata y los intentos de encubrimiento desde el entorno presidencial.

Ante la pérdida de respaldo político y la perspectiva de que la Cámara de Representantes aprobara los cargos, Nixon anunció su renuncia el 8 de agosto de 1974, que se hizo efectiva al día siguiente. De esta manera, Gerald Ford asumió la presidencia y el procedimiento contra Nixon no llegó a una votación en el pleno de Diputados.

Un mecanismo de control que nunca destituyó a un presidente

El juicio político forma parte del sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) diseñado por los fundadores de Estados Unidos para impedir la concentración del poder. Su funcionamiento exige la intervención de ambas cámaras y establece un umbral elevado para remover a un funcionario elegido o designado por los mecanismos constitucionales.

Aunque tres presidentes fueron formalmente acusados, ninguno terminó destituido por esta vía. La historia de Johnson, Clinton y Trump demuestra que superar la instancia de la Cámara de Representantes no garantiza una condena en el Senado.

La sanción constitucional puede incluir la destitución y, mediante una decisión adicional del Senado, la inhabilitación para ejercer futuros cargos federales. Esto no impide que el funcionario pueda enfrentar, por separado, eventuales responsabilidades penales ante los tribunales ordinarios.