La relación entre la Argentina y Estados Unidos atravesó uno de sus períodos más conflictivos entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del gobierno de Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955. No hubo una única decisión que definiera ese enfrentamiento, sino una sucesión de medidas diplomáticas, comerciales y financieras que condicionaron las posibilidades argentinas de comerciar, acceder a tecnología y desarrollar su industria.
El Congreso estadounidense tuvo un papel dentro de ese escenario, pero no fue el único protagonista. Las decisiones también involucraron al Departamento de Estado, organismos ejecutivos y entidades financieras de Washington. La tensión se extendió durante años y tuvo como trasfondo las diferencias entre dos modelos económicos, además de la posición internacional que había adoptado la Argentina.
Las diferencias comenzaron antes de la llegada de Perón a la presidencia. Entre 1942 y 1949, Estados Unidos mantuvo una política de presión sobre la Argentina por su neutralidad durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Washington consideraba que la posición de Buenos Aires perjudicaba la unidad hemisférica frente a las potencias del Eje y aplicó medidas que afectaron sus relaciones comerciales y financieras.
Las restricciones alcanzaron el abastecimiento de insumos estratégicos, maquinaria y equipamiento vinculados con la industria y la defensa. También hubo presiones diplomáticas sobre otros países para limitar sus intercambios con la Argentina. El objetivo estadounidense era reducir la capacidad de maniobra de un gobierno al que consideraba poco confiable en el escenario internacional.

El historiador Carlos Escudé estudió esas restricciones y documentó los esfuerzos de Washington para limitar el comercio argentino, incluso procurando que Gran Bretaña redujera sus intercambios con Buenos Aires. Otras investigaciones analizaron las consecuencias de las sanciones sobre el desarrollo del complejo militar-industrial argentino.
La llegada de Perón al poder no eliminó esas diferencias. Por el contrario, varias de las tensiones heredadas de la guerra se trasladaron a la etapa de posguerra, cuando el gobierno argentino buscaba consolidar su autonomía económica y avanzar con un programa de industrialización.
Uno de los principales escenarios de conflicto fue el Plan Marshall, el programa de asistencia económica impulsado por Estados Unidos para contribuir a la reconstrucción europea después de la guerra. La administración de los fondos quedó a cargo de la Economic Cooperation Administration (ECA), organismo que intervenía en la financiación de las compras realizadas por los países beneficiarios.
La Argentina esperaba que la recuperación europea abriera un mercado importante para sus exportaciones agropecuarias. Sin embargo, las compras financiadas por el programa no se tradujeron en el volumen de operaciones que esperaba el gobierno de Perón. La disponibilidad de productos estadounidenses y canadienses, los precios y las condiciones impuestas por la ECA limitaron las oportunidades comerciales argentinas.

En junio de 1948, la revista Time reflejó públicamente la posición de la ECA: el organismo sostenía que podía abastecer a Europa sin necesidad de comprar trigo argentino y que Buenos Aires debía competir por esos mercados bajo las condiciones establecidas por Washington.
La cuestión llegó también al interior del propio Departamento de Estado. Un memorando del 25 de enero de 1949, elaborado por Howard Tewksbury, se refirió expresamente a la discriminación de la ECA contra la Argentina. El documento reconoció que había existido una discriminación deliberada y señaló que, según la información disponible, esa práctica había cesado. También indicó que las autoridades estadounidenses debían vigilar para evitar nuevas exclusiones.
Ese registro permite precisar el alcance del conflicto: no existió una prohibición absoluta que impidiera comprar alimentos argentinos con fondos del Plan Marshall, pero sí hubo decisiones y prácticas administrativas que perjudicaron la participación del país en determinadas operaciones.
Las tensiones también estuvieron relacionadas con el modelo económico argentino. El gobierno de Perón había fortalecido la intervención estatal en el comercio exterior mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que concentraba buena parte de las operaciones de compra y venta de productos agropecuarios.
Ese esquema permitía al Estado administrar los ingresos provenientes de las exportaciones y orientar recursos hacia la industrialización, el mercado interno y las políticas sociales. Para los intereses comerciales estadounidenses, en cambio, la intervención estatal y las restricciones a la actividad privada representaban obstáculos para sus empresas.

La disputa no se limitaba a una diferencia ideológica. También involucraba el acceso a mercados, la disponibilidad de divisas, las condiciones para las inversiones extranjeras y el control de sectores considerados estratégicos. En ese marco, las decisiones comerciales de Washington podían tener consecuencias concretas sobre la economía argentina.
La relación bilateral no permaneció congelada durante todo el período. En 1950, la Argentina y el Export-Import Bank de Estados Unidos acordaron una línea de crédito de hasta 125 millones de dólares, destinada principalmente a cancelar obligaciones comerciales argentinas pendientes con acreedores estadounidenses.
La documentación oficial del Departamento de Estado muestra que el financiamiento fue discutido durante los primeros meses de ese año y que contemplaba intereses del 3,5% anual, con un esquema de devolución a diez años. El acuerdo constituyó una señal de acercamiento económico después de varios años de dificultades.
Sin embargo, el crédito no significó el fin de las diferencias. Las negociaciones continuaron atravesadas por los problemas de pagos, las inversiones estadounidenses y las condiciones para financiar proyectos industriales. La relación combinaba, así, momentos de cooperación con desacuerdos persistentes.
En 1953, el gobierno de Perón también buscó ampliar sus vínculos comerciales con otros países, incluida la Unión Soviética. Ese acercamiento formaba parte de una estrategia para diversificar proveedores de combustibles, maquinaria y equipamiento, en un contexto en el que la disponibilidad de divisas y las necesidades industriales condicionaban las decisiones económicas.
Hacia el final del primer peronismo, la cuestión petrolera se convirtió en otro punto central de la relación con Estados Unidos. En abril de 1955, el gobierno argentino firmó un acuerdo con la compañía estadounidense Standard Oil of California para la exploración y explotación de hidrocarburos, sujeto a la aprobación del Congreso argentino.
La iniciativa generó una fuerte controversia política dentro del país. Sus defensores sostenían que la inversión extranjera podía contribuir a aumentar la producción y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles. Sus detractores cuestionaban las condiciones del acuerdo y advertían sobre sus consecuencias para la soberanía energética.
Los documentos diplomáticos estadounidenses de junio de 1955 registran las gestiones vinculadas con la aprobación legislativa del convenio y las conversaciones entre funcionarios argentinos y representantes de Washington. El proyecto, sin embargo, no llegó a consolidarse: el golpe de Estado de septiembre de ese año puso fin al gobierno de Perón y alteró el escenario político en el que debía discutirse.