Legislatura
03/11/2026 - Edición Nº1365
Política
Calzado
De 40 empleados a cerrar la fábrica: qué emergencia por 12 meses avanza en PBA
03/11/2026 | Incluye exenciones impositivas, facilidades para regularizar deudas y protección frente a los cortes de servicios.
La Cámpora va por la emergencia en el sector del calzado.
La iniciativa del diputado provincial de La Cámpora Facundo Tignanelli obtuvo aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense y busca declarar la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado por 12 meses.
Propone exenciones impositivas, facilidades para regularizar deudas, protección frente a los cortes de servicios y líneas de financiamiento para las fábricas.
Mientras tanto, otro proyecto de características similares, presentado por la diputada nacional de La Cámpora Luciana Potenza en el Congreso, plantea un esquema de protección más amplio, con cambios en los aranceles de importación y beneficios impositivos nacionales.
Sin embargo, su tratamiento no tendría, por el momento, perspectivas de avanzar con rapidez en la Cámara de Diputados de la Nación. En ese escenario, la iniciativa bonaerense consiguió dar un primer paso legislativo.
Facundo Tignanelli, autor del proyecto
El proyecto de Tignanelli avanzó en la Comisión de Trabajo
El expediente presentado por el diputado provincial Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja bonaerense, fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Trabajo.
La propuesta apunta a declarar la Emergencia Económica, Productiva y Laboral de la Industria del Calzado en la provincia de Buenos Aires por un período inicial de 12 meses. El Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de extenderla por otros 12 meses si continúan las circunstancias que justificaron su implementación.
La discusión legislativa estuvo acompañada por representantes del sector, que participaron de manera virtual y expusieron las dificultades que atraviesan las empresas fabricantes.
Uno de los testimonios fue el de Natalia Fiscella, de la fábrica de calzados Gambitas, quien describió el deterioro de la actividad y el impacto sobre el empleo: "Es el peor escenario en toda la historia del país. Estamos, según el índice, un 20 por ciento abajo".
La empresaria relató que su fábrica terminó cerrando después de reducir progresivamente su plantilla. "Teníamos 40 empleados, fuimos reduciendo personal hasta llegar a ocho empleados y después a cero", explicó. También detalló la caída de la producción: de fabricar 2.200 pares diarios hasta 2024, pasó a producir 700 y luego apenas 150 pares tres veces por semana, hasta llegar a la paralización total.
Por su parte, Gonzalo Cruz, de la firma Blue Duck, identificó tres factores centrales detrás de la crisis: "La falta de consumo, seguido del contrabando y por último las importaciones y plataformas como Shein y Temu". También advirtió sobre el incremento de las tarifas de los servicios públicos: "Es una situación muy difícil, ya es la subsistencia diaria".
Qué empresas podrían acceder a la emergencia
El proyecto establece que podrán acceder a los beneficios las personas humanas o jurídicas que tengan al menos un establecimiento productivo radicado en territorio bonaerense y desarrollen actividades vinculadas con la cadena de producción del calzado.
El alcance no se limita a las fábricas que producen el producto terminado. También contempla a quienes realizan tareas de corte, aparado, costura, armado y terminación, además de fabricantes de suelas, plantillas, tacos, capelladas, materias primas, cueros, textiles, accesorios y otros insumos destinados directamente a esa industria.
En cambio, la importación de productos terminados no permitirá acceder a las ventajas previstas.
Además, las empresas deberán mantener la cantidad de trabajadores registrados que tengan al momento de entrada en vigencia de la eventual ley y acreditar que desarrollan efectivamente alguna de las actividades alcanzadas.
El texto contempla excepciones para las reducciones de personal originadas en renuncias, jubilaciones, fallecimientos, incapacidades, despidos con justa causa u otras circunstancias que no sean imputables al empleador.
Exenciones de Ingresos Brutos e Inmobiliario
Uno de los principales instrumentos propuestos es una exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los ingresos provenientes de actividades de fabricación de calzado desarrolladas en establecimientos radicados en la provincia.
El beneficio también alcanzaría a las empresas que fabriquen materias primas, partes, componentes, insumos y accesorios destinados directamente a establecimientos bonaerenses dedicados a la producción de calzado.
La iniciativa busca, de esta manera, contemplar a distintos eslabones de la cadena productiva y evitar que el alivio tributario quede limitado a las fábricas que elaboran el producto final.
También establece una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario para los inmuebles afectados principalmente al funcionamiento de los establecimientos productivos. Si el inmueble no pertenece a la empresa, el beneficio podrá aplicarse cuando el pago del tributo esté contractualmente a su cargo.
Los ingresos provenientes de la mera importación, intermediación, distribución o comercialización de productos que no hayan sido fabricados en establecimientos bonaerenses quedarán excluidos de las exenciones.
Qué pasaría con las deudas y los servicios públicos
Otro capítulo importante está relacionado con las obligaciones tributarias acumuladas por las empresas.
El proyecto encomienda a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la creación de un régimen especial de regularización de deudas provinciales. Deberá contemplar facilidades de pago, reducción de intereses y multas y condiciones acordes con la situación de emergencia.
Además, mientras los contribuyentes estén adheridos al régimen y cumplan regularmente con sus obligaciones, no podrán iniciarse ejecuciones fiscales por las deudas incorporadas al plan.
La propuesta también apunta a evitar que las dificultades financieras terminen provocando la interrupción de la actividad industrial por falta de servicios esenciales.
Durante la emergencia, los prestadores de servicios públicos sujetos a jurisdicción provincial no podrán suspender ni cortar el suministro por falta de pago a los establecimientos alcanzados. A cambio, deberán ofrecer planes especiales de regularización y facilidades para cancelar las obligaciones pendientes.
La restricción no alcanzará a las interrupciones motivadas por razones de seguridad, emergencias técnicas u otras causas ajenas a la falta de pago.
Financiamiento, empleo y prioridad para la producción bonaerense
La iniciativa de Tignanelli incorpora otras herramientas para intentar sostener la actividad y recuperar capacidad productiva.
Por un lado, faculta al Poder Ejecutivo a implementar medidas de promoción para las empresas que incrementen la cantidad de trabajadores registrados. Entre las alternativas previstas aparecen la asistencia económica, los subsidios de tasa y la prioridad para acceder a programas provinciales de promoción productiva y laboral.
También contempla la posibilidad de instrumentar, a través de organismos provinciales y del Banco Provincia, líneas especiales de financiamiento destinadas a capital de trabajo, compra de bienes de capital, incorporación de tecnología y ampliación de la capacidad productiva.
En materia de compras públicas, por su parte, establece que las contrataciones del sector público provincial destinadas a adquirir calzado deberán otorgar preferencia a los productos fabricados en establecimientos radicados en Buenos Aires.
La Matanza, el principal polo productivo del sector
Entre los fundamentos de la iniciativa, Tignanelli pone especial atención en el peso de la industria del calzado en La Matanza, distrito que concentra, según los datos incorporados al proyecto, más del 50% de las industrias del sector del país.
Localidades como Lomas del Mirador, San Justo, Ramos Mejía y La Tablada concentran una parte importante de esa actividad, que también se distribuye en otros puntos del municipio.
El legislador sostiene que durante el segundo semestre de 2025 la producción del sector en La Matanza cayó un 48% respecto del mismo período de 2024. En materia laboral, señala que desde noviembre de 2023 se perdieron 4.859 puestos de trabajo, una reducción del 27%.
Además, cita estimaciones de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), que contabilizó 7.000 empleos perdidos durante la primera parte del año.
En los fundamentos también se cuestiona la reducción de los derechos de importación para determinados productos de calzado, dispuesta por el Gobierno nacional en marzo de 2025 mediante el Decreto 236, que llevó los aranceles del 35% al 20%.
