por Redacción NewsDigitales
El abogado penalista Marcos Juárez, con 30 años de experiencia en causas criminales, visitó El Living de NewsDigitales, donde mantuvo una extensa conversación con Aldana San José. Durante la entrevista, abordó el funcionamiento del crimen organizado, la corrupción política, el narcotráfico internacional y los mecanismos utilizados para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas.
El especialista, que participó como defensor en una investigación vinculada con la denominada Ruta del Dinero K, también cuestionó la influencia de los gobiernos sobre el Poder Judicial. Además, compartió experiencias relacionadas con organizaciones narcocriminales, sindicatos, explotación laboral y una tragedia ferroviaria que, según confesó, cambió profundamente su manera de entender la profesión.
Juárez explicó que las organizaciones criminales funcionan mediante estructuras permanentes, con responsables que imparten órdenes, financistas y personas encargadas de ejecutar diferentes tareas. Según detalló, la complejidad de estas investigaciones radica en identificar a todos los participantes y reconstruir los movimientos económicos que permiten sostener las actividades delictivas.

Al elaborar un ranking de los delitos complejos más preocupantes del país, colocó a la corrupción en primer lugar. “La corrupción en la Argentina está en el top uno”, afirmó, y agregó que se trata de un fenómeno que involucra a numerosos actores dentro de las estructuras estatales. “La corrupción a nivel estatal funciona desde abajo hacia arriba”, sostuvo.
En segundo lugar ubicó al narcotráfico, al que describió como una actividad cada vez más sofisticada. “El narcotráfico se ha adueñado de la Argentina”, aseguró, y advirtió que algunas organizaciones utilizan menores de edad como sicarios. Finalmente, mencionó la trata de personas, especialmente la explotación laboral infantil que, según relató, continúa presente en diferentes regiones del interior.
Durante la entrevista, el abogado recordó su participación como defensor de un empresario en una causa relacionada con el emprendimiento El Entrevero, ubicado en Uruguay y vinculado con la denominada Ruta del Dinero K. Explicó que aquella investigación presentó particularidades jurídicas debido a la intervención de tribunales de diferentes países sobre hechos relacionados.
“Fue la primera vez que vi que en dos jurisdicciones totalmente distintas, dos países distintos, se investigara el mismo hecho con la misma prueba”, expresó. Según su explicación, mientras en Argentina se juzgaba la responsabilidad de personas físicas, en Uruguay se avanzaba sobre bienes relacionados con la investigación.

Juárez calificó aquella situación como “polémica” y “discutible” desde el punto de vista jurídico. También recordó el principio que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho y sostuvo que los delitos transnacionales plantean desafíos cada vez mayores para los sistemas judiciales.
Uno de los momentos más contundentes de la conversación llegó cuando Aldana San José le preguntó si consideraba que la Justicia también podía formar parte de los entramados de corrupción. Juárez respondió que existen magistrados honestos y preparados, pero reconoció que el sistema judicial no está completamente apartado de las prácticas irregulares.
“Si vos me preguntás en la Argentina si hay jueces corruptos, sí, te tengo que responder que sí”, afirmó. Sin embargo, aclaró que también existen profesionales que respetan las garantías constitucionales y desempeñan sus funciones con independencia, incluso en investigaciones de enorme repercusión pública.

El abogado manifestó especial preocupación por lo que considera una creciente influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones judiciales. “Desgraciadamente, en los últimos años la Justicia se ha quedado bajo el ala del Poder Ejecutivo”, sostuvo. Además, aseguró que determinadas investigaciones adquieren impulso cuando cambia el gobierno: “Cambia la bandera política y automáticamente esa causa se va a reactivar”.
Juárez también analizó las motivaciones económicas que, según su experiencia, explican la persistencia de hechos de corrupción dentro del Estado. Durante la entrevista, sostuvo que los recursos obtenidos mediante maniobras ilícitas pueden convertirse en herramientas para conservar posiciones de poder y construir relaciones de influencia.
“El dinero compra poder, el dinero compra influencias, el dinero compra votos”, expresó. En ese sentido, cuestionó presuntas irregularidades en contrataciones estatales y denunció situaciones en las que determinadas obras públicas son presupuestadas reiteradamente sin llegar a completarse.

“En la Argentina licitan tres veces la misma obra y cobran tres veces la misma obra, que en definitiva al final no se termina haciendo”, afirmó. El especialista también sostuvo que parte de esos fondos puede terminar fuera del país mediante operaciones financieras y estructuras empresariales utilizadas para ocultar su procedencia.
Al abordar el lavado de activos, Juárez mencionó diferentes destinos internacionales que, según su experiencia profesional, aparecen vinculados con investigaciones sobre movimientos de fondos de origen ilícito. Entre ellos destacó Miami, Paraguay y Dubái, y recordó que históricamente también se utilizaron cuentas bancarias en Uruguay y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
“Dubái es uno de los destinos hoy preferidos, a nivel internacional”, aseguró. El abogado sostuvo que las operaciones inmobiliarias y las inversiones en propiedades rurales pueden utilizarse para intentar incorporar dinero ilegal al circuito económico formal, especialmente cuando existen dificultades para controlar las declaraciones patrimoniales.
También advirtió sobre el desafío que representan las criptomonedas para los investigadores. “Es más fácil tener en una billetera virtual millones de dólares”, afirmó, y relató que interviene en una causa por una presunta estafa millonaria en la que resulta difícil acceder a los activos digitales. Según explicó, incluso cuando se identifica una billetera, obtener sus claves puede convertirse en un obstáculo decisivo.
Otro de los pasajes más polémicos se produjo cuando la conductora le preguntó qué sectores consideraba más expuestos a prácticas corruptas. Juárez señaló que, desde su experiencia como defensor en causas relacionadas con dirigentes sindicales, determinadas estructuras gremiales pueden facilitar la concentración de poder y los mecanismos de presión interna.
“Yo creo que el gremio se presta con mayor facilidad a la corrupción”, sostuvo, aunque aclaró que no estaba afirmando que todos los sindicalistas fueran más corruptos que otros actores. Según relató, en algunas investigaciones aparecieron testimonios de trabajadores que denunciaban amenazas relacionadas con la continuidad laboral y las elecciones internas.
“Hay una mafia del voto, hay una mafia del manejo de eso”, aseguró. El abogado también cuestionó los vínculos políticos entre determinados dirigentes gremiales y funcionarios, y sostuvo que el respaldo electoral de los afiliados puede convertirse en una herramienta de negociación con los gobiernos.
Juárez dedicó parte de la entrevista a denunciar situaciones de explotación laboral que, según afirmó, todavía pueden observarse en diferentes provincias argentinas. Mencionó actividades rurales, hornos de ladrillos y establecimientos donde trabajan menores de edad en condiciones que consideró incompatibles con sus derechos.
Como ejemplo, recordó que durante una visita a un campo conoció a un niño que manejaba un tractor y que había sufrido una lesión. Según su relato, denunció aquella situación para que intervinieran las autoridades. “Ese chico de 11 años tiene que estar en una escuela estudiando y no manejando un tractor en un campo 12 horas al rayo del sol”, expresó.
El abogado atribuyó estas situaciones a la falta de fiscalización y cuestionó las prioridades estatales. “Hay lugares de la Argentina que parecen tierra de nadie. Hay lugares de la Argentina que parecen abandonados”, sostuvo, y reclamó mayores controles para proteger a las personas vulnerables.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Juárez recordó su participación en la causa por la tragedia de las monjitas, un accidente ferroviario en el que murieron niñas y adultos tras el choque entre un colectivo y un tren. El abogado explicó que defendió a la propietaria de la empresa de transporte y que consiguió su absolución, aunque reconoció que el proceso lo afectó profundamente.
“Una causa sí me cambió la percepción y me afectó mucho a nivel personal”, confesó. También relató que familiares de las víctimas le acercaron un libro con dibujos realizados por las niñas antes del viaje, en los que creyó identificar coincidencias con circunstancias del accidente. “Después de que logré la absolución de mi clienta, salí llorando”, recordó.
Durante su relato cuestionó presuntas irregularidades en el mantenimiento ferroviario, las condiciones de seguridad del paso a nivel y las responsabilidades de los organismos de control. “Tiene que pasar una tragedia para que se cumpla con la ley”, afirmó, al señalar que las obligaciones de seguridad ya estaban establecidas antes del accidente.
En el cierre de la entrevista, Juárez aseguró que continúa confiando en la Justicia como institución, aunque manifestó su preocupación por la pérdida de independencia de jueces y fiscales. Según explicó, las presiones políticas y las designaciones vinculadas con los gobiernos pueden afectar el funcionamiento de los tribunales y debilitar la confianza de la sociedad.
“Desgraciadamente cada vez se va politizando más la Justicia”, sostuvo. También cuestionó las reformas penales impulsadas como respuesta inmediata a hechos de gran repercusión pública y reclamó modificaciones integrales del Código Penal. “Si va a hacer una reforma, esa reforma tiene que ser integral y tiene que ser coherente”, afirmó.
Finalmente, consideró que Argentina necesita reglas claras, mayor seguridad jurídica y controles efectivos para combatir los delitos complejos. A pesar de sus cuestionamientos, reafirmó su compromiso con la profesión y destacó que su trabajo, tanto en la defensa como en la acusación, busca garantizar el respeto de la ley y la protección de los derechos constitucionales.