La paralización de al menos 690 fábricas de ropa dejó este lunes sin actividad a establecimientos que emplean a más de 1,7 millones de personas en Bangladesh. La cifra, difundida por las dos principales asociaciones del sector, refleja el alcance de una protesta que comenzó el sábado y que volvió a complicar la reapertura de plantas en Daca y los cinturones industriales cercanos.
Los trabajadores reclaman llevar el salario mínimo mensual de 12.500 a 30.000 takas, equivalentes a unos USD 101 y USD 243, respectivamente. El salto solicitado es del 140%, pero la discusión también incluye despidos, listas negras y libertades sindicales. En Narayanganj, manifestantes pidieron además un sistema de raciones y el cumplimiento de las leyes laborales.
Para entender la magnitud del conflicto alcanza con seguir la evolución de ese ingreso: el piso pasó de 8.000 takas en 2018 a 12.500 en 2023. El aumento de entonces fue del 56%, muy inferior al ajuste que ahora exigen los gremios. Alimentación, alquiler, transporte y atención médica figuran entre los gastos que, según los trabajadores, erosionaron su capacidad de compra.

Las protestas incluyeron cortes de rutas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos. Según los empresarios, entre 20 y 25 fábricas sufrieron daños, mientras que parte de las plantas suspendió la producción de manera preventiva, ante el temor de ataques. Las interrupciones alcanzaron a Gazipur, Ashulia, Mirpur y Narayanganj, algunas de las principales zonas manufactureras.
La crisis trasciende las fronteras porque el país fabrica prendas para cadenas como H&M, Zara, Primark y Walmart. Es el segundo exportador mundial de indumentaria, detrás de China. Durante el año fiscal 2025-2026, el sector vendió al exterior US$38.701 millones y representó el 80,62% de las exportaciones de bienes del país, según los registros empresariales.

El calendario también importa: las fábricas preparan pedidos para las colecciones de primavera y verano en los mercados de destino. Una cadena de cierres puede demorar entregas y afectar contratos. Los fabricantes alegan márgenes reducidos, mayores costos de energía y debilidad de la demanda. El dirigente sindical Babul Akhter planteó que las compañías deben negociar mejores precios con sus compradores internacionales antes de trasladar toda la presión a los sueldos.
El Gobierno constituyó el domingo una comisión salarial de seis integrantes con representantes de empleados, empresarios y un miembro independiente. El lunes, el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, se reunió con dirigentes fabriles para abordar los disturbios. Akhter pidió a los manifestantes volver al trabajo, pero también reclamó liberar a detenidos y retirar causas que los sindicatos consideran injustificadas.
@salahuddin.ahmedbnp কোনো শ্রমিক বা শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারে না। সালাহউদ্দিন আহমদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী #বিএনপি #BNP #SalahuddinAhmed #সালাউদ্দিনআহমদ #এডমিনপোস্ট ♬ A powerful dramatic Hollywood trailer - Ryo Furukawa
La reforma de la legislación laboral acortó de cinco a tres años el período entre revisiones y la escala actual vence el 26 de diciembre. Los delegados reclaman que cualquier aumento se cobre con los salarios de enero de 2027 y que la comisión se reúna sin largas pausas. Todavía no hay una nueva cifra acordada: esa definición, y la capacidad de reabrir las plantas, serán los próximos indicadores de la crisis.