La relación entre Javier Milei y Donald Trump está atravesada por acuerdos comerciales, compromisos de inversión y una agenda de cooperación en defensa.
Sin embargo, un eventual cambio en la composición del Congreso estadounidense podría modificar el margen de maniobra de la Casa Blanca y condicionar la profundización de la alianza bilateral.
El impacto no sería igual en todos los sectores. Mientras que Trump conserva facultades para modificar aranceles, ampliar cuotas de importación y avanzar en determinadas medidas de cooperación militar, el financiamiento de proyectos estratégicos, la aprobación de nuevos tratados comerciales y las partidas destinadas a defensa dependen, en mayor o menor medida, del Capitolio.

El 5 de febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), anunciado inicialmente en noviembre de 2025. El instrumento estableció un marco para reducir barreras comerciales, facilitar inversiones y profundizar la integración económica entre ambos países.
El pacto no constituye un Tratado de Libre Comercio (TLC) integral, sino un acuerdo de alcance más acotado, diseñado para avanzar sobre sectores específicos mediante herramientas que, en buena medida, se encuentran bajo la órbita de los poderes ejecutivos.
Entre sus principales compromisos, Estados Unidos estableció la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos, con una recuperación estimada de exportaciones por US$ 1.013 millones. También amplió el acceso preferencial de la carne vacuna argentina a su mercado, con una cuota de 100.000 toneladas anuales, frente a las 20.000 toneladas previas.
La ampliación representa un adicional de 80.000 toneladas para 2026 y, según las estimaciones oficiales, podría incrementar cerca de US$ 800 millones las exportaciones argentinas de carne.
El acuerdo también contempla cuotas para productos como almendras, pistachos, vino, papas y golosinas, además de compromisos para revisar los aranceles al acero y al aluminio.
Argentina, por su parte, acordó eliminar aranceles para 221 posiciones arancelarias y reducir al 2% otras 20, principalmente vinculadas con autopartes. También asumió compromisos para simplificar registros sanitarios y aduaneros, facilitar el reconocimiento de estándares internacionales y promover inversiones estadounidenses en sectores estratégicos, como los minerales críticos y el litio.
La cuestión central es que un eventual cambio en el Congreso estadounidense no necesariamente implicaría la caída automática de estos compromisos.

La Constitución de Estados Unidos establece un sistema de división de poderes en el que el presidente cuenta con atribuciones relevantes en materia de política comercial, particularmente cuando se trata de facultades delegadas previamente por el Legislativo.
Uno de los instrumentos más importantes es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite al Ejecutivo imponer restricciones comerciales por razones de seguridad nacional.
Esta herramienta fue utilizada por Trump para establecer aranceles sobre productos como el acero y el aluminio. También le permite revisar determinadas excepciones o condiciones comerciales, aunque las decisiones pueden quedar sujetas a procedimientos administrativos y controversias judiciales.
En el caso argentino, la Casa Blanca conserva margen para modificar el tratamiento arancelario de determinados productos, revisar cuotas específicas y ordenar a sus agencias la evaluación de requisitos sanitarios y fitosanitarios.
La ampliación del acceso de la carne vacuna argentina es un ejemplo de esa capacidad de decisión ejecutiva. La medida se instrumentó mediante una decisión de la administración Trump, sin necesidad de una votación legislativa específica.
Sin embargo, ese margen no es ilimitado. Las facultades delegadas están sujetas a las leyes vigentes, los procedimientos administrativos y las eventuales impugnaciones judiciales. Además, un Congreso opositor puede ejercer presión política y fiscalizar las decisiones del Ejecutivo.

La situación sería diferente si Milei y Trump buscaran avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio de alcance general.
Un acuerdo de esa magnitud, que implique compromisos comerciales y modificaciones legislativas estructurales, requiere la intervención del Congreso estadounidense. El presidente puede negociar sus términos, pero no tiene facultades para reemplazar por decreto la aprobación parlamentaria que corresponda.
En ese escenario, una mayoría opositora podría bloquear la iniciativa o exigir modificaciones sustanciales.
Las resistencias podrían provenir, por ejemplo, de sectores industriales y agrícolas estadounidenses que consideren que una mayor apertura comercial perjudica sus intereses. La carne vacuna, los minerales y otros productos argentinos podrían quedar bajo la lupa de legisladores que respondan a productores locales.
Uno de los principales objetivos del Gobierno de Milei es transformar el acercamiento político con Trump en inversiones y financiamiento para proyectos estratégicos.
El acuerdo contempla la participación de organismos estadounidenses como el Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), que podrían respaldar inversiones privadas en infraestructura, energía y minería.
Sin embargo, el funcionamiento de estas agencias no depende exclusivamente de la Casa Blanca. El Congreso tiene atribuciones sobre sus presupuestos, sus marcos legales y determinados nombramientos.
Un cambio en la composición parlamentaria podría traducirse en mayores controles, demoras o restricciones presupuestarias para algunos proyectos vinculados con Argentina.

El Fondo Monetario Internacional representa otro capítulo de la relación financiera entre ambos países.
Estados Unidos es el principal accionista del organismo y su representación en el directorio ejecutivo es gestionada por el Departamento del Tesoro. El Congreso estadounidense no vota individualmente cada desembolso de los programas del FMI.
Por lo tanto, el respaldo de la administración Trump a los programas de financiamiento de Argentina puede canalizarse a través de decisiones gubernamentales y de la representación estadounidense en el organismo.
Un Congreso opositor podría aumentar la presión política sobre el Tesoro, pero no tendría un mecanismo directo para bloquear cada desembolso del FMI mediante una votación específica.
En cambio, una asistencia financiera bilateral extraordinaria, por fuera de los mecanismos ordinarios, podría requerir autorización presupuestaria del Capitolio.
La cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos también se encuentra atravesada por la división de competencias.
Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente estadounidense tiene atribuciones para ordenar ejercicios conjuntos, coordinar entrenamientos y profundizar la cooperación operativa con otros países.
En ese marco se inscriben las actividades con el Comando Sur, los ejercicios militares y la cooperación en inteligencia marítima.
Estas iniciativas no requieren, en términos generales, una aprobación legislativa individual para cada operación. Sin embargo, están sujetas a las leyes vigentes, las autorizaciones presupuestarias y los límites establecidos por el Congreso sobre el uso de las Fuerzas Armadas.
La situación cambia cuando se trata de financiamiento militar de gran escala. La designación de Argentina como Aliado Importante Extra-OTAN (MNNA), por ejemplo, puede tramitarse mediante mecanismos ejecutivos. Ese estatus habilita determinados beneficios, pero no equivale a una garantía automática de financiamiento ni a una alianza militar formal.
Las transferencias de equipamiento militar excedente también cuentan con procedimientos específicos. En cambio, los programas de financiamiento militar extranjero (FMF) dependen de las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
Un Capitolio opositor podría, por lo tanto, limitar los recursos disponibles para ampliar la cooperación militar con Buenos Aires, aunque no necesariamente impediría los ejercicios conjuntos o las actividades de coordinación ya autorizadas.