Rumbo a las elecciones
03/11/2026 - Edición Nº1365
Judiciales
Errores en los registros
California: la Corte Suprema rechazó separar unos 20 mil votos por correo
03/11/2026 | El máximo tribunal desestimó un pedido urgente del gobierno estadounidense para separar boletas de electores cuya ciudadanía había sido cuestionada.
por Redacción NewsDigitales
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la administración de Donald Trump para impedir que California contabilice, sin una verificación adicional, los votos por correo de unas 20 mil personas cuya ciudadanía fue puesta en duda por el gobierno federal. La decisión, adoptada en la víspera de las elecciones legislativas de este martes 3 de noviembre, dejó sin efecto la posibilidad de imponer esa medida cautelar por la vía de urgencia.
El tribunal resolvió el lunes mediante una orden breve, sin desarrollar sus fundamentos y sin que se registraran votos disidentes. La presentación había llegado a la Corte después de que dos instancias judiciales inferiores rechazaran la pretensión del Departamento de Justicia.
La resolución no establece si existieron votos ilegales ni determina que las personas incluidas en los registros cuestionados estuvieran habilitadas para sufragar. Su alcance se limita al rechazo de la medida extraordinaria solicitada por el gobierno, mientras continúa la controversia judicial sobre la validez de los datos y las facultades de las autoridades electorales.
Una urna para depositar votos por correo.
La decisión consta en el expediente United States v. California, identificado ante la Corte Suprema con el número 26A624, cuya tramitación comenzó y concluyó en esa instancia el 2 de noviembre.
El origen de la disputa y los argumentos del gobierno
El conflicto comenzó cuando organismos federales estadounidenses elaboraron un listado de aproximadamente 20 mil personas registradas para votar en California que, según sus verificaciones, podrían no tener ciudadanía estadounidense.
El Departamento de Justicia presentó una demanda el 15 de octubre contra el estado de California, su secretaria de Estado, Shirley Weber, y el responsable electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan.
La administración Trump sostuvo que la legislación federal prohíbe votar en elecciones nacionales a personas que no sean ciudadanas estadounidenses y argumentó que California no podía contabilizar boletas cuya legitimidad estuviera bajo sospecha.
Por ese motivo, solicitó que los sufragios correspondientes a los electores identificados fueran separados del resto hasta comprobar su situación migratoria.
El gobierno aclaró que no pretendía anular automáticamente esos votos, sino conservarlos de manera diferenciada mientras se verificaba la ciudadanía de cada elector. Sin embargo, no se había determinado cuántas de las personas incluidas en la lista habían emitido efectivamente su voto.
La respuesta de California
Las autoridades californianas rechazaron el planteo por considerar que los registros utilizados por el gobierno federal contenían errores y podían incluir ciudadanos habilitados para sufragar.
Shirley Weber, secretaria de Estado de CaliforniaLa defensa del estado, encabezada por el fiscal general Rob Bonta, advirtió que modificar los procedimientos electorales cuando la votación ya estaba en marcha podía afectar los derechos de miles de personas.
California también cuestionó la metodología empleada para elaborar la lista, basada en el cruce de registros electorales con otras bases de datos. Según su posición, la información disponible no permitía establecer con suficiente certeza que todos los nombres correspondieran a personas sin derecho a voto.
El planteo encontró respaldo en los tribunales inferiores. El 28 de octubre, el juez federal David O. Carter rechazó la medida solicitada por el Departamento de Justicia y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una intervención judicial de último momento.
En su resolución, consideró que la separación de las boletas podía alterar gravemente el proceso electoral, perjudicar a votantes legítimos y obligar a modificar mecanismos de escrutinio que ya estaban funcionando.
La controversia llegó posteriormente a la Cámara Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, que el 30 de octubre volvió a rechazar el pedido de intervención urgente por dos votos contra uno.
Los magistrados de la mayoría señalaron que el gobierno no había demostrado suficientemente que la legislación federal le permitiera imponer el procedimiento solicitado ni que existiera un perjuicio irreparable que justificara modificar las reglas electorales.
El juez Patrick Bumatay votó en disidencia. Consideró que correspondía conceder una medida limitada para evitar que los sufragios cuestionados se mezclaran con los restantes antes de verificar la situación de sus emisores.
La Cámara también hizo referencia al principio jurisprudencial que desaconseja introducir modificaciones sustanciales en las reglas electorales inmediatamente antes de una elección, particularmente cuando la votación ya comenzó.
Qué resolvió la Corte y cómo continúa la causa
Ante los rechazos, el gobierno acudió a la Corte Suprema mediante una solicitud de intervención de emergencia presentada por el procurador general estadounidense, D. John Sauer.
Corte Suprema de Estados Unidos.La petición fue inicialmente remitida a la jueza Elena Kagan, quien la elevó al pleno del tribunal. Ese mismo 2 de noviembre, los magistrados rechazaron conceder la medida requerida.
La decisión no incluyó una sentencia sobre el fondo de la controversia ni una explicación de los motivos por los cuales se rechazó la solicitud.
Por lo tanto, la resolución no equivale a una declaración judicial de inexistencia de irregularidades electorales, pero tampoco respalda la acusación de que 20 mil personas sin ciudadanía hayan votado ilegalmente.
La investigación sobre la información reunida por los organismos federales y la discusión jurídica sobre las competencias de las autoridades involucradas son cuestiones diferentes de la medida cautelar que la Corte acaba de rechazar.
El expediente principal continúa en la justicia federal. Durante las actuaciones previas, el juez Carter dispuso profundizar el examen de los registros utilizados por el gobierno mediante la intervención de un especialista designado por el tribunal.
Mientras tanto, las autoridades de California pueden continuar con los procedimientos electorales establecidos, sin la obligación extraordinaria de separar las boletas identificadas por el Departamento de Justicia.
