04/11/2026 - Edición Nº1366

Política

Justicia y ambiente

Carlos Rolero pide reformar la ley de maltrato animal y ampliar la protección ambiental

04/11/2026 | El juez porteño pidió elevar las penas por maltrato animal, rechazó el proyecto de Karen Reichardt sobre criaderos y defendió tipificar el ecocidio.

Durante 15 años, una mona vivió en una casa y comió lo mismo que la familia que la tenía: papas fritas, milanesas, polenta y hasta flan. Cuando la fiscalía intervino para rescatarla, Carlos Rolero Santurián les hizo una pregunta a los veterinarios: "¿Está bien lo que estamos haciendo?". Le preocupaba cómo iba a responder después de tanto tiempo en una vivienda. Al principio le costó integrarse con otros animales de su especie. Tiempo después, un video le mostró que se había adaptado, había formado pareja y había tenido cría.

El juez de Cámara porteño recordó el episodio en El Living de NewsDigitales para explicar qué ocurre después de un rescate. La intervención judicial puede poner fin al encierro, pero la recuperación exige atención veterinaria, un lugar adecuado y tiempo. "El mejor hábitat para cualquier animal es su hábitat natural", sostuvo.

La experiencia de Rolero al frente de la fiscalía ambiental atraviesa su diagnóstico sobre la legislación argentina. El camarista considera que las penas por maltrato animal son bajas, que las multas pierden valor y que las normas necesitan abarcar conductas que hoy quedan fuera de su alcance. Para los daños ambientales graves, defendió la incorporación del ecocidio como figura penal.

De la defensa penal a la Cámara porteña

Rolero contó que quiso ser abogado desde chico y que el derecho penal fue el área que más le interesó desde el comienzo. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Derecho Penal en la Universidad Austral y obtuvo maestrías en Derecho Procesal Penal y en Administración de Justicia. Ejerció la abogacía antes de ingresar al Poder Judicial, donde fue secretario de una fiscalía y luego de un juzgado.

En El Living de NewsDigitales, Rolero planteó reforzar los controles ambientales e incorporar el ecocidio al Código Penal.

Trabajó 15 años como fiscal de primera instancia, según reconstruyó en la entrevista. Los últimos cinco estuvo al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, dijo, quedó "apasionado y vinculado, creo que de por vida, con lo que es el derecho ambiental y el derecho animal". Tras un concurso público, el 12 de mayo de 2025 juró como juez de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

De la mona Lulú a los residuos patogénicos en Balvanera

El Centro de Formación Judicial porteño incluye el caso de la mona Lulú entre los antecedentes que Rolero expuso al abordar qué hacer con los animales rescatados en un proceso judicial. En la entrevista, el camarista recordó también el rescate de una puma que estaba en una casa de Mataderos y el de una boa constrictora en un departamento de Recoleta. Los mencionó al explicar por qué considera que incorporar fauna silvestre a un hogar puede comprometer tanto el bienestar del animal como la conservación de su especie.

En Monte Castro, las denuncias de vecinos llevaron en 2021 a una intervención de la UFEMA en una vivienda de la calle Cervantes. Allí se encontraron ejemplares de 51 especies de aves silvestres y exóticas, sin documentación de origen y mantenidos en espacios reducidos, con escasa ventilación y alimento en mal estado. En otra causa, Rolero representó a la fiscalía durante un juicio oral que terminó en marzo de 2024 con una condena por causar sufrimientos innecesarios a animales que estaban bajo el cuidado del acusado.

"Charly" un mono caí fue rescatado tras una llamada al 911. (Foto: Ministerio Público Fiscal CABA).

Las investigaciones de la UFEMA también alcanzaron problemas de salud pública. En Balvanera, vecinos denunciaron que un centro médico arrojaba residuos patogénicos a la calle. Una inspección ordenada por Rolero constató en 2023 que el establecimiento los descartaba en contenedores domiciliarios sin tratamiento previo. El entonces fiscal dispuso que se labrara un acta contravencional y se notificara al responsable el cese de la actividad.

Qué cambios propone para la ley de maltrato animal

Para explicar qué significa aplicar hoy una norma sancionada en 1954, Rolero llevó la discusión a un consultorio odontológico. Si un profesional recibiera a un paciente con el instrumental de aquella época, dijo, ese paciente saldría corriendo. La comparación apuntó a la Ley 14.346, que prevé penas de 15 días a un año de prisión por malos tratos o actos de crueldad contra los animales.

Carlos Rolero Santurián propuso actualizar la ley de maltrato animal y endurecer las penas por actos de crueldad.

"La actualización normativa es fundamental", afirmó. En el reportaje planteó que la reforma debe alcanzar tanto a las sanciones como a las conductas que se busca prevenir. "Hay que ampliar los criterios de protección en las distintas materias", dijo. También propuso expresar las multas en unidades que permitan conservar su valor con el paso del tiempo.

La discusión tiene expresión legislativa. Entre los expedientes presentados en la Cámara de Diputados hay una iniciativa que propone reemplazar la Ley 14.346 y otra que plantea crear un registro nacional de personas que cometan actos de maltrato o crueldad. Para la Ciudad de Buenos Aires, Rolero propuso además un código ambiental, una ley local de protección de fauna y un hospital veterinario gratuito con atención las 24 horas.

Rechazó el proyecto de Karen Reichardt para regular los criaderos

El debate por la protección animal abrió un contrapunto con una iniciativa de La Libertad Avanza. La diputada nacional por Buenos Aires Karen Reichardt presentó el 27 de agosto el proyecto 4309-D-2026, que busca establecer requisitos mínimos de habilitación, funcionamiento y control para criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía. La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación General de Diputados. 

Al presentar la propuesta, Reichardt sostuvo que un marco nacional permitiría fijar condiciones mínimas de cuidado, fortalecer los controles y prevenir el maltrato. En El Living de NewsDigitales, Rolero cuestionó específicamente que el régimen contemple la habilitación de criaderos comerciales. “Espero que quede en proyecto y que nunca se convierta en ley”, dijo el camarista, que definió esa actividad como “explotación animal con un fin de lucro”.

Para explicar su rechazo, Rolero recordó una condena por crueldad animal en un juicio en el que intervino como fiscal. En ese expediente, el juzgado consideró probado que el acusado había causado sufrimientos innecesarios a los animales bajo su cuidado, una conducta sancionada por la Ley 14.346. En la entrevista, el juez cuestionó que se invoque la preservación de las razas para justificar el uso sistemático de hembras para la reproducción comercial. Frente al abandono de animales, defendió la adopción y la ampliación de las castraciones.

Ecocidio, minería y el costo de intervenir tarde

Cuando la charla pasó a la minería, Rolero describió una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar un juez: fijar límites a una actividad que genera empleo y mueve recursos, pero que, sin controles, puede causar un daño ambiental grave. En ese contexto defendió la tipificación del ecocidio y reclamó una política ambiental más definida tanto a nivel nacional como local.

Pozo a cielo abierto de la antigua mina de cobre Bajo de la Alumbrera, en Catamarca (Foto: Lara Negro Otero / Alamy)

El planteo se inscribe en un debate que ya produjo cambios legislativos. En abril de 2026 se publicó la Ley 27.804, que modificó el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial. El texto actualizado dispone que los glaciares y las geoformas periglaciales incluidos en el inventario nacional queden protegidos de manera precautoria hasta que la autoridad competente verifique si carecen de las funciones hídricas previstas por la ley. También exige evaluación de impacto ambiental previa para las actividades proyectadas en esas áreas y una instancia de participación ciudadana.

Rolero citó el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel para ilustrar el tipo de disputa que puede agravarse si el agua dulce empieza a escasear. También se refirió al Riachuelo y a la dificultad de sostener una tarea de saneamiento que exige coordinación y recursos de la Nación, la Provincia y la Ciudad. En ambos casos, su preocupación fue el tiempo que se pierde cuando las decisiones ambientales quedan relegadas por las urgencias del momento. Cuando el agua empiece a faltar o las especies dejen de estar, advirtió, "quizás para tomar decisiones en ese momento ya sea demasiado tarde".

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