Javier Milei y Donald Trump: el desafío de gobernar dialogando con el Congreso

El poder presidencial tiene una paradoja que los liderazgos personalistas suelen descubrir cuando abandonan el terreno de los discursos y llegan al de las decisiones concretas: ganar una elección no equivale a obtener un cheque en blanco institucional. La capacidad de imponer una agenda, dominar la conversación pública y movilizar a los propios votantes puede construir autoridad política, pero no reemplaza los votos necesarios para sancionar leyes, aprobar presupuestos ni sostener reformas de largo alcance.

Esa tensión atraviesa las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Separados por miles de kilómetros, con sistemas constitucionales diferentes y trayectorias políticas que no admiten una equiparación mecánica, ambos representan una modalidad de liderazgo que reivindica la confrontación con las estructuras tradicionales, cuestiona los consensos establecidos y reivindica la centralidad de la decisión ejecutiva.

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— The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026

Sin embargo, detrás de las coincidencias discursivas aparece una diferencia determinante: Trump gobierna con un partido republicano que controla formalmente las dos cámaras del Congreso estadounidense, mientras Milei debe construir mayorías mediante acuerdos con fuerzas que no siempre comparten sus prioridades. Ninguno tiene garantizada la obediencia parlamentaria, aunque las dificultades de cada uno responden a realidades institucionales distintas. El desafío para ambos mandatarios es construir consensos, lo que implica ceder una parte para quedarse con la que más les interesa.

Estados Unidos: las elecciones que pueden cambiar el equilibrio de Washington

Las elecciones legislativas de medio término (midterms) del 3 de noviembre de 2026 representan una instancia decisiva para el segundo mandato de Donald Trump. La totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado están en disputa. El resultado determinará si los republicanos conservan el control parlamentario o si los demócratas consiguen recuperar capacidad de intervención sobre la agenda presidencial.

Antes de la votación, los republicanos contaban con una mayoría ajustada en ambas cámaras: 218 representantes frente a 212 demócratas, con dos vacantes, y una composición del Senado de 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes que suelen votar junto al bloque demócrata. La importancia de esta elección excede la distribución de bancas. Una eventual pérdida de la Cámara de Representantes podría modificar radicalmente la relación entre la Casa Blanca y el Capitolio, incluso sin necesidad de que los demócratas conquisten también el Senado. En el sistema estadounidense, el Congreso no constituye una instancia meramente administrativa del Ejecutivo. Tiene competencias constitucionales propias sobre la legislación, el presupuesto, la fiscalización gubernamental y el control de determinados nombramientos.

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— Martín Sarthou (@msarthou) November 2, 2026

La primera frontera es económica. La Casa Blanca puede establecer prioridades administrativas y ejecutar los recursos autorizados, pero no dispone de facultades ilimitadas para crear impuestos, modificar por sí sola el régimen tributario o financiar programas sin respaldo legislativo. La potestad presupuestaria del Congreso convierte cada negociación fiscal en una instancia de poder político. La segunda es institucional. El Senado interviene en la confirmación de numerosos funcionarios federales y jueces nominados por el presidente. Una modificación de la mayoría senatorial podría complicar las designaciones de Trump, aunque no supondría automáticamente la paralización de todos los nombramientos.

El tercer frente es el control parlamentario. La Cámara de Representantes tiene facultades para desarrollar investigaciones, convocar funcionarios, requerir documentación y activar procedimientos de fiscalización. Si la oposición consigue su conducción, la administración podría enfrentar una supervisión mucho más intensa de sus decisiones y de la utilización de los recursos públicos.

Existe, además, un instrumento que adquiere especial relevancia en escenarios de confrontación: el veto presidencial. Trump puede rechazar proyectos aprobados por el Congreso, pero esa facultad no le permite legislar por cuenta propia. Para superar un veto, ambas cámaras necesitan reunir mayorías de dos tercios. La herramienta puede bloquear una iniciativa, no sustituir el proceso legislativo.

El dato político central es que una derrota republicana en la Cámara baja no necesariamente terminaría con la capacidad de Trump para gobernar, pero sí podría transformar su segundo mandato en una negociación permanente con una oposición fortalecida.

El mapa del poder estadounidense

La distribución de las bancas permite dimensionar lo que está en juego en Washington.

Al cierre de esta edición, la jornada electoral se encontraba en desarrollo y todavía no existían resultados definitivos. Por eso, la disputa debe leerse en términos de escenarios y no de una derrota o victoria ya consumada.

La eventual pérdida de una cámara también tendría consecuencias sobre la segunda mitad del mandato presidencial. Sin el control de ambas cámaras, Trump podría conservar sus atribuciones ejecutivas, pero tendría menos margen para convertir sus prioridades políticas en nuevas leyes.

Milei: una mayoría que todavía depende de terceros

En Argentina, la dificultad parlamentaria tiene otra naturaleza. Javier Milei llegó a la Casa Rosada sin una estructura legislativa capaz de garantizarle mayorías propias. La consolidación electoral de La Libertad Avanza modificó esa situación, pero no eliminó la necesidad de negociar con otros espacios políticos.

La composición de la Cámara de Diputados permite observar esa realidad. La Libertad Avanza reúne 95 legisladores, frente a 92 de Unión por la Patria, cifras ligeramente distintas a las de 2025 debido a cambios de filiación partidaria. Aunque el oficialismo constituye la primera minoría, se encuentra lejos de los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum y la mayoría absoluta de la cámara.

La diferencia entre primera minoría y mayoría parlamentaria no es una cuestión semántica. Es el núcleo del problema de gobernabilidad de Milei. Para aprobar reformas estructurales, el Gobierno necesita construir acuerdos con bloques provinciales, legisladores independientes y sectores del PRO y de otras fuerzas que pueden acompañar determinadas iniciativas, pero no necesariamente todo el programa libertario.

Esa relación obliga a la Casa Rosada a administrar una tensión permanente: necesita los votos de dirigentes a los que, al mismo tiempo, suele presentar como representantes de la vieja política que pretende desplazar. El mecanismo se vuelve especialmente visible en tres terrenos.

La legislación económica y laboral: Las modificaciones tributarias, las reformas de los regímenes laborales y los cambios estructurales en los códigos nacionales requieren atravesar el procedimiento legislativo. El Ejecutivo puede impulsar proyectos y establecer prioridades, pero no dispone de una facultad general para sustituir al Congreso.

El presupuesto y el federalismo: La distribución de recursos nacionales, las transferencias a las provincias y las obras de infraestructura constituyen herramientas centrales de negociación con los gobernadores. Los mandatarios provinciales tienen capacidad de influencia sobre sus legisladores y pueden condicionar el respaldo parlamentario a las decisiones del Gobierno nacional.

Los decretos y el control constitucional: Milei ha recurrido a los Decretos de Necesidad y Urgencia como instrumento de gestión. Sin embargo, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional establece límites expresos: los DNU no pueden regular materias penal, tributaria, electoral ni el régimen de los partidos políticos. Además, están sujetos al control parlamentario establecido por la Ley 26.122.

La utilización de decretos no elimina al Congreso del sistema institucional. Por el contrario, expone otra dimensión de la disputa entre poderes: hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo cuando considera que el procedimiento legislativo obstaculiza su programa de gobierno. En ese escenario, el desafío de Milei no consiste solamente en aumentar el número de legisladores propios. También necesita construir una coalición suficientemente estable para evitar que cada reforma dependa de una negociación distinta.

Dos constituciones, dos formas de limitar el poder

El sistema estadounidense se caracteriza por una separación de poderes especialmente marcada. El presidente no depende de una mayoría parlamentaria para conservar el cargo, pero necesita al Congreso para sancionar leyes, obtener recursos y avanzar en determinadas designaciones. La posibilidad de que las dos cámaras queden bajo control opositor constituye un escenario de gobierno dividido (divided government), que históricamente ha obligado a los presidentes a negociar con sus adversarios.

Argentina, por su parte, tiene un régimen presidencialista atenuado, con mecanismos de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Constitución contempla los DNU bajo circunstancias excepcionales, reconoce la potestad presidencial de veto y establece procedimientos específicos para que el Congreso pueda insistir en una ley observada por el Poder Ejecutivo.

También existen diferencias relevantes en materia de tratados internacionales. En Estados Unidos, el procedimiento constitucional de aprobación de tratados requiere el consentimiento de dos tercios de los senadores presentes. En Argentina, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados concluidos con otras naciones y organizaciones internacionales, conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Estas diferencias impiden trasladar mecánicamente las reglas de Washington a Buenos Aires. Pero permiten comprender que, en ambas repúblicas, el poder presidencial tiene límites jurídicos que no desaparecen por la popularidad electoral ni por la fortaleza de un liderazgo.

La lapicera no alcanza para gobernar

Milei y Trump comparten una concepción política que privilegia la decisión ejecutiva, la confrontación con los adversarios y la construcción de un vínculo directo con sus electorados. Sin embargo, la política institucional impone una lógica diferente: las transformaciones duraderas necesitan mayorías, procedimientos y acuerdos que sobrevivan a la coyuntura.

Para Trump, las elecciones de medio término son un plebiscito sobre su segundo mandato y en el punto de partida de una nueva relación de fuerzas en Washington. Para Milei, la construcción de una mayoría parlamentaria -que no logró en 2025- es una condición necesaria para profundizar su programa en un eventual segundo mandato y reducir la dependencia de acuerdos circunstanciales.

La paradoja de ambos gobiernos es que llegaron al poder cuestionando las estructuras tradicionales, pero necesitan operar dentro de ellas para concretar sus proyectos. La retórica puede confrontar con el Congreso; la gestión, en cambio, necesita sus votos.