ARCA podría embargar clínicas y sanatorios en enero: qué pide la Unión Argentina de Salud

A partir del 1 de enero de 2027, ARCA podría volver a iniciar juicios y embargar las cuentas de clínicas y sanatorios que tienen deudas impositivas. Para evitarlo, la Unión Argentina de Salud (UAS) salió a pedirle al Congreso una definición urgente.

La entidad, que nuclea a prestadores, obras sociales, clínicas y profesionales de todo el país, respalda el proyecto de “Reforma para la Sostenibilidad y Fortalecimiento Prestacional del Sistema de Salud”, que está en la Cámara de Diputados.

En las últimas semanas, sus dirigentes se reunieron con legisladores de distintos bloques. Les explicaron qué pasaría si el país llega al 1 de enero sin una ley nueva. Ahora fueron más lejos y pidieron algo concreto.

Qué pide la Unión Argentina de Salud

 

 

 

 

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La UAS pide que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo y aprueben antes de fin de año una ley integral para el sistema de salud. “Estamos frente a un momento bisagra. No se trata de oficialismo u oposición. Se trata de salvar la salud de 46 millones de argentinos”, señalaron desde la entidad.

El reclamo apunta a terminar con las soluciones de emergencia que se renuevan cada pocos meses. “El sistema no aguanta más parches. Necesita una ley integral, financiamiento claro y previsibilidad”, remarcaron. Para la UAS, el momento es único: “Tenemos la oportunidad difícilmente repetible para acordar una solución estructural”.

La entidad también valoró las negociaciones que ya están en marcha entre los bloques. “Destacamos la madurez política de quienes están buscando puntos de acuerdo”, afirmaron, y llamaron a todos los sectores a poner el interés general por encima de las diferencias partidarias.

Por qué ARCA podría embargar desde enero

Hoy rige una suspensión que le impide a ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (la ex AFIP), iniciar juicios de ejecución fiscal y trabar embargos contra los prestadores de salud. La última prórroga salió con la Resolución General 5885/2026, publicada en el Boletín Oficial el 31 de julio, y vence el 31 de diciembre de 2026.

Si para entonces no hay una ley ni una nueva extensión, el organismo recupera esa facultad desde el primer día de enero. Según estimaciones del sector, unos 5.000 prestadores tienen deudas con el fisco. No hay una cifra oficial del monto total.

La protección alcanza a clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico, laboratorios, servicios de emergencias, internación domiciliaria, centros de rehabilitación y geriátricos. Es una red que el sector viene sosteniendo con prórrogas sucesivas desde la crisis de 2001.

Qué propone el proyecto

El texto tiene 108 artículos y busca cambiar esas prórrogas por reglas permanentes. El punto central es un plan de pagos de hasta 180 cuotas para las deudas con ARCA, con perdón de multas y un tope a los intereses. A cambio, quienes se adhieran quedan a salvo de las ejecuciones.

También declara inembargables las cuentas bancarias que las clínicas usan para pagar sueldos, honorarios, medicamentos e insumos, mientras no haya una sentencia firme. Y permite usar las deudas que el Estado tiene con los prestadores, como las del PAMI, para pagar impuestos.

Otro capítulo pone plazos a las obras sociales y prepagas. Tendrán 30 días para objetar una factura y 60 días como máximo para pagarla. Si no cumplen, corren intereses de manera automática. Las clínicas que no tienen deudas reciben un premio: pagan la mitad de Ganancias y de contribuciones patronales.

El diputado Manuel Quintar (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Salud de Diputados, que es la que debe dictaminar el proyecto, expuso los ejes de la iniciativa en septiembre, en una jornada de prestadores en la Universidad ISALUD.

Qué cambia para los pacientes

Según los datos que se expusieron en esa jornada, el sector privado sostiene cerca del 70% de la atención de la población y concentra el 56% de las camas de internación del país. Si una clínica cierra, sus pacientes buscan atención en otro lado, casi siempre en el hospital público más cercano.

Así lo plantearon las seis cámaras de prestadores que apoyan el proyecto en un comunicado conjunto. “Mantener la capacidad operativa de los efectores privados garantiza evitar una mayor presión sobre el sistema público”, sostuvieron.

En la oposición hay coincidencias. “Si las clínicas empezaran a quebrar sería un desastre para todo el sistema público”, advirtió en ISALUD el diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que confirmó el apoyo de su bloque al plan de pagos y al alivio fiscal.

Cuándo se vota

El proyecto lleva la firma de seis diputados de tres bloques. Bernardo Biella (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Claudio Álvarez (San Luis) son de Argentina Federal. Oscar Zago (Ciudad de Buenos Aires) y Eduardo Falcone (Buenos Aires) son del MID. María Gabriela Flores (Salta) es de La Libertad Avanza. Ingresó el 26 de octubre y se publicó en el Trámite Parlamentario N° 163.

Tiene el número de expediente 5727-D-2026 y fue girado a las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda. Primero necesita dictamen en las dos. Después tiene que aprobarlo el pleno de Diputados y, por último, el Senado.

Quedan menos de dos meses para el 31 de diciembre. Además de la UAS, el pedido de tratamiento lo firmaron FECLIBA, CONFECLISA, CAPRESS, Salud Federal, ACAMI y ADECRA, las cámaras que agrupan a clínicas y sanatorios de todo el país.

“Los argentinos no pueden esperar. La salud no puede esperar. Por eso pedimos a todos los sectores que estén a la altura de las circunstancias”, cerró la Unión Argentina de Salud.