Presupuesto 2027: El Gobierno busca sacar la alícuota con que se financia el 57% del INTA

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei contempla eliminar una de las principales fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata de una alícuota del 0,45% sobre las importaciones que representa el 57% de los recursos del organismo y cuya derogación también tendría graves consecuencias sobre el SENASA y el INTI.

El impacto de esa medida fue uno de los principales temas de discusión realizada en las últimas horas en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, que preside Luis Basterra. Allí, representantes de los centros regionales y de investigación del INTA, trabajadores y productores cuestionaron el artículo 21 del proyecto y advirtieron que su aprobación eliminaría una fuente de financiamiento establecida por ley.

 La preocupación no se limitó a la reducción de partidas para el próximo ejercicio: advirtieron que la derogación implicaría eliminar de manera permanente una herramienta de financiamiento prevista por ley, algo que no tendría que permitirse en el marco de la sanción de un presupuesto.

En el centro del debate está la Ley N.º 25.641, sancionada en 2002, con la que se creó una asignación específica equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones destinada al INTA.

Luego, la Ley N.º 26.546 la elevó al 0,65% y estableció su reparto entre tres organismos: 0,45% para el INTA, 0,15% para el SENASA y 0,05% para el INTI. Con la derogación, desaparece el mecanismo que asegura a estos organismos un flujo de recursos propio, más allá de las asignaciones discrecionales del Tesoro.

El artículo 21 del Presupuesto, en el centro de la discusión

El planteo más fuerte fue que la eliminación de esa alícuota no representa simplemente un ajuste presupuestario para 2027, sino un cambio estructural en el funcionamiento económico del organismo.

Ricardo García, presidente del Consejo del Centro de la Agricultura Familiar del INTA y vocero de los presidentes de los Centros Regionales y de Investigación, cuestionó que el proyecto avance sobre una fuente de recursos establecida en la normativa de creación del instituto.

"Esta ley de presupuesto no puede modificar la ley del INTA, no puede modificar la alícuota que tiene el INTA respecto del comercio exterior para su fondeo y su funcionamiento", sostuvo.

García pidió revisar el artículo 21 y advirtió sobre las consecuencias de profundizar el proceso de desfinanciamiento. "Ya al día de hoy hay pérdidas económicas, sociales y ambientales en que incurre hoy la Argentina producto del desfinanciamiento y vaciamiento estructural de su sistema científico tecnológico. Esto está actuando como una gran sangría silenciosa e irreversible", señaló.

En la misma línea, la investigadora del INTA en La Pampa y representante gremial de APINTA, Gabriela Volpi La Grieca, explicó que la propuesta no solamente implica una reducción de recursos para un ejercicio determinado.

"Para el 2027 el proyecto prevé de por sí una reducción del presupuesto del INTA de un 18%. El artículo 21 deroga la fuente específica de financiamiento del INTA que corresponde al 0,45% de las importaciones. No se trata solamente de una reducción presupuestaria para un ejercicio, sino de eliminar permanentemente una fuente específica de financiamiento", planteó.

La diputada de Fuerza Patria y directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Julia Estrada, aportó números para dimensionar el impacto. Según explicó, la alícuota representa el 57% de los ingresos del INTA. En su exposición también señaló que el presupuesto consolida una reducción real acumulada cercana al 50% respecto de 2023.

El deterioro financiero tiene otras consecuencias que ya se expresan en la estructura del organismo. Durante la reunión se mencionó la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo desde 2023, una caída salarial del 40% y el cierre de 50 agencias de extensión rural, además de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA.

Para Volpi La Grieca, la pérdida de capacidades científicas y técnicas tiene consecuencias que no se resuelven rápidamente con una eventual recomposición presupuestaria. "Formar un investigador, un extensionista o un equipo especializado lleva muchos años; perder estas capacidades puede llevar apenas unos meses, pero recuperarlas puede demorar décadas", advirtió.

El impacto también alcanza al SENASA y al INTI

La discusión presupuestaria excede al INTA. La eliminación de la asignación sobre las importaciones también comprometería recursos del SENASA, organismo responsable de los controles sanitarios y fitosanitarios que resultan indispensables para buena parte de las exportaciones argentinas.

Durante la comisión, Carlos Paz, expresidente del Consejo Directivo Nacional del INTA y del SENASA, advirtió que la reducción de esa fuente de financiamiento tendría un impacto directo sobre el funcionamiento del servicio sanitario.

"La rebaja del 0,45% le pega de lleno al SENASA, se lleva el 50% del presupuesto del SENASA. El país puede vivir dos meses sin un INTA, pero no aguanta una semana sin SENASA, porque todo lo que se exporta requiere certificación", sostuvo.

Paz alertó especialmente sobre los riesgos de debilitar los controles sanitarios y perder los estándares que permiten acceder a mercados internacionales. Mencionó como ejemplos un eventual brote de fiebre aftosa o la pérdida del estatus sanitario frente a la mosca de los frutos.

Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, que preside Luis Basterra

Por su parte, Estrada señaló que la eliminación de la alícuota representa alrededor del 40% de los ingresos del SENASA. Según los números que presentó, el organismo pasaría de contar con unos 300.000 millones de pesos en 2026 a aproximadamente 213.000 millones en 2027.

"Para un país que se supone que vuelve al mundo, el SENASA es estratégico. Lo primero que te preguntan en Estados Unidos es si tiene la aprobación del SENASA", sostuvo. También mencionó las exigencias de trazabilidad en el acuerdo con la Unión Europea y advirtió: "Sin SENASA no vamos a exportarle nada a nadie" alertó. 

El tercer organismo alcanzado es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En este caso, la diputada advirtió que el proyecto elimina la totalidad de sus asignaciones específicas, en otro movimiento que compromete el financiamiento del sistema científico y tecnológico nacional.

Productores y trabajadores advirtieron por el impacto territorial

La exposición también tuvo voces del sector productivo que buscaron poner en perspectiva las consecuencias de un debilitamiento del INTA sobre la actividad agropecuaria.

Sebastián Campo, productor de Acevedo, en Pergamino, y secretario de la Comisión de Bases Federadas, defendió el papel del organismo en el acompañamiento de los pequeños productores y en la generación de información técnica independiente.

"El INTA no es solamente un instituto nacional que investiga, desarrolla y brinda información; forma parte del tejido social agropecuario, forma parte de quienes sostienen a miles de productores", expresó.

Carlos Baraballe, vicepresidente de Bases Federadas y representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, recordó el trabajo de investigación que permitió medir las napas freáticas en Marcos Juárez, Córdoba, durante las inundaciones de 2015 a 2017. Según explicó, esos estudios fueron determinantes para que los productores pudieran comprender el fenómeno y encontrar respuestas técnicas.

Aníbal Duarte, presidente del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, puso el foco en las consecuencias de la disolución de esa estructura para la producción apícola y hortícola que abastece a buena parte de la población bonaerense.

El presidente de la comisión, Luis Basterra, también reivindicó el papel del instituto en el desarrollo de tecnologías orientadas a pequeños productores y reclamó una mirada federal sobre la inversión pública en investigación.

La discusión sobre el artículo 21 deja así planteado un interrogante que atraviesa a tres organismos estatales estratégicos: cuánto puede sostenerse la capacidad de investigación, innovación y control sanitario del país si se elimina una de sus principales fuentes específicas de financiamiento.