España: dos renuncias por 115 muertos sacuden al gobierno de Pedro Sánchez

La primera jornada de Carlos Cuerpo al frente de Transportes terminó con otra baja en la conducción ferroviaria. Luis Pedro Marco de la Peña, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), renunció el miércoles 4 de noviembre tras reunirse con él. Su salida siguió a la dimisión de Óscar Puente, en una crisis marcada por dos accidentes con 115 muertos.

Puente anunció su salida el martes 3 de noviembre, tras comparecer ante el Congreso por el choque ocurrido en Urda, Toledo. También confirmó que no será candidato en las elecciones del 29 de noviembre. Pedro Sánchez encargó temporalmente el ministerio a Cuerpo, vicepresidente primero y titular de Economía. Deberá asistir a las víctimas y aplicar medidas de seguridad mientras continúa la investigación.

Un doble relevo con consecuencias políticas

Marco de la Peña dirigía ADIF, el organismo responsable de las vías y otras instalaciones ferroviarias. Cuerpo explicó que presentó su renuncia por motivos similares a los expresados por Puente y consideró acertada la decisión. Aún no se anunció su reemplazo. El cambio afecta tanto a la conducción política del ministerio como a la entidad encargada de administrar la infraestructura.

La oposición considera insuficientes las dimisiones. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, pidió que Sánchez también deje el cargo. El presidente, en cambio, elogió el gesto de Puente y defendió su trayectoria. La discusión se instaló en la campaña para los comicios anticipados, aunque la pregunta decisiva para los pasajeros sigue siendo por qué se permitió avanzar a un tren con otro detenido delante.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía de España, asumió temporalmente las funciones de Transportes y quedó a cargo de gestionar la crisis.

Las órdenes que están bajo investigación

El 28 de octubre, un tren de Renfe chocó contra una formación de Iryo detenida en la línea Madrid-Sevilla: murieron 69 personas. Antes había fallado el sistema de seguridad LZB, encargado de controlar la circulación, y varios trenes quedaron inmovilizados. Sin embargo, al convoy que venía detrás se le autorizó a seguir a velocidad normal, cuando correspondía una marcha restringida para poder detenerse ante un obstáculo.

Dos técnicos intentaron reactivar el sistema minutos antes del choque. Habían fallado dos de los tres ordenadores de la instalación de Urda y los operarios solo lograron recuperar un módulo de transmisión. La Justicia investiga la avería y las órdenes del centro de control. No hay todavía una conclusión definitiva sobre responsabilidades. En enero, otro accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, había causado 46 muertes.

Qué medidas quedan pendientes

El Gobierno anunció una doble supervisión humana de las órdenes cuando fallen los controles automáticos, nuevas alertas informáticas y menos frecuencias temporales en la línea afectada. También prevé sustituir el antiguo sistema LZB por tecnología más moderna y revisar la seguridad del corredor Madrid-Sevilla. Cuerpo deberá implementar esas medidas.

El Ejecutivo aprobó además 30 millones de euros para ayudas directas y anticipos de indemnizaciones para las víctimas. La reparación del tramo dañado requiere autorización judicial y la reapertura aún no tiene fecha confirmada. Con dos altos cargos fuera, el desafío inmediato no se limita a reorganizar el ministerio: debe aplicar cambios verificables que protejan a los pasajeros.