La llegada del Papa activó un protocolo especial de defensa aeroespacial

El Gobierno nacional dispuso medidas adicionales para reforzar la protección del espacio aéreo argentino durante la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. A través del Decreto 1334/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció un dispositivo especial de defensa y seguridad aeroespacial que abarcará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los tres distritos que forman parte de la agenda del Sumo Pontífice.

La decisión apunta a garantizar la seguridad durante las actividades que encabezará el Papa, en un contexto en el que se espera la presencia de numerosas autoridades nacionales y extranjeras, además de concentraciones masivas de ciudadanos y fieles.

Según los fundamentos de la normativa, resulta necesario ampliar las reglas de protección aeroespacial para “garantizar la protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico”. El decreto también plantea la necesidad de adecuar las atribuciones y limitaciones de las Fuerzas Armadas para actuar ante eventuales amenazas, estableciendo las condiciones para el empleo del instrumento militar y regulando la intensidad y las modalidades del uso de la fuerza.

El texto oficial sostiene que las actividades previstas en los tres distritos requieren medidas extraordinarias de prevención y protección, con el propósito de estar preparados para “enfrentar las agresiones de origen externo”.

Qué establece el decreto y cuándo se podrá utilizar la fuerza

Uno de los puntos centrales de la disposición es la autorización para que los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial puedan actuar frente a incursiones aéreas consideradas hostiles.

En concreto, la normativa habilita el uso de la fuerza para el derribo o la destrucción de vectores incursores de origen externo declarados hostiles. La disposición contempla distintos tipos de objetos que puedan ingresar al espacio aéreo, entre ellos aviones, drones y otros dispositivos capaces de representar una amenaza.

El decreto establece que la utilización de esos recursos estará condicionada a la identificación de una situación hostil y a la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que una aeronave u otro vector representa un peligro.

En ese sentido, la normativa define como acto hostil “el ataque armado o la utilización o amenaza inminente de utilización del vector incursor como arma contra la vida de las personas, los intereses vitales de la Nación u objetivos de valor estratégico”.

Para establecer esa condición, se deberán verificar indicios concretos, como la presencia o utilización de armamento o el mantenimiento de una trayectoria, altitud o velocidad que, incluso después de las advertencias correspondientes, resulte compatible con un posible ataque contra un objetivo determinado.

De esta manera, el Gobierno busca establecer un marco de actuación específico para responder ante eventuales amenazas desde el aire durante los días en que se desarrollen las actividades oficiales y religiosas de León XIV.

Milei delegó la autorización final en el ministro de Defensa

Otro de los aspectos relevantes del decreto es la delegación de la autorización final para el empleo de la fuerza. En este caso, el presidente Javier Milei resolvió que esa atribución quede en manos del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La decisión apunta a agilizar los tiempos de respuesta ante una eventual emergencia y evitar que una situación que requiera una intervención inmediata deba esperar una autorización presidencial.

La medida adquiere especial importancia por el tipo de amenazas que contempla la normativa, en las que la velocidad de reacción puede resultar determinante para proteger a las personas y los objetivos considerados estratégicos.

Sin embargo, el decreto también establece una distinción entre las amenazas de origen externo y aquellas que involucren aeronaves provenientes del ámbito interno. Para estas últimas situaciones, continuará vigente el régimen establecido por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificaciones.

La normativa recuerda que esa legislación admite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas únicamente de manera excepcional y bajo determinadas condiciones, entre ellas la previa declaración del estado de sitio.

De esta forma, el dispositivo especial no modifica de manera general las reglas de intervención militar dentro del territorio nacional, sino que establece un esquema específico para responder ante incursiones aéreas externas que sean identificadas como hostiles.

Cómo se financiará el operativo de seguridad

El decreto también determina de dónde saldrán los recursos necesarios para implementar el dispositivo especial de defensa aeroespacial.

Según lo establecido en la normativa, los gastos serán afrontados con las partidas presupuestarias ordinarias del Ministerio de Defensa, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.

La disposición lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

El refuerzo de la protección aérea se suma al operativo general que se prepara para recibir al Pontífice, cuya agenda contempla actividades en distintos puntos del país y una importante movilización de personas.

La visita de León XIV tendrá como escenarios principales a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. En territorio bonaerense están previstas actividades en el Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown, y en la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

En paralelo, las autoridades nacionales, provinciales, municipales y eclesiásticas avanzan con la organización de los traslados, la seguridad y la logística de los encuentros.

Con la publicación del Decreto 1334/2026, el Gobierno incorporó un componente específico de defensa aeroespacial al esquema de protección previsto para la llegada del Papa. La medida busca establecer mecanismos de respuesta ante eventuales amenazas externas durante uno de los acontecimientos institucionales y religiosos más importantes previstos para la Argentina en noviembre.

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