La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) llegó nuevamente al Congreso. La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo un informe exhaustivo sobre la liquidación del organismo, la puesta en marcha de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026.
El pedido de informes apunta a esclarecer el impacto de la reorganización sobre los afiliados, la continuidad de las prestaciones médicas, la situación de los trabajadores y el estado financiero de la entidad.
La iniciativa también busca conocer la cantidad de empleados que serán desvinculados, el futuro de las farmacias propias y la eventual transferencia de las deudas acumuladas por IOSFA a la nueva estructura.
El proyecto se presenta luego de que el Gobierno modificara las condiciones de transferencia del personal del instituto en liquidación. A través del DNU 1286/2026, publicado el 28 de octubre, la administración de Javier Milei estableció que OSFA incorporará únicamente a los trabajadores que considere necesarios para su funcionamiento.
La medida modificó el esquema previsto por el DNU 88/2026, que había dispuesto la transferencia del personal de IOSFA a la nueva obra social militar. Según la fundamentación de Propato, el cambio podría dejar a unos 1.450 trabajadores sin continuidad laboral.
La iniciativa solicita información al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Defensa, en el marco de las facultades de control parlamentario establecidas en el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional.
Uno de los principales objetivos es determinar cómo quedó distribuida la población afiliada luego de la disolución de IOSFA y la creación de dos organismos diferenciados.
La reorganización estableció que OSFA brindará cobertura al personal de las Fuerzas Armadas, mientras que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) atenderá a los integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA).
En ese contexto, Propato reclama conocer cuántos afiliados fueron transferidos a cada entidad y qué consecuencias tuvo esa redistribución sobre la estructura administrativa y los recursos humanos.

El proyecto de resolución contiene 16 requerimientos específicos que abarcan la situación laboral, financiera y prestacional de IOSFA y OSFA.
1. La cantidad de afiliados transferidos
El Poder Ejecutivo deberá informar cuántos afiliados pasaron de IOSFA a OSFA y cuántos fueron incorporados a OSFFESEG.
El dato permitirá conocer la dimensión de las poblaciones beneficiarias de cada organismo luego de la reorganización.
2. Los motivos de los cambios en la situación laboral
La diputada solicita que el Gobierno explique qué circunstancias se modificaron desde la publicación del DNU 88/2026 para justificar la modificación de su artículo 7.
El planteo apunta a conocer los fundamentos de la decisión de no transferir a la totalidad del personal de IOSFA y avanzar con una reducción de la dotación que, según la iniciativa, podría afectar a 1.450 trabajadores.
3. El regreso del personal de Gendarmería y Prefectura
El informe deberá precisar cuántos integrantes de la GNA y la PNA que prestaban servicios en IOSFA regresaron o regresarán a sus respectivos organismos de origen.
4. La dotación de IOSFA antes del DNU 1286/2026
El pedido incluye un relevamiento de la cantidad total de trabajadores que prestaban servicios en el instituto antes de la publicación del decreto.
Deberá contemplar al personal comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, los empleados de planta permanente y los contratados.
5. El personal previsto para OSFA
El Gobierno deberá indicar cuántos trabajadores se proyecta incorporar a la nueva obra social militar para garantizar su funcionamiento.
6. Las desvinculaciones previstas para 2026 y 2027
La iniciativa reclama conocer cuántos empleados serán desvinculados o desafectados de IOSFA y OSFA durante los dos años.
El requerimiento busca determinar el alcance de la reducción de personal y las consecuencias laborales de la liquidación del organismo.
7. El cierre de farmacias y la cobertura de medicamentos
Uno de los puntos centrales del pedido de informes está relacionado con la red de farmacias propias.
Propato solicita que el Ejecutivo informe cuántas farmacias de IOSFA y OSFA está previsto cerrar, cuáles son los fundamentos de esas decisiones y qué alternativas concretas tendrán los afiliados para acceder a los medicamentos.
Además, reclama que se detalle cómo quedará configurada la red de farmacias luego de la aplicación del DNU 1286/2026.
El planteo adquiere relevancia por las dificultades de acceso a medicamentos denunciadas por afiliados en distintas regiones del país.
8. La continuidad de las prestaciones médicas
El Gobierno deberá informar si se suspendieron o interrumpieron prestaciones médicas, intervenciones quirúrgicas complejas o el suministro de medicamentos.
El objetivo es determinar si la reorganización administrativa tuvo consecuencias directas sobre la atención de los afiliados.
9. La cobertura de prestadores externos
El proyecto solicita conocer si IOSFA y OSFA cuentan con prestadores externos en todo el territorio nacional.
También reclama información sobre la cantidad de prestadores que fueron desvinculados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
10. El cumplimiento de las prestaciones obligatorias
La diputada pregunta si se encuentra plenamente garantizado el acceso de los afiliados a las prestaciones médicas obligatorias.
El requerimiento busca establecer si la cobertura médico-asistencial se mantiene de manera efectiva durante el proceso de liquidación y reorganización.
11. El futuro de los hoteles y recreos
El pedido de informes también alcanza a los hoteles y recreos que pertenecían a IOSFA.
El Ejecutivo deberá indicar si está previsto cerrar esos establecimientos, fundamentar las decisiones y precisar qué destino tendrán los inmuebles.
Además, deberá informar qué ocurrirá con los trabajadores que actualmente prestan servicios en esos espacios.
12. La fecha en que IOSFA comenzó a registrar déficit
La iniciativa solicita que el Gobierno determine desde qué fecha el instituto comenzó a tener resultados deficitarios.
También reclama el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2023, con el objetivo de reconstruir la evolución financiera de la entidad.
13. El monto total de la deuda
El Ejecutivo deberá informar cuál es el monto actualizado del pasivo total de IOSFA.
14. La transferencia de las obligaciones financieras
El proyecto pregunta si la totalidad o una parte de las deudas acumuladas por IOSFA fue transferida o se prevé transferir a OSFA.
El punto busca establecer qué organismo deberá afrontar las obligaciones pendientes durante la transición.
15. La nómina de acreedores y las causas judiciales
El Gobierno deberá presentar el listado de acreedores de IOSFA y OSFA, con el detalle de los montos adeudados a cada uno.
También deberá informar si se iniciaron procedimientos judiciales para reclamar el cobro de esos pasivos, cuánto dinero se encuentra judicializado y si existen sentencias.
16. El aumento de la contribución patronal al 8%
Por último, Propato solicita que se expliquen los fundamentos del aumento de la contribución patronal destinada a OSFA al 8%.
El pedido incluye la identificación del área y de la partida presupuestaria desde la cual se financiará ese incremento.
El principal cuestionamiento político y administrativo de Propato apunta al DNU 1286/2026, que modificó las condiciones de transferencia del personal.
Según la diputada, el decreto original había establecido el traspaso de la totalidad de los trabajadores de IOSFA a OSFA, por lo que considera necesario que el Gobierno explique qué circunstancias justificaron modificar esa decisión.
En ese sentido, sostiene que no se habría producido una modificación sustancial en la cantidad de afiliados ni en las prestaciones médicas que deben garantizarse.
En ese marco, la legisladora también cuestiona los anuncios oficiales sobre el cierre de farmacias propias y la desvinculación de prestadores externos, al advertir que las alternativas disponibles podrían resultar insuficientes para garantizar la cobertura en determinadas regiones.