por Redacción NewsDigitales
Un episodio que combina cuestionamientos a la transparencia municipal y dificultades para ejercer la representación política generó controversia en el Partido de La Costa. El concejal Martín Fernández, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tuvo que trasladarse personalmente hasta la Municipalidad para reclamar por una situación que afectaba el trabajo de su equipo.
El conflicto se produjo luego de que, según denunciaron los involucrados, las autoridades municipales impidieran reiteradamente el ingreso de una colaboradora del edil a los actos de licitación pública, pese a contar con una autorización firmada por Fernández.
La situación adquirió especial relevancia por las condiciones de salud del concejal, quien había retomado sus funciones legislativas en noviembre de 2025, después de una licencia médica, con la intención de continuar trabajando de manera remota mientras seguía sus tratamientos.
Sin embargo, ante las dificultades denunciadas por sus colaboradores, decidió presentarse personalmente en el edificio municipal para exigir explicaciones.
“No los dejaban entrar a mis asistentes. No tienen ganas de publicar nada, es una vergüenza”, cuestionó Fernández.
La persona a la que se le había impedido ingresar era Evangelina Cordone, exconcejala y colaboradora de Fernández, quien aseguró que había intentado participar de los procedimientos administrativos con una autorización expresa del legislador.
Según su relato, el viernes anterior ya había recibido una negativa y la situación se repitió durante las primeras licitaciones del martes. “Cuando yo quise acceder me dijeron: ‘Usted no, porque tenemos autorización expresa que no entre’”, denunció Cordone.
La exconcejala sostuvo que otros vecinos habían podido presenciar los actos públicos y cuestionó que nadie le informara quién había dispuesto específicamente la restricción sobre su ingreso.
Además, explicó que, cuando finalmente logró acceder a una de las oficinas de Contrataciones, el procedimiento administrativo ya había concluido, lo que le impidió presenciar su desarrollo.
El objetivo de Cordone era asistir a los actos de licitación y registrar mediante fotografías los procedimientos, para que Fernández pudiera analizar posteriormente la documentación y realizar el seguimiento de las contrataciones municipales.
La modalidad de trabajo resultaba especialmente importante para el edil, que había anunciado su intención de continuar ejerciendo sus responsabilidades legislativas de manera remota debido a su enfermedad.
“Mi voluntad es culminar el mandato con el que fui honrado”, había expresado Fernández al comunicar su regreso a la actividad legislativa en noviembre de 2025.
La colaboradora anticipó que volvería a presentarse para continuar con las tareas de fiscalización, en medio de los cuestionamientos por las restricciones denunciadas.

Más allá del episodio puntual, la controversia abrió interrogantes sobre los criterios utilizados por el municipio para autorizar el ingreso a los actos de contratación pública y las condiciones en las que los concejales pueden ejercer sus funciones de control.
El caso también puso en discusión qué facilidades existen para garantizar el trabajo legislativo de representantes que, por razones de salud, necesitan apoyarse en colaboradores para desarrollar determinadas tareas presenciales.
La denuncia de Fernández y Cordone plantea una cuestión central: si otros ciudadanos podían presenciar los procedimientos, ¿por qué se habría impedido el ingreso de una persona expresamente autorizada por un concejal?
La información disponible no incluye una respuesta oficial de la Municipalidad sobre los motivos de la restricción denunciada ni identifica a la autoridad que habría dispuesto impedir el acceso.
Por ahora, el episodio deja una controversia abierta sobre el acceso a la información, la transparencia de las contrataciones y las garantías necesarias para ejercer el control político en el ámbito municipal.