La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó un capítulo decisivo: Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia, en medio de los cuestionamientos por el colapso de Ueno Bank, las denuncias de presuntos conflictos de intereses y las presiones para avanzar con un juicio político en el Congreso. Sin embargo, su salida del Poder Ejecutivo abre otro interrogante institucional: el futuro del mandatario bajo una disposición constitucional que reconoce a los expresidentes democráticamente electos el derecho a ocupar una banca vitalicia en el Senado. Para ello, su renuncia deberá ser aceptada por el Congreso. De lo contrario, permanecerá en el cargo pero muy debilitado de cara a un juicio político.
La particularidad está contemplada en el artículo 188 de la Constitución Nacional de Paraguay, sancionada el 20 de junio de 1992. La norma establece que los expresidentes de la República elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y encontrados culpables. Aunque no pueden votar ni integrar el quórum legislativo, tienen voz en la Cámara Alta y quedan alcanzados por las prerrogativas parlamentarias.
La figura del senador vitalicio tiene un antecedente particularmente controvertido en América Latina: Augusto Pinochet. El exdictador chileno dejó la comandancia en jefe del Ejército en marzo de 1998 y, ese mismo día, asumió como senador vitalicio, amparado por el artículo 45 de la Constitución chilena de 1980.
La disposición había sido incorporada durante el régimen militar y permitió que Pinochet ingresara al Congreso después de entregar el poder a Patricio Aylwin, en 1990. Su incorporación al Senado generó fuertes cuestionamientos porque le otorgaba prerrogativas parlamentarias en un contexto en el que comenzaban a avanzar las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Sin embargo, la protección no resultó definitiva. En agosto de 2000, la Corte Suprema chilena confirmó su desafuero parlamentario, habilitando que avanzaran las actuaciones judiciales en su contra. El antecedente demuestra que los fueros no constituyen una garantía de impunidad absoluta, aunque pueden convertirse en un obstáculo institucional para el avance de las investigaciones.
La renuncia de Peña se produjo después de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central paraguayo, tras detectar incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes y administraba importantes fondos públicos. La crisis dejó a numerosos usuarios afectados y provocó un fuerte deterioro de la confianza en el sistema financiero.
El mandatario había tenido participación accionaria en Grupo Vázquez, empresa vinculada a Ueno, hasta marzo de 2025. Legisladores opositores y dirigentes oficialistas disidentes cuestionaron sus posibles conflictos de intereses y reclamaron explicaciones por la utilización de recursos públicos. Peña, por su parte, sostuvo al anunciar su salida que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
La sucesión presidencial quedará en manos del vicepresidente Pedro Alliana, mientras Paraguay deberá afrontar las consecuencias económicas, políticas e institucionales de la crisis. La salida de Peña del Palacio de López no necesariamente representa el final de las preguntas sobre su gestión. La suerte de Peña está en manos del Poder Legislativo, eventualmente del Poder Judicial y sin dudas, de los historiadores que estudien estos días aciagos que hoy vive el país vecino.