por Redacción NewsDigitales
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo avanzó con la postulación del abogado Fernando Gabriel Zarabozo para encabezar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, lo que parecía encaminarse hacia un acuerdo político terminó atravesado por un cuestionamiento que generó diferencias entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

Durante la reunión presidida por el senador radical Daniel Kroneberger, la Comisión emitió dictamen favorable a la candidatura, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. El bloque Justicialista y Unión por la Patria, en cambio, firmaron en disidencia.
La discusión se abrió cuando la senadora Ana Inés Marks presentó una nota de la Comisión Provincial por la Memoria en la que se solicitaba información sobre una supuesta participación de Zarabozo como agente informante.
El planteo introdujo interrogantes sobre los antecedentes del candidato, aunque no implica que los hechos mencionados hayan sido acreditados.
La senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, rechazó la posibilidad de reabrir el proceso de evaluación. "Los límites para impugnar u observar las postulaciones ya fueron cumplidos", sostuvo, antes de calificar de "ilógico" el planteo.
Desde el PRO, el diputado Emmanuel Bianchetti defendió el procedimiento y destacó la importancia de avanzar con la integración del organismo. "Se cumplieron las instancias previstas en la ley, es fundamental que el Comité tenga candidatos idóneos, valoramos el trabajo que se hizo en la comisión", expresó. "Estamos de acuerdo con el dictamen, vamos a acompañarlo", confirmó.
Por su parte, Kroneberger celebró el consenso alcanzado para completar el proceso de selección. "Es la última instancia, tenemos una gran oportunidad", afirmó el presidente de la Bicameral, quien también agradeció los acuerdos que permitieron avanzar en la normalización del Comité.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura fue creado en el marco de la Ley 26.827 y tiene como misión prevenir situaciones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en lugares donde existen personas privadas de su libertad.
Entre sus atribuciones se encuentran la supervisión de establecimientos penitenciarios, comisarías y otros espacios de detención, la elaboración de recomendaciones y la articulación con organismos de derechos humanos.
Por su función de control, la independencia y los antecedentes de sus autoridades constituyen aspectos centrales para el funcionamiento institucional.

Aunque el dictamen permitió cerrar la etapa de selección de candidatos, la discusión dejó expuestas diferencias sobre la evaluación de los antecedentes de Zarabozo.
Mientras La Libertad Avanza, el PRO y la UCR defendieron el cumplimiento del procedimiento establecido, el Justicialismo y Unión por la Patria expresaron sus reparos mediante la firma en disidencia.
Así, la Bicameral consiguió avanzar con una postulación clave para la integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero sin alcanzar un respaldo unánime. El cuestionamiento presentado por la Comisión Provincial por la Memoria quedó como uno de los puntos de controversia del proceso.