El Senado bonaerense aprobó este jueves el proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa estatal de medicamentos. La votación se hizo durante la quinta sesión ordinaria del año, que presidió la vicegobernadora Verónica Magario.
La iniciativa salió con los votos de Fuerza Patria, que tiene 24 de las 46 bancas, y el rechazo de toda la oposición. Ahora tiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.
No es la primera vez que el proyecto llega hasta acá. Una versión anterior ya había sido aprobada por Diputados, pero no se trató en el Senado y perdió estado parlamentario al cierre del período 2024-2025. El Poder Ejecutivo lo volvió a enviar en junio de este año.
La empresa podrá investigar, desarrollar, producir, comprar, vender, importar, exportar y distribuir medicamentos y vacunas. También insumos médicos y odontológicos, equipamiento médico e ingredientes farmacéuticos activos, que son la materia prima con la que se elaboran los remedios.
Es decir, no se limita a fabricar: también podrá comprar productos a otros laboratorios y distribuirlos. Hasta ahora no se difundió una lista oficial de medicamentos concretos ni el lugar donde funcionaría la planta.
La prioridad será abastecer al sistema de salud pública: los hospitales y centros de salud provinciales y municipales de los 135 distritos bonaerenses. El gobierno bonaerense busca así bajar lo que gasta en compras frente a los aumentos de los laboratorios privados.
Según el Senado, el objetivo es “garantizar un acceso equitativo de los medicamentos esenciales” para los bonaerenses. Además, la empresa contempla “el acceso a tratamientos para ciudadanos y ciudadanas bonaerenses que no pueden acceder a ellos por no contar con los recursos económicos necesarios”. El Senado no detalló cómo se pedirían esos tratamientos.
La empresa será una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM). La Provincia tendrá el 99% de las acciones, y el 1% restante podrá quedar en manos de otros socios, públicos o privados.
Para que la Provincia venda su parte hará falta una autorización de la Legislatura con dos tercios de los votos. El texto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, con cinco diputados y cinco senadores, que podrá pedir informes e intervenir en las operaciones de deuda extraordinarias.
La empresa deberá sostenerse con la venta de sus propios productos y con el desarrollo de patentes. Si hace falta, el Poder Ejecutivo podrá hacer aportes, y también podrá recibir fondos del Presupuesto provincial.
Los cambios que se negociaron en el Senado le pusieron límites a la deuda. Los préstamos y la emisión de bonos tendrán que estar vinculados a la actividad de la empresa, figurar en el presupuesto y respetar la legislación financiera bonaerense.
La Libertad Avanza, el PRO, Hechos-UCR Identidad y Unión y Libertad rechazaron el proyecto. Sus senadores fundamentaron el voto en el impacto fiscal de la iniciativa y cuestionaron que agrande el Estado.
El rechazo ya se había visto en las comisiones. En Salud Pública y en Legislación General, el dictamen de mayoría salió con modificaciones, y en cada una hubo dos dictámenes de minoría que aconsejaron rechazarlo.
El otro proyecto de salud de Kicillof, el que crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), no llegó al recinto. Fue girado a la Comisión de Presupuesto después de las objeciones de intendentes que llevaron al Senado el Frente Renovador y sectores del kirchnerismo.
Uno de los puntos en discusión es el artículo 43, que iguala los sueldos de los médicos municipales con las paritarias provinciales sin aclarar de dónde saldría la plata. Kreplak lo había anticipado en sus redes: el SIPBA iría a esa comisión “para recibir aportes de diferentes senadores y senadoras”.
Primero, la Cámara de Diputados tiene que aprobar el proyecto y el gobernador, promulgarlo. Después, la Provincia deberá constituir la sociedad, aprobar su estatuto y conseguir los fondos para arrancar.
Para producir medicamentos, además, la planta necesitará las habilitaciones sanitarias que exige la ley nacional de medicamentos. Sin ese paso, la empresa podrá existir en los papeles, pero no fabricar.