Adorni: la fiscalía no pudo probar enriquecimiento ilícito, pero investiga sus dólares

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro significativo. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, pero solicitó que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si hubo posibles delitos tributarios.

El planteo, que ahora deberá resolver el juez Ariel Lijo, modifica el eje de una causa que había puesto bajo análisis las propiedades, los gastos y las declaraciones juradas del exfuncionario. Aunque la evaluación de la fiscalía representa un resultado favorable para Adorni respecto de la sospecha inicial, no implica su sobreseimiento ni el cierre de la investigación.

En el centro del expediente aparecen movimientos patrimoniales por más de 400.000 dólares, operaciones inmobiliarias, préstamos privados y una explicación vinculada con inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada al Gobierno.

Los 400.000 dólares que quedaron en el centro de la investigación

La investigación se concentró en la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período durante el cual ocupó diferentes cargos dentro del Poder Ejecutivo.

Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por 402.578 dólares, de los cuales aproximadamente 374.000 fueron abonados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.

Estas cifras motivaron una serie de requerimientos para determinar si el exfuncionario podía justificar el origen de los fondos utilizados.

En su descargo, presentado en septiembre, Adorni respondió 20 pedidos de información relacionados con sus propiedades, préstamos, viajes, gastos familiares y operaciones financieras.

Sin embargo, el análisis de esa documentación llevó al fiscal a una conclusión que cambió el rumbo del expediente: las pruebas reunidas no permiten descartar que el dinero utilizado proviniera de actividades anteriores a su ingreso a la administración pública.

La explicación de Adorni: inversiones en Bitcoin y ganancias millonarias

Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que parte de los fondos utilizados por Adorni provenía de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.

Según su presentación, había destinado aproximadamente 200.000 dólares a la compra de Bitcoin y posteriormente obtuvo 591.544 dólares mediante la venta de esos activos, dinero que aseguró haber conservado en efectivo.

Para evaluar esa explicación, la fiscalía ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir sus movimientos.

Las pericias permitieron comprobar que las billeteras existían y habían registrado actividad durante el período señalado. También se verificó que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento de la revisión.

No obstante, los especialistas no pudieron establecer quién administraba esas direcciones durante los años investigados ni identificar completamente a las personas que participaron en las operaciones.

Pese a esas limitaciones, Pollicita consideró que los elementos disponibles no alcanzaban para desmentir la versión del exfuncionario.

El fiscal también evaluó los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y concluyó que la inversión inicial alegada no resultaba económicamente imposible, aunque tampoco pudo acreditarse de manera concluyente que las operaciones se hubieran desarrollado exactamente como las describió la defensa.

El nuevo frente judicial: una posible evasión tributaria

Aunque la hipótesis de enriquecimiento ilícito perdió sustento para la fiscalía, el análisis patrimonial abrió interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del exfuncionario.

Pollicita pidió que la causa sea remitida al fuero penal económico para determinar si existieron irregularidades vinculadas con la declaración de ingresos, la tenencia de dólares y las operaciones con criptomonedas.

Entre los aspectos que deberán examinarse aparecen posibles diferencias entre los movimientos registrados en plataformas digitales y las declaraciones tributarias, así como la incorporación de bienes y fondos mediante declaraciones juradas rectificativas presentadas después del inicio de la investigación.

También quedaron bajo análisis determinados préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo ser acreditada completamente.

El objetivo de esta nueva etapa será establecer si existieron maniobras de evasión relacionadas con el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

Por ahora, se trata de posibles irregularidades que deberán ser investigadas y no de delitos acreditados judicialmente.

Las propiedades y operaciones que despertaron sospechas

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y avanzó sobre distintas adquisiciones patrimoniales realizadas por Adorni.

Entre ellas figura una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024 por 120.000 dólares. Según la documentación incorporada al expediente, 100.000 dólares provinieron de un préstamo privado y los 20.000 restantes fueron abonados en efectivo.

Las reformas de esa vivienda también generaron diferencias entre las declaraciones: el contratista Matías Tabar aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que los trabajos habían costado 175.000 dólares.

Otra operación examinada fue la compra de un departamento en Caballito, concretada en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, mediante un pago de 30.000 dólares en efectivo y un financiamiento privado por los 200.000 restantes.

Además, el fiscal solicitó investigar por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y con el contratista Tabar.

También pidió remitir antecedentes al organismo profesional correspondiente para que evalúe la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones examinadas.

Qué debe resolver ahora la Justicia

El futuro inmediato de la investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá decidir si acepta el planteo de incompetencia formulado por Pollicita y dispone el traslado del expediente al fuero penal económico.

Si el magistrado hace lugar al pedido, un juzgado especializado deberá evaluar las operaciones financieras y determinar si existen elementos para avanzar por posibles delitos tributarios.

El cambio de competencia no equivale a una absolución ni supone que las sospechas iniciales hayan quedado definitivamente resueltas.

La diferencia es sustancial: mientras la investigación original buscaba establecer si Adorni había incrementado injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de la función pública, la nueva hipótesis apunta a determinar si los fondos y operaciones fueron correctamente declarados ante los organismos fiscales.

Así, el exjefe de Gabinete obtiene un alivio respecto de la acusación inicial, pero continúa bajo investigación por un aspecto central de su situación patrimonial: el tratamiento tributario del dinero que aseguró haber obtenido antes de ingresar al Gobierno.