Tenían empleo estable, el Gobierno eliminó su área y ahora enfrentan un futuro incierto

Durante años, sus puestos de trabajo estuvieron respaldados. Sin embargo, la eliminación del organismo en el que se desempeñaban cambió su situación laboral. Ahora, 16 trabajadores de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables enfrentan un escenario incierto: el Gobierno nacional los puso en disponibilidad y, si no consigue reubicarlos, podrían quedar definitivamente fuera de la administración pública.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mediante la Resolución 1942/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a empleados de planta permanente con estabilidad adquirida, que quedaron sin funciones tras la eliminación del área en enero de 2025.

Según el texto oficial, 14 trabajadores permanecerán en disponibilidad durante nueve meses y los otros dos tendrán un plazo de doce meses. Durante ese período podrán ser reubicados en otras dependencias estatales, aunque Economía ya anticipó que no encontró puestos compatibles con sus funciones.

La situación expone una de las consecuencias de la reorganización del Estado impulsada por la administración de Javier Milei: qué sucede con los trabajadores que cuentan con estabilidad laboral cuando desaparecen las dependencias en las que desarrollaban sus tareas.

El organismo desapareció y sus trabajadores quedaron sin destino

La historia comenzó en enero de 2025, cuando el Gobierno nacional eliminó la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables mediante el Decreto 3/2025, en el marco de una reestructuración de la administración pública.

El área dependía de la Secretaría de Transporte y tenía competencias vinculadas a la actividad portuaria y a las vías navegables. Entre sus trabajadores había personal embarcado, con funciones específicas que requieren conocimientos y experiencia relacionados con esas actividades.

Con la desaparición del organismo, los empleados de planta permanente quedaron en una situación particular: conservaban su vínculo laboral con el Estado, pero ya no contaban con la estructura administrativa en la que desarrollaban sus tareas.

A partir de entonces, correspondía evaluar posibles destinos dentro de otras dependencias públicas. Sin embargo, según informó la Dirección General de Recursos Humanos, no fue posible asignarles nuevas funciones dentro de la Secretaría de Transporte.

El argumento oficial es que las tareas de estos trabajadores están directamente relacionadas con competencias que ya no pertenecen a esa secretaría. Economía sostuvo, además, que no encontró vacantes compatibles que permitieran reubicarlos en otros sectores de la administración nacional.

De esta manera, más de un año y medio después de la eliminación del organismo, la situación de los 16 empleados derivó en su incorporación al régimen de disponibilidad.

De la estabilidad laboral a la posibilidad de perder el empleo

La particularidad del caso es que no se trata de trabajadores contratados de manera temporaria, sino de empleados de planta permanente que habían adquirido estabilidad dentro de la administración pública.

Esa condición les otorga una protección específica, aunque no impide que puedan ser alcanzados por procesos de reorganización estatal cuando se eliminan organismos, funciones o puestos de trabajo.

La Ley 25.164, que regula el empleo público nacional, contempla que los agentes con estabilidad puedan pasar a disponibilidad por un período máximo de doce meses.

Durante ese tiempo, el Estado puede evaluar alternativas de reubicación de acuerdo con las vacantes existentes y las características profesionales de cada trabajador.

En este caso, el Ministerio de Economía estableció dos plazos diferentes: nueve meses para 14 empleados y doce meses para los otros dos.

Si al finalizar esos períodos no se concreta una reubicación, la legislación prevé la posibilidad de extinguir el vínculo laboral con el pago de la indemnización correspondiente.

Por eso, aunque la decisión oficial no representa un despido inmediato, sí abre una etapa que podría terminar con la desvinculación definitiva de trabajadores que hasta ahora contaban con estabilidad en el sector público.

La renuncia a la protección sindical, otro dato de la resolución

La medida también incluye un aspecto particular relacionado con la representación gremial de los empleados afectados.

La reglamentación establece que los delegados sindicales con mandato vigente, o que todavía se encuentren dentro del período de tutela posterior a su mandato, no pueden ser incorporados al régimen de disponibilidad mientras mantengan esa protección.

Sin embargo, la resolución señala que el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento comunicó al Ministerio de Economía que los trabajadores incluidos en el anexo habían renunciado a la tutela sindical.

Esa circunstancia permitió avanzar con su incorporación al régimen de disponibilidad, sin que la protección gremial constituyera un impedimento administrativo.

La decisión también deja sin efecto las licencias sin goce de haberes, comisiones de servicios, adscripciones y asignaciones transitorias de funciones que hubieran sido otorgadas previamente al personal de la ex subsecretaría.

Un futuro abierto para 16 trabajadores en medio de la reducción del Estado

El caso se inscribe en el proceso de reorganización de la administración pública impulsado por el Gobierno nacional, que contempla la eliminación de dependencias, la redistribución de competencias y la reducción de estructuras estatales.

Pero detrás de la decisión administrativa aparece una situación concreta: 16 empleados que contaban con estabilidad laboral deberán atravesar ahora un período en el que se definirá si pueden continuar trabajando para el Estado.

El Ministerio de Economía deberá notificarlos individualmente para formalizar su incorporación al régimen de disponibilidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en 2024.

Desde entonces, los plazos fijados por la resolución marcarán el horizonte de una eventual reubicación o desvinculación.

La eliminación de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables ya es un hecho consumado desde enero de 2025. Lo que todavía permanece sin resolver es el destino laboral de quienes formaban parte de ella.

Para esos 16 trabajadores, la reorganización del Estado dejó de ser únicamente una modificación del organigrama: ahora también pone en juego la continuidad de sus empleos.