El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó este viernes que no hay pruebas suficientes para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito y pidió que la causa pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar si el exjefe de Gabinete evadió impuestos. El dictamen, de 38 páginas, quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.
La conclusión se apoya en la explicación que Adorni presentó el 20 de septiembre: que los dólares que declaró tarde salieron de operaciones con bitcoin hechas entre 2014 y 2018, antes de llegar al Gobierno, y que le dejaron USD 591.544,61. Según Pollicita, esa versión “no pudo ser desvirtuada”.
Esa sola explicación, sin embargo, alcanzó también a otras preguntas que el propio fiscal le había hecho a Adorni en agosto y que ahora aparecen en el dictamen con otro nombre.
El 10 de agosto, Pollicita había intimado a Adorni a justificar 20 puntos de su patrimonio. En la página 29 del dictamen enumera, entre otras, nueve de esas observaciones: la compra de una Jeep Compass; una partida de $10.211.200 declarada como herencia o donación; deudas con el Banco Galicia que figuraban en la declaración jurada inicial y después desaparecieron; los consumos de Silvia Pais como usuaria adicional de sus tarjetas; pagos hechos por terceros por cuenta del matrimonio; comprobantes informados ante ARCA sin pago que los respalde; honorarios de escribanía facturados por completo a su esposa, Bettina Angeletti; el lote 380 del country Indio Cuá, primero a nombre exclusivo de ella y luego declarado en partes iguales, y la diferencia en la valuación de las mejoras del departamento de Miró 550.
Sobre todas, la conclusión es la misma: “Explicado el núcleo del incremento patrimonial, esas observaciones quedan reducidas a incumplimientos formales”, que “no revelan un ingreso de fuente desconocida originado durante el ejercicio del cargo”.
La cuenta que sostiene ese razonamiento está en la página 13. Si se da por válido que el bitcoin dejó USD 591.544, el monto cubre los USD 402.578 que el matrimonio gastó en dólares durante la gestión, el 92,9% en efectivo, y la diferencia de $43.068.549 entre ingresos y gastos. Esos desajustes, dice el dictamen, “se verían absorbidos”.
Las dudas, de todos modos, no desaparecen. El fiscal aclaró que subsisten “con relevancia penal en función de una posible ocultación de ingresos y bienes frente al fisco”. Ya no se las mira como pistas de corrupción, sino como posibles irregularidades impositivas.
Pollicita menciona “el accionar errático” de Adorni y “el carácter novedoso y hasta entonces poco verosímil” de su explicación, que apareció recién al responder la intimación. También recuerda que el 29 de abril, ante la Cámara de Diputados, había asegurado que “nunca existió ocultación alguna”.
El 1 de octubre, una verificación con la Policía Federal confirmó que hoy la defensa tiene las claves de las ocho billeteras. Pero el informe del Departamento Técnico Cibercrimen marcó un límite: una firma válida “no fecha cuándo comenzó ese acceso ni demuestra exclusividad”. Tampoco apareció forma de probar que otra persona las manejara entre 2014 y 2018. Sin pruebas en un sentido ni en otro, el fiscal concluyó que no podía refutar la versión de Adorni.
El fiscal no tenía que acreditar nada. Es un delito que invierte la carga de la prueba. Feliciten al contador por lo que dibujó en tantas prórrogas y declaren hoy dia 28 de Diciembre. https://t.co/P9kdxBvgIe
— Monica Frade (@MonicaFradeok) November 6, 2026
“ES JODA. Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos”, escribió el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Mónica Frade, diputada del mismo partido, sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada” porque “es un delito que invierte la carga de la prueba”.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), apuntó al momento: “Con el país mirando la llegada del Papa, el fiscal pide que la causa Adorni deje de ser enriquecimiento ilícito y pase a ser un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”.
No vamos a dejar que caiga la causa Adorni porque corresponde hacer justicia. Esta maniobra tiene nombre y apellido: Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia de la Nación. Intenta cerrarle todas las causas a este gobierno. https://t.co/WbODhULAdt
— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 6, 2026
La decisión es de Lijo. Si acepta el pedido, el expediente se sorteará entre los juzgados del fuero Penal Económico, que analizarán si hubo evasión en impuestos como Ganancias o Bienes Personales. Si lo rechaza, la causa seguirá en Comodoro Py, donde empezó por una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
En ese fuero rige la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal: la evasión simple solo es delito si supera los $100 millones por impuesto y por año, y una causa iniciada puede cerrarse, por única vez, pagando la deuda, los intereses y un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles posteriores a la imputación.
Pollicita también pidió investigar por separado a los desarrolladores Leandro Miano y Pablo Feijoo y al contratista Matías Tabar, y que el Colegio Público de Escribanos porteño analice el papel de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.