Paraguay vivió este viernes 6 de noviembre de 2026 una jornada de cambios políticos y judiciales con la asunción de Pedro Alliana como nuevo presidente de la República y la detención de Santiago Peña, destituido horas antes mediante un juicio político. La Policía Nacional arrestó al exmandatario en su residencia de Asunción, por disposición del Ministerio Público, en una investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos vinculados con la crisis de Ueno Bank. La sucesión presidencial y la captura del antiguo jefe de Estado se produjeron prácticamente en simultáneo, en medio de protestas ciudadanas y cuestionamientos por el destino de recursos públicos depositados en la entidad financiera.
Alliana prestó juramento a las 19:45, hora paraguaya y argentina, ante una sesión solemne del Congreso Nacional, después de que los 44 senadores presentes aprobaran la destitución de Peña por mal desempeño de sus funciones. Apenas veinte minutos después, alrededor de las 20:05, efectivos policiales formalizaron la detención del expresidente en su domicilio. El nuevo mandatario, integrante del Partido Colorado y vicepresidente desde agosto de 2023, quedó al frente del Poder Ejecutivo para completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028. La jornada también culminó con la designación de Antonio Barrios como vicepresidente.
La captura de Santiago Peña se produjo luego de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción emitiera la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, correspondiente a la causa penal 92/2026. La orden fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional mediante la Nota N.º 97 y estableció que el expresidente debía permanecer bajo custodia en su vivienda hasta quedar a disposición del Ministerio Público. Los agentes se presentaron en la residencia del exmandatario para notificarlo formalmente de la medida. Su situación corresponde a una detención domiciliaria inicial, no a una condena penal ni a un traslado confirmado a un establecimiento penitenciario.
La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, contra quien la Fiscalía emitió una orden de detención en el mismo expediente. Los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González y Ruth Benítez investigan posibles responsabilidades relacionadas con la supervisión de Ueno Bank, el manejo de recursos estatales y las decisiones que precedieron a la crisis financiera. En el caso de Peña, la comparecencia ante el Ministerio Público quedó prevista para el sábado 7 de noviembre a las 11:00, cuando podrá declarar o acogerse a su derecho de guardar silencio. La imputación constituye una acusación formal que deberá ser examinada por la Justicia.

La destitución presidencial fue el resultado de una crisis que se aceleró durante las últimas 48 horas. El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia, en un intento de poner fin a la presión política que había desencadenado el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Sin embargo, la dimisión no consiguió completar el trámite de aceptación en el Congreso por falta de cuórum. La Cámara de Diputados había aprobado la acusación para someter al mandatario a juicio político con 78 votos, lo que permitió que el Senado continuara examinando las responsabilidades atribuidas al jefe de Estado.
Posteriormente, Peña modificó su estrategia y decidió defenderse en el proceso parlamentario. Sus representantes solicitaron una prórroga de 72 horas para preparar sus argumentos, pero la Cámara Alta no concedió el plazo requerido y avanzó con el juicio político. El expresidente no compareció personalmente ante los senadores y fue representado por sus abogados, quienes cuestionaron las condiciones del procedimiento. Finalmente, los 44 integrantes presentes del Senado respaldaron su destitución, lo que produjo la vacancia definitiva de la Presidencia y dejó al antiguo mandatario sin las inmunidades asociadas al ejercicio del cargo. La Fiscalía avanzó entonces con la orden de detención.
El caso Ueno Bank constituye el principal antecedente de la caída del Gobierno. La entidad, que había alcanzado aproximadamente 2,94 millones de clientes, entró en un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central después de registrar graves problemas de solvencia. La crisis generó restricciones para acceder a depósitos, incertidumbre entre los ahorristas y preocupación por los recursos que distintas instituciones públicas habían colocado en el banco. Las denuncias parlamentarias también señalaron las relaciones empresariales que Santiago Peña había mantenido con sociedades vinculadas al grupo financiero y reclamaron investigar las decisiones de los organismos encargados de supervisar sus operaciones.
Las consecuencias trascendieron el sistema bancario y llegaron a las calles de Asunción, donde grupos de manifestantes exigieron respuestas sobre la recuperación de sus ahorros y las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados. Durante las protestas del jueves se registraron enfrentamientos con la Policía y detenciones de manifestantes. Paralelamente, el Banco Central comenzó a implementar un mecanismo escalonado de devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. La primera etapa comprende a clientes que cumplen condiciones específicas, entre ellas disponer de depósitos de hasta 10 millones de guaraníes y no mantener deudas con la entidad. La situación de los fondos públicos sigue siendo objeto de investigación.
DETIENEN A SANTIAGO PEÑA ➡El fiscal Cristian Benitez señaló que el juez penal de garantías determinará dónde guardará reclusión, de momento estará detenido en su domicilio. 🚨EN VIVO https://t.co/iKji30rnIX https://t.co/tbwev3ML1m
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 6, 2026
La reorganización institucional continuó después de la jura de Alliana. El Congreso eligió por unanimidad a Antonio Barrios como nuevo vicepresidente de Paraguay para completar el período 2023-2028. El dirigente colorado, que anteriormente ejerció como ministro de Salud y ocupaba una banca en el Senado, presentó su renuncia al cargo legislativo antes de prestar juramento. Guadalupe Aveiro asumió el escaño que dejó vacante. De esta manera, el Poder Ejecutivo quedó nuevamente integrado por un presidente y un vicepresidente, sin que fuera necesaria una convocatoria a elecciones generales anticipadas.
En su primer discurso presidencial, Alliana anunció medidas para reducir gastos superfluos del Estado y prometió atender de manera prioritaria a los ahorristas afectados por Ueno Bank. También exigió resultados concretos a los integrantes de su futura administración y planteó que la transparencia será uno de los compromisos centrales del Gobierno. Sin embargo, la detención de Santiago Peña y la investigación contra otras autoridades mantienen abierta una crisis que supera el cambio de mando. Paraguay inicia una nueva etapa con su expresidente bajo custodia policial, un nuevo equipo al frente del Ejecutivo y numerosas preguntas todavía pendientes sobre la administración del sistema financiero y las responsabilidades políticas.