por Redacción NewsDigitales
El oficialismo ya activó su modo campaña 2027 y está enfocado en las elecciones presidenciales del próximo año. Quedan unas cuatro semanas de sesiones en el ámbito legislativo y en estos días, la cadena agroindustrial tiene en mente ese viejo axioma de la política, que dice que en año electoral no se resuelven cuestiones legislativas.
En materia de leyes para el sector agroindustrial, todo parece indicar que el Congreso nacional finalizará el año sin definir dos temas sensibles para el sector, como son biocombustibles y semillas.
En el caso puntual de los biocombustibles, la media sanción obtenida en el Senado no tuvo una réplica veloz en la Cámara Baja y en el camino comenzaron a aparecer los obstáculos. El principal escollo para sancionar esta ley radica en el biodiésel, a partir de los cuestionamientos de las pymes, para competir frente a los grandes jugadores del negocio.
Y en las últimas semanas, las pymes sumaron un aliado como mínimo inesperado, como es el caso de legisladores del PRO, radicales y algunos bloques provinciales, que en su momento habían sumado sus voluntades al borrador que proponía La Libertad Avanza.
Uno de los actores que sigue de cerca este debate -y participa activamente- es la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que trabaja con las grandes productoras y exportadoras de granos y subproductos en Argentina.
En diálogo con NewsDigitales, el titular de la entidad, Gustavo Idígoras, analizó que uno de los borradores de dictamen -discutidos en las comisiones de Energía, Agricultura y Presupuesto- tiene números suficientes para avanzar.
El tema es el segundo borrador que circula, impulsado por el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo. En este caso, apuntan a elevar a 11% el corte de biodiésel con gasoil -un 1% más que la iniciativa oficial-, que las integradas tengan un 5% de corte -el borrador de LLA propone 4%- y extender esa condición hasta 2038.
Es imperioso que los legisladores tomen cartas en el asunto y aborden esta iniciativa rápidamente, que brinda mejores oportunidades de precios para los productores agrícolas de todo el país así como para el consumidor de combustibles de calidad ambiental y a valores competitivos, en un contexto geopolítico donde todos los países construyen estrategias de soberanía energética basadas en sus recursos renovables, y Argentina tiene instalada la capacidad industrial para abastecer toda la demanda de biocombustibles y crecer, con más empleo en todo el país. Urge evitar que la media sanción del Senado, que costó mucho consenso entre los gobernadores y todos los sectores involucrados, se congele por el próximo proceso electoral. Legisladores: sean conscientes del rol que el pueblo les confirió y aprueben esta modificación a una ley imprescindible para transformar nuestro país.
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) November 6, 2026
“Ese dictamen de minoría si bien no tiene los números suficientes, tiene mucho ruido porque Ritondo es un socio estratégico del Gobierno”, señaló Idígoras. De esta manera y con cuatro semanas para que finalice el período legislativo 2026, el futuro de la ley de biocombustibles quedó atrapada en medio de un intenso debate legislativo.
Todos los caminos legislativos conducen a diciembre, que será cuando el proyecto perderá estado parlamentario, salvo que el Gobierno lo incluya en la lista de sesiones extraordinarias y se busque aprobar esta ley entre enero y marzo. Al referirse al ánimo de la industria exportadora, Idígoras sostuvo que "hay bastante desilusión, porque se suponía que después del Senado, que salió una ley consensuada por todos los senadores, nos encontramos ahora en Diputados con una conversación que empieza de cero, nos preocupa mucho".
De acuerdo a lo que pudo observarse en la última sesión legislativa en donde se abordó este tema, el Gobierno quiere cerrar la discusión, pero necesita los votos. Durante el debate, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Velle, defendió la iniciativa oficial y cuestionó el funcionamiento del régimen actual.
Según planteó, la actual normativa vigente -la Ley 27.640- tiene “un déficit de origen” que la volvió muchas veces impracticable y, lejos de impulsar el desarrollo de los biocombustibles, terminó desalentando inversiones. El funcionario sostuvo que la propuesta del Ejecutivo apunta a promover “la eficiencia, la competitividad y alentar inversiones hacia un mercado eficiente, desregulado y libre”.
También reconoció que el Senado introdujo modificaciones respecto del proyecto original y que el Gobierno no estaba completamente conforme con ellas, aunque las aceptó para alcanzar consensos. La posición oficial quedó sintetizada en una frase: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.