La Argentina de fines del siglo XIX atravesaba una transformación política, social y cultural profunda. Mientras el Estado nacional avanzaba en la organización de sus instituciones, también crecía la disputa por los límites entre el poder civil y la autoridad de la Iglesia católica. En ese escenario, el presidente Julio Argentino Roca tomó una decisión de fuerte impacto diplomático: el 14 de octubre de 1884 ordenó la expulsión del delegado apostólico de la Santa Sede, monseñor Luis Matera. El episodio ocurrió durante el papado de León XIII.
El episodio abrió una etapa de distanciamiento que dejó a la Argentina sin representación diplomática pontificia durante más de quince años. Las relaciones se restablecieron en 1900, durante la segunda presidencia de Roca. Detrás de aquella crisis se encontraba una discusión de fondo: quién debía tener la última palabra en materias como la educación, el registro de las personas y la organización institucional del país.
Uno de los principales focos de tensión fue la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, en julio de 1884. La norma estableció la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y gradual, y dispuso que la instrucción religiosa se impartiera fuera del horario de clases, por ministros autorizados de los distintos cultos.
La reforma formaba parte del proyecto de construcción de un Estado nacional capaz de integrar a una sociedad que cambiaba aceleradamente por la inmigración. Para los sectores católicos más enfrentados con el Gobierno, en cambio, la exclusión de la enseñanza religiosa del horario escolar obligatorio representaba un avance sobre las atribuciones históricas de la Iglesia.
La tensión tuvo uno de sus episodios más visibles en Córdoba. El vicario capitular Jerónimo Emiliano Clara cuestionó la Escuela Normal de esa provincia, donde trabajaban maestras estadounidenses de confesión protestante. La controversia incluyó advertencias a las familias para que no enviaran a sus hijos a la institución y derivó en un enfrentamiento con las autoridades nacionales.
En medio de esa disputa, Luis Matera, representante de la Santa Sede en la región, quedó involucrado en el conflicto. Su intervención en el episodio de la Escuela Normal de Córdoba y sus diferencias con las autoridades argentinas agravaron el enfrentamiento.
El Gobierno consideró que el delegado pontificio había excedido los límites de su función diplomática al intervenir en una controversia vinculada con decisiones de las autoridades nacionales. La discusión también expresaba una diferencia más profunda: la pretensión del Estado de ejercer su autoridad dentro del territorio argentino sin admitir interferencias externas en sus decisiones institucionales.

La respuesta llegó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Eduardo Wilde. Por orden del presidente Roca, el funcionario comunicó a Matera que debía abandonar el país.
La decisión se concretó el 14 de octubre de 1884. El delegado apostólico recibió sus pasaportes y un plazo de 24 horas para salir del territorio nacional. De acuerdo con un informe diplomático estadounidense de la época, Matera recibió la comunicación a las tres de la tarde y partió hacia Montevideo al día siguiente, a la misma hora. La expulsión provocó la interrupción de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y la Santa Sede. Sin embargo, el Gobierno de Roca intentó presentar la medida como una respuesta a la conducta personal del representante pontificio y no como una ruptura definitiva con el papado.
Once días después de la expulsión, el 25 de octubre de 1884, el Congreso sancionó la Ley 1565, que estableció oficinas del Registro del Estado Civil de las Personas en la Capital y los territorios nacionales. La medida profundizó el proceso por el cual el Estado comenzó a asumir funciones que hasta entonces habían estado vinculadas con los registros parroquiales.
La interrupción se prolongó hasta el segundo mandato presidencial de Roca. El 15 de enero de 1900 llegó a la Argentina monseñor Antonio Sabatucci, enviado por la Santa Sede como internuncio apostólico. Su llegada marcó la reanudación de las relaciones diplomáticas, luego de más de quince años de distanciamiento. Curiosamente, el presidente argentino era Julio Argentino Roca y el Sucesor de Pedro era León XIII. Mismos protagonistas, muchos años después.
El restablecimiento no significó que hubieran desaparecido las diferencias entre la Iglesia y el Estado. La Argentina había avanzado en la organización de sus instituciones civiles y la relación con la Santa Sede ingresó en una nueva etapa, bajo un esquema distinto del que había prevalecido durante buena parte del siglo XIX.

La expulsión de Matera fue mucho más que un episodio de tensión diplomática. Expuso el conflicto entre dos autoridades que disputaban espacios de influencia en una sociedad en transformación y dejó una marca duradera en la relación entre el Estado argentino y la Iglesia católica.