Sin acuerdo por el Presupuesto 2027: qué fondos están en juego para provincias y universidades

El Presupuesto 2027 entró en una etapa decisiva en el Congreso, donde el Gobierno deberá acercar posiciones con los bloques dialoguistas para conseguir los votos que le permitan avanzar con el proyecto. Los principales reclamos están vinculados con los recursos para las prestaciones por discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior.

Las negociaciones se retomarán en los próximos días, luego del impasse provocado por las elecciones en Estados Unidos y la visita del papa León XIV, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita llevar la iniciativa al recinto el 25 de noviembre.

El calendario es ajustado. El 20 de noviembre vence el plazo para firmar los dictámenes que habilitan el tratamiento en sesiones ordinarias. Por eso, el oficialismo busca conseguir el dictamen el 17 de noviembre y descarta por ahora la posibilidad de tratar el proyecto el 18.

Qué reclaman los bloques aliados

Los pedidos de los distintos espacios tienen algunos puntos en común. Uno de los principales es una rebaja del Impuesto a los Combustibles, cuya recaudación, según los legisladores, no se estaría destinando de manera suficiente a los objetivos para los que fue creado.

Entre esos destinos se encuentran el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior. A este reclamo se suman la necesidad de garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad y un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

Los bloques dialoguistas también ponen el foco en la Jurisdicción 91, que concentra unos $14 billones sin una asignación específica y está destinada a atender determinadas contingencias financieras. Los legisladores consideran que allí existe margen para incorporar parte de sus pedidos.

Las diferencias entre PRO, UCR y los bloques provinciales

El PRO plantea garantizar los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para huevos y derivados y establecer mecanismos que permitan cumplir con los plazos y las tarifas de las obras públicas en las rutas nacionales.

Sobre los recursos porteños, el oficialismo considera que la cuestión puede resolverse mediante una negociación entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

La UCR, por su parte, reclama eliminar cuatro artículos del proyecto vinculados con distintas áreas. El financiamiento universitario es otro de los puntos de conflicto: el Presupuesto contempla $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman elevar esa cifra a $11 billones. El principal negociador radical es el mendocino Lisandro Nieri, exfuncionario de Alfredo Cornejo.

Los bloques provinciales suman sus propios pedidos. Reclaman mayores subsidios para el transporte del interior, continuidad de obras públicas ya acordadas y un aumento de los recursos destinados a compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación.

El Gobierno prevé destinar $503.000 millones a esas 13 cajas previsionales, pero los distritos consideran que el monto es insuficiente. Además, los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba impulsan el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Cuándo se definirá el Presupuesto 2027

La negociación será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Los tres participaron de la última reunión con los bloques aliados, que terminó sin acuerdo y obligó a postergar la firma del dictamen.

El oficialismo apunta ahora a cerrar las diferencias y obtener dictamen el 17 de noviembre, para llevar el proyecto al recinto el 25, apenas cinco días antes del cierre del período de sesiones ordinarias. Si no logra avanzar dentro de ese calendario, el tratamiento podría quedar para sesiones extraordinarias a partir del 1 de diciembre.

El proyecto contempla gastos consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones para 2027. El Gobierno proyecta además una inflación anual del 21,3%, un dólar de $1.847 para diciembre y un crecimiento del consumo privado del 3,4%.

La discusión política, sin embargo, estará concentrada en cómo se distribuyen esos recursos y cuánto está dispuesto a modificar el oficialismo para garantizar el acompañamiento parlamentario. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, los bloques que hasta ahora acompañaron buena parte de las iniciativas del Gobierno llegan a la negociación con mayores demandas para sus provincias y sectores de referencia.