El rey de Malasia desafía a la Fiscalía por un ex primer ministro preso

Una propiedad de unos 4.559 metros cuadrados fue convertida legalmente en una prisión en Kuala Lumpur. Sin embargo, su propietario, el ex primer ministro Najib Razak, continúa recluido en la cárcel de Kajang. El intento de trasladarlo a su residencia abrió un enfrentamiento público entre el rey de Malasia, Ibrahim Iskandar, y la Fiscalía, que exige aclaraciones antes de ejecutar la medida.

El monarca advirtió el sábado 7 de noviembre que cuestionar su decisión podría interpretarse como una desobediencia a la Corona. Afirmó que el indulto concedido en septiembre era claro y que sus condiciones ya estaban cumplidas. La Fiscalía respondió que no desconoce la autoridad real: sostiene que necesita una resolución judicial para determinar cómo aplicar el beneficio sin contradecir otra sentencia.

Najib Razak, primer ministro de Malasia entre 2009 y 2018, permanece encarcelado desde 2022 por corrupción. Una segunda condena de 15 años complica su posible traslado al domicilio.

Una casa convertida en prisión

La historia tuvo un giro inesperado el viernes. El Ministerio del Interior declaró oficialmente como prisión la vivienda de Razak, situada en el barrio de Taman Duta, mediante una disposición publicada en el boletín oficial. La propiedad abarca unos 4.559 metros cuadrados. Aunque estaba preparada legalmente para recibir al exmandatario, el traslado fue suspendido y él permaneció en el establecimiento penitenciario.

Ese mismo día, su partido, la Organización Nacional de Malayos Unidos, pagó una multa de 50 millones de ringgit, aproximadamente 12 millones de dólares. Era una condición fijada por Ibrahim Iskandar para permitirle cumplir bajo arresto domiciliario el resto de una condena que vence en agosto de 2028. Un tribunal había autorizado la salida, pero la Fiscalía pidió frenar su ejecución.

La residencia de Najib Razak en Kuala Lumpur fue declarada oficialmente un establecimiento penitenciario. Sin embargo, la Fiscalía suspendió su traslado mientras se aclara la situación de sus condenas.

La corrupción millonaria y otra condena de 15 años

Razak gobernó entre 2009 y 2018 y está preso desde 2022 por delitos vinculados con SRC International, una antigua filial del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad. Los investigadores estimaron que unos 4.500 millones de dólares fueron desviados del fondo, conocido como 1MDB. Su primera condena era de 12 años, aunque un indulto anterior, concedido en 2024, la redujo a seis.

El problema es que en diciembre de 2025 recibió otra pena de 15 años de prisión por un expediente distinto relacionado con 1MDB. La sentencia, que el exgobernante apeló, debe comenzar al terminar la primera. Por eso, los fiscales buscan establecer si el pago de la multa cerró la condena inicial o si esta continúa hasta 2028, aunque se cumpla en su domicilio.

El primer ministro Anwar Ibrahim quedó en el centro de la disputa institucional y dispuso que el fiscal general solicitara una audiencia con el rey para explicar los obstáculos legales.

Una disputa que también sacude al Gobierno

El caso también sacudió al Gobierno. El primer ministro, Anwar Ibrahim, dispuso que el fiscal general solicitara una audiencia con el rey para explicar las dificultades legales. Mientras tanto, Anthony Loke, ministro de Transporte y dirigente de uno de los partidos de la coalición oficialista, anunció que renunciará cuando Razak llegue a su casa, en rechazo al beneficio concedido.

La tensión es particularmente delicada porque Malasia tiene una monarquía constitucional singular: nueve gobernantes regionales se turnan para ocupar el trono nacional. El soberano ejerce funciones mayormente ceremoniales, pero la Constitución le reconoce facultades para conceder indultos. Ahora, mientras la vivienda de Razak ya tiene estatus de cárcel, una interpretación judicial pendiente define dónde deberá cumplir su pena y cuándo empezará la siguiente.