Presupuesto 2027: los aliados de Milei endurecen sus reclamos y complican el acuerdo

Las negociaciones por el Presupuesto 2027 volverán a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria durante los próximos días. El Gobierno de Javier Milei necesita alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas para avanzar con la aprobación del proyecto de gastos y recursos, pero una serie de reclamos de sus aliados mantiene trabado el entendimiento y amenaza con complicar los tiempos legislativos.

Los principales puntos de conflicto están vinculados con el financiamiento de las prestaciones por discapacidad, el incremento de las partidas para las universidades nacionales y los subsidios al transporte público del interior del país. A esas demandas se suman los pedidos por obras públicas, fondos previsionales provinciales y modificaciones impositivas que distintos espacios consideran indispensables para acompañar la iniciativa.

Luego de una pausa en las conversaciones, motivada por las elecciones en Estados Unidos y la visita del papa León XIV a la Argentina, el oficialismo y los bloques opositores que habitualmente respaldan sus proyectos retomarán las discusiones con el objetivo de acercar posiciones y conseguir dictamen.

El calendario representa una dificultad adicional para el Gobierno. El 20 de noviembre vence el plazo para firmar dictámenes si pretende que el Presupuesto pueda tratarse durante el período de sesiones ordinarias. En ese escenario, el oficialismo trabaja con la posibilidad de obtener dictamen el 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 25, apenas cinco días antes de que finalice el período ordinario.

La alternativa, en caso de no conseguir los consensos necesarios, sería postergar el debate para las sesiones extraordinarias, que el Poder Ejecutivo puede convocar a partir del 1 de diciembre.

Los reclamos que frenan el acuerdo con los aliados

Aunque los diferentes bloques dialoguistas tienen demandas particulares relacionadas con las necesidades de sus provincias y distritos, existe una serie de planteos que atraviesa las negociaciones y que el oficialismo todavía no consiguió resolver.

Uno de los reclamos compartidos es la rebaja del Impuesto a los Combustibles. Los legisladores cuestionan que la recaudación de ese tributo no se destine efectivamente a los objetivos para los cuales fue creado, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la transferencia del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

En ese sentido, los representantes provinciales advierten sobre las dificultades que atraviesan los sistemas de transporte público fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reclaman una distribución más equitativa de los recursos nacionales.

Otro de los puntos centrales es la necesidad de garantizar el financiamiento de las prestaciones por discapacidad. Los bloques aliados pretenden que el Presupuesto contemple partidas suficientes para sostener los servicios y las prestaciones destinadas a ese sector, en un contexto en el que el financiamiento estatal se convirtió en uno de los principales focos de discusión política.

También aparece el financiamiento universitario. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla una asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman elevar ese monto a $11 billones. La diferencia de casi $3,7 billones constituye uno de los obstáculos más importantes para alcanzar un entendimiento.

Los legisladores consideran que estos compromisos deben quedar expresamente contemplados en la distribución de los recursos y no depender de futuras decisiones administrativas del Ejecutivo.

En paralelo, los bloques aliados sostienen que existe margen para atender sus pedidos dentro de la estructura presupuestaria. En particular, ponen la mirada sobre la Jurisdicción 91, que cuenta con aproximadamente $14 billones sin una asignación específica y está destinada a cubrir determinadas contingencias financieras.

Qué pide el PRO para acompañar el Presupuesto

Dentro de los espacios que mantienen negociaciones con el oficialismo, el PRO también presentó una serie de exigencias vinculadas con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, cuestiones impositivas y el financiamiento de las obras públicas.

Uno de los principales planteos apunta a garantizar los fondos de coparticipación correspondientes al distrito porteño. Sin embargo, desde el Gobierno consideran que esa discusión podría resolverse por una vía paralela, mediante conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Además, el partido reclama una reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicada a los huevos y sus derivados. La propuesta consiste en bajar la carga impositiva del 21% al 10,5%, con el argumento de aliviar los costos de un producto de consumo masivo.

El PRO también pretende incorporar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos y las tarifas comprometidas para las obras públicas en las rutas nacionales. Se trata de un reclamo que tiene especial importancia para los distritos que dependen de la infraestructura vial nacional para el transporte de la producción y la conexión entre localidades.

La UCR y las universidades, otro frente de negociación

La Unión Cívica Radical (UCR) también mantiene diferencias con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Entre sus planteos figura la eliminación de cuatro artículos del texto presupuestario, una exigencia que comparte con otros sectores dialoguistas.

El financiamiento de las universidades nacionales aparece como uno de los temas más sensibles para el radicalismo, que viene reclamando mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones educativas.

El principal interlocutor de ese espacio en las conversaciones es el diputado mendocino Lisandro Nieri, quien tiene a su cargo la articulación de los planteos radicales frente al oficialismo.

La distancia entre los $7,3 billones previstos por el Gobierno y los $11 billones solicitados por los rectores representa una diferencia significativa que deberá resolverse si el Ejecutivo pretende conseguir un respaldo más amplio en Diputados.

Los bloques provinciales reclaman obras y fondos previsionales

Los espacios provinciales también endurecieron sus posiciones y buscan que el Presupuesto contemple compromisos que consideran fundamentales para las economías regionales.

Además de los subsidios al transporte del interior, reclaman que se reactiven las obras públicas que ya habían sido acordadas con la Nación y que se incrementen los recursos destinados a compensar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales.

El Gobierno proyectó destinar $503.000 millones a las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación, pero las administraciones involucradas consideran que ese monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades del sistema.

Lisandro Nieri, legislador mendocino por la UCR

A esos planteos se suma un reclamo de carácter productivo. Los gobernadores de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) exigen que se retome el debate de la Ley de Biocombustibles.

La iniciativa quedó frenada durante la semana anterior por un reclamo de legisladores bonaerenses, lo que abrió otro frente de discusión entre las provincias y el Congreso.

El pedido refleja la intención de los mandatarios de conseguir herramientas legislativas que favorezcan a las actividades productivas de sus distritos, en particular a las economías vinculadas con la producción agroindustrial.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

Más allá de las diferencias políticas, el proyecto presentado por el Gobierno establece las principales previsiones económicas y fiscales para el próximo año. La iniciativa contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Ejecutivo.

Por el lado de los ingresos, los recursos consolidados se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%. La recaudación tributaria y las contribuciones a la seguridad social constituyen las principales fuentes de financiamiento previstas.

En materia macroeconómica, el Gobierno proyecta una inflación del 21,3% para 2027 y estima que el dólar alcanzará los $1.847 a fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

El documento también prevé un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante el próximo año, mientras que para el consumo público calcula una expansión más moderada, del 0,6%.

En cuanto a la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales alcanzarían los $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

La estrategia del Ejecutivo consiste en sostener el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario, dos de los ejes centrales de la política económica de Milei. Sin embargo, las exigencias de sus aliados obligan a abrir una discusión sobre la distribución de los recursos y las prioridades presupuestarias.

Martín Menem encabeza las negociaciones para llegar al recinto

La responsabilidad de acercar posiciones quedó en manos de las principales autoridades parlamentarias de La Libertad Avanza. Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni; y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

Los tres participaron del último encuentro con los bloques dialoguistas, que terminó sin un acuerdo y obligó a postergar la firma del dictamen.

El escenario también está atravesado por las expectativas electorales de 2027. Los espacios que hasta ahora acompañaron buena parte de las iniciativas del Gobierno buscan mostrar mayor capacidad de negociación y defender los intereses de sus provincias y sectores políticos.

De esta manera, el Presupuesto se convirtió en una prueba política para el oficialismo, que necesita sostener el respaldo parlamentario sin alterar los principales lineamientos de su programa económico.

La reanudación de las negociaciones después de la visita del papa León XIV será determinante para definir si el Gobierno consigue reunir los votos necesarios. Con el 17 de noviembre como fecha de referencia para el dictamen y el 25 como objetivo para el tratamiento en el recinto, Milei enfrenta una carrera contrarreloj para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y evitar que las diferencias con sus propios aliados trasladen el debate a las sesiones extraordinarias.

ND