por Redacción NewsDigitales
El Senado encara las últimas sesiones ordinarias del año con dos proyectos a punto de sancionarse: el Tratado de Patentes, que impulsa la Casa Rosada, y una nueva ley de discapacidad que reclama la oposición. Si ambos avanzan, la atención pasará al Poder Ejecutivo, que tendría la posibilidad de aplicar un veto parcial o total.

La agenda parlamentaria quedó condicionada por la visita papal y por el Día del Empleado Legislativo. Por eso, la Cámara alta buscaría ir al recinto los jueves 19 y 26 de noviembre, aunque las fechas y los temas todavía no están confirmados.
El primer proyecto fue dictaminado en octubre por las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria. Activa el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién lo votó en agosto, pero con cambios, por lo que el texto volvió a la Cámara alta para una segunda revisión.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, que sigue el tema de cerca. También figura entre los compromisos de los convenios del Mercosur con la Unión Europea y con la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

En Diputados, el Gobierno quiso acelerar el texto original, pero chocó con la postura de los laboratorios locales. Como resultado, se dejó “en reserva” el capítulo II, que implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.
Desde ese sector advirtieron sobre el “evergreening” (reverdecimiento): una práctica de laboratorios multinacionales que consiste en usar el examen preliminar internacional del capítulo II para impulsar cambios menores en medicamentos ya existentes y extender de forma artificial un eventual monopolio.
El segundo eje es la ley de discapacidad, sobre la que la oposición ya adelantó que no hay margen para postergar. En Diputados, el oficialismo acompañó el articulado que impusieron los bloques opositores, entre ellos kirchneristas y dialoguistas, con el objetivo de no afectar al presidente de la Cámara, Martín Menem.
Con el proyecto ya en el Senado, la Casa Rosada buscó introducir modificaciones, aun cuando la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había acordado con todas las fuerzas respetar el texto aprobado en Diputados. Esa señal contradictoria entre Balcarce 50 y su propio bloque es la que ahora define el escenario: de sancionarse, Javier Milei podrá decidir si veta la norma total o parcialmente.
Para el martes 17 y el miércoles 18 hay audiencias fijadas por pliegos judiciales, que podrían llegar al recinto el 26. Eso depende de que el Gobierno envíe las ternas que reclamaron los aliados para distintos cargos. También avanza el proyecto de cabotaje, que recién comenzó su debate y cuyo dictamen todavía busca las firmas necesarias. Además, el miércoles 25 el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará su primer informe de gestión en el Senado, una presencia que la oposición reclamaba desde hace meses.

Otro texto listo para votarse antes del fin del período ordinario es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye el tope del 15% para la venta de tierras a extranjeros que la oposición logró imponer en Diputados. El despacho con las firmas necesarias apareció recién el viernes último. En paralelo, si avanzan el Presupuesto 2027 o la iniciativa sobre Malvinas en la Cámara baja, las comisiones del Senado empezarían los debates, que seguirían en extraordinarias desde diciembre, siempre que el Ejecutivo convoque y los incluya en el temario.