Reforma de Pullaro en Santa Fe: los 9 casos en que podrían allanarte sin orden de un juez

La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción el jueves a la reforma de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Hubo 37 votos a favor y 11 en contra. El proyecto se llama “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública” y cambia, entre otras normas, una de las reglas que más afectan a cualquier persona: cuándo la Policía o un fiscal pueden entrar a una casa, un local o un terreno sin esperar la orden de un juez.

La regla general en Santa Fe es que un allanamiento necesita autorización judicial. El Código Procesal Penal fija excepciones para los casos urgentes, en los que se puede entrar primero y el control llega después.

Hoy esas excepciones son ocho. La reforma las lleva a nueve y endurece una de las que ya existen. Ahora la última palabra la tiene el Senado santafesino, donde el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe tiene mayoría.

Cuáles son los 9 casos de allanamiento sin orden judicial

Con el texto que aprobó Diputados, se podrá allanar sin orden previa de un juez cuando haya urgencia por:

• Incendio, inundación u otra causa que ponga en peligro la vida o los bienes de las personas.
• Personas extrañas que fueron vistas entrando a una casa o local, con indicios claros de que van a cometer un delito.
• Persecución de un imputado o presunto autor de un delito que se metió en una casa o local.
• Indicios de que adentro se está cometiendo un delito, o un pedido de auxilio desde el lugar.
• Objetos vinculados a un delito que se vean a simple vista o se detecten con medios técnicos, incluidos la geolocalización y los dispositivos de rastreo, siempre que ubiquen el objeto en ese domicilio “de manera precisa e inequívoca”.
• Inmuebles abandonados o visiblemente usurpados.
• Homicidios, amenazas y extorsiones en contexto de crimen organizado o conmoción pública. En ese caso el fiscal puede ordenar el allanamiento y tiene que avisarle al juez.
• Lugares pegados o vecinos al que se está allanando, si aparecen elementos serios y hay riesgo de perder pruebas.
• Armas, municiones o explosivos secuestrados en la vía pública, cuando haya elementos para presumir que la persona guarda más en su casa. Este allanamiento lo tiene que ordenar el fiscal.

En los últimos cinco casos, un juez revisa de oficio la legalidad del allanamiento dentro de las 24 horas. Si lo declara ilegal, las pruebas pueden quedar anuladas. Eso no impide destruir el material prohibido o peligroso que se haya encontrado.

Qué cambia con la reforma

El caso nuevo es el último: el de las armas. Hasta ahora, encontrar un arma en la calle no habilitaba por sí solo a entrar al domicilio de esa persona sin orden judicial.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el radical Martín Rosúa, defendió el cambio: “Se podrá actuar en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia”.

El otro cambio es sobre el rastreo tecnológico. El caso de los objetos detectados con medios técnicos ya existía. Ahora nombra expresamente la geolocalización y exige precisión: tiene que poder establecerse que el objeto está en ese domicilio y no en la zona.

Qué quedó afuera

El proyecto original que envió Pullaro en mayo iba más lejos. Creaba Zonas de Intervención Policial Especial, con controles de acceso, requisas de vehículos, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas, todo sin intervención directa de la Justicia. Diputados lo eliminó.

También se cayó la posibilidad de que la Policía interrogara a un imputado sin la presencia obligatoria de su abogado. Rosúa adelantó que Unidos va a impulsar las zonas especiales en una ley aparte.

Las otras herramientas que trae la reforma

Además de los allanamientos, el texto aprobado incluye:

• Juicio en ausencia: se podrá juzgar y condenar a un prófugo si el fiscal prueba que sabía que existía el proceso y que se hizo todo lo razonable para que se presentara. Lo autoriza un tribunal.
• Presos de alto perfil: si un interno usa las visitas o las comunicaciones para actos que sean una amenaza grave, se le podrá aplicar aislamiento en celda individual con dos horas de patio por día, suspensión de visitas y cartas abiertas antes de entregárselas. Tiene revisión judicial.
• Búnkeres: se podrá ordenar el desalojo, el tapiado o la demolición de inmuebles usados para delitos. Las medidas irreversibles, como una demolición, requieren audiencia ante un tribunal.
• Inteligencia: intervenir comunicaciones o abrir celulares y cuentas de redes sociales seguirá requiriendo autorización judicial.

Según Rosúa, el Ejecutivo pidió 11 herramientas y Diputados aprobó 10.

Qué falta para que sea ley

La seguridad de los santafesinos no se improvisa. En Santa Fe logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales siguen vivas y activas, y no podemos equivocarnos en el diagnóstico. Nuevas estaciones policiales para que cada policía vuelva más rápido a la calle, y denuncias que se pueden hacer por teléfono sin ir a una comisaría. Más celdas en cuatro años que las que se construyeron en los últimos 100. Y tecnología como el sistema Lince, nuevos vehículos y equipamiento para que la policía trabaje mejor. Así seguimos cuidando a los santafesinos, todos los días.

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 5, 2026

El proyecto pasó al Senado. Allí Unidos tiene mayoría y la Casa Gris confía en conseguir la sanción definitiva en las próximas sesiones.

La socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió los cambios: “El proyecto que aprobamos hoy es mucho mejor del que ingresó”. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, celebró la media sanción porque otorga “más herramientas para combatir el delito”.

Del otro lado, el Colegio de Abogados de Santa Fe cuestionó el paquete por afectar garantías constitucionales.