Villa La Angostura: qué falta para completar el desalojo de una comunidad mapuche

La Justicia de Villa La Angostura ordenó completar el desalojo del lote pastoril 42, ubicado en el paraje El Pedregoso, pero el operativo todavía no tiene fecha. El juez civil Francisco Astoul Bonorino libró el 9 de septiembre un nuevo mandamiento para avanzar sobre el sector que permanece ocupado por integrantes de la lof Kinxikew, luego de que una primera intervención policial quedara inconclusa en agosto.

La medida busca completar la restitución de un inmueble de unas 625 hectáreas, cuya posesión es reclamada judicialmente por María Cristina Broers. Sin embargo, pese a la orden del magistrado, hasta el momento no se informó cuándo se concretará la intervención de los oficiales de Justicia y de la Policía de Neuquén, necesaria para ejecutar el desalojo.

El conflicto tiene una historia judicial de 15 años y enfrenta a la propietaria con integrantes de las comunidades mapuches lof Melo y lof Kinxikew, también identificada como lof Quintriqueo. Ambas comunidades sostienen que tienen derechos ancestrales sobre el territorio y cuestionan las decisiones que derivaron en las órdenes de restitución.

Por qué quedó pendiente el desalojo

El primer operativo se realizó el 19 de agosto, cuando efectivos de la Policía neuquina, con participación de la fuerza especial GEOP, lograron restituir a Broers la fracción del inmueble ocupada por la comunidad Melo, ubicada en el sector costero del lago Nahuel Huapi.

La diligencia, sin embargo, no pudo completarse en las zonas correspondientes a la segunda y tercera tranquera, donde permanecían integrantes de la lof Kinxikew. La presencia de menores de edad y la falta de funcionarios de los organismos de protección de la niñez impidieron avanzar sobre ese sector.

Ante esa situación, el juez dispuso retirar a los intervinientes y tramitar un nuevo mandamiento para continuar con las actuaciones pendientes. Ese episodio generó interpretaciones diferentes entre las partes: mientras la defensa de las comunidades sostuvo que el desalojo había quedado suspendido, desde el sector de la propietaria entendieron que se trató de una interrupción operativa que no modificaba la sentencia que ordenaba restituir el inmueble.

El 28 de agosto, Astoul Bonorino rechazó además un planteo de nulidad presentado por las comunidades contra el procedimiento. El magistrado también desestimó el pedido para recuperar bienes retirados durante el operativo y les impuso las costas del incidente.

En esa resolución, el juez consideró que el expediente se encontraba en una etapa de ejecución de una sentencia firme y sostuvo que los planteos formulados por las comunidades no alcanzaban para invalidar las actuaciones. También rechazó cuestionamientos relacionados con la reserva del expediente y señaló que esa cuestión ya había sido tratada en abril de 2026.

La nueva orden judicial

El 9 de septiembre, el magistrado volvió a intervenir y libró un nuevo mandamiento para completar la medida en los sectores que habían quedado fuera del operativo de agosto. La orden está dirigida a los oficiales de Justicia, quienes deberán constituirse en el inmueble y proceder al desalojo de Pascual Felidoro Quintriqueo y de los demás integrantes de la lof Kinxikew que permanecen en el lugar.

Otro de los planteos de la defensa había apuntado a un supuesto cambio de titularidad del inmueble, que habría sido vendido a terceros. Astoul Bonorino rechazó ese argumento por falta de documentación y señaló que no se había presentado un informe de dominio que acreditara la operación.

El magistrado también remarcó que el proceso se encuentra en una instancia de ejecución de una sentencia firme dictada en un juicio interdictal, por lo que no correspondía reabrir en esa etapa el debate sobre la titularidad del inmueble.

Un conflicto que comenzó en 2011

La disputa por el lote pastoril 42 comenzó en diciembre de 2011, cuando integrantes de la comunidad Melo ingresaron al inmueble. Broers denunció la ocupación a comienzos de 2012 y desde entonces inició distintas acciones judiciales para recuperar la posesión de las tierras.

A lo largo de los años, diferentes resoluciones respaldaron el reclamo de restitución promovido por la propietaria. La ejecución de esas decisiones, sin embargo, estuvo atravesada por demoras y dificultades operativas, con distintos intentos que no lograron completar el desalojo.

Con posterioridad, integrantes de la lof Kinxikew se asentaron en otra fracción del inmueble. Las comunidades sostienen que tienen derechos ancestrales sobre el territorio y cuestionan las actuaciones judiciales que derivaron en las órdenes de desalojo.

Por ahora, la Justicia ya dispuso cómo debe continuar el procedimiento, pero resta definir cuándo se realizará. Hasta que los oficiales de Justicia y las fuerzas de seguridad no establezcan una fecha para intervenir en el lugar, el desalojo de la lof Kinxikew seguirá pendiente y la restitución del lote pastoril 42 continuará sin completarse.