Motociclistas en alerta: la sentencia suma presión sobre el mantenimiento vial

El pago de un peaje no representa solamente el derecho a utilizar una autopista. También genera obligaciones para la empresa concesionaria, que debe adoptar medidas destinadas a preservar la seguridad de quienes circulan por sus instalaciones. Sobre esa premisa, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 34, a cargo del juez Ignacio M. Rebaudi Basavilbaso, condenó a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y extendió la responsabilidad a su aseguradora, Nación Seguros S.A., por un accidente protagonizado por un motociclista en la Autopista Arturo Illia.

La sentencia consideró acreditado que la parte actora perdió el control de su motocicleta al pisar una mancha de aceite sobre la calzada, después de superar las cabinas de peaje. El magistrado encuadró el vínculo entre el usuario y la concesionaria como una relación de consumo y sostuvo que la obligación de seguridad constituye una obligación de resultado.

El accidente y la negativa de la concesionaria

El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de septiembre de 2020. Según el relato incorporado a la demanda, alrededor de la 1:30, el motociclista circulaba en su motocicleta Yamaha FZ-6 por el carril lento de la Autopista Illia, en dirección al centro porteño. A unos 400 metros de las cabinas de peaje, encontró una importante cantidad de aceite derramado sobre el asfalto.

La sustancia -que el actor no habría podido advertir debido a la oscuridad- provocó que el vehículo pierda la estabilidad y cayera sobre la calzada. Como consecuencia, sufrió escoriaciones en la mano derecha y daños materiales en su vehículo. Al contestar la demanda, AUSA negó la existencia del accidente y sostuvo que no contaba con registros internos que permitieran acreditar el episodio. Nación Seguros adoptó una posición similar y cuestionó la mecánica del hecho.

A pesar de ello, el juez consideró que las pruebas producidas durante el proceso permitían reconstruir lo sucedido. Entre los elementos más relevantes se destacó la declaración de un testigo que circulaba en auto detrás del motociclista y presenció la caída. El automovilista relató que también estuvo a punto de resbalar al atravesar la misma mancha y que se detuvo para asistir al damnificado.

A ese testimonio se sumaron los registros oficiales. La Policía de la Ciudad dejó constancia de que el motociclista había perdido el equilibrio aparentemente por una mancha de combustible. Por su parte, el SAME informó que recibió un pedido de auxilio a las 00:55 y que el móvil médico llegó al lugar a las 1:10, asistiendo al conductor de la moto por una escoriación en la mano derecha.

El magistrado también valoró las fotografías del motovehículo, las constancias médicas, el presupuesto de reparación y el comprobante de pago del peaje. En conjunto, consideró suficientemente acreditada la ocurrencia del accidente, pese a la negativa de las demandadas.

Una relación de consumo

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Para el juez, cuando una persona abona un peaje y utiliza una autopista como destinataria final del servicio, se configura una relación de consumo entre el usuario y la empresa concesionaria.

El razonamiento encuentra sustento en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en los artículos 1, 2 y 3 de la legislación de consumo. El motociclista reviste la condición de consumidor, mientras que AUSA, como prestadora profesional del servicio vial, ocupa el lugar de proveedora.

Para fundamentar esta interpretación, el magistrado recurrió a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Bianchi, donde el máximo tribunal reconoció expresamente que el vínculo entre los concesionarios viales y los usuarios constituye una relación de consumo.

A partir de ese encuadre, el juez examinó el deber de seguridad previsto en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que exige que los servicios sean prestados en condiciones que no representen peligros para la salud o integridad física de quienes los utilizan. También invocó el artículo 40, que establece la responsabilidad por los daños derivados del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio.

El pronunciamiento fue explícito al calificar esa obligación como una obligación de resultado. Esto significa que la concesionaria no puede liberarse de responsabilidad demostrando simplemente que actuó con diligencia, sino que debe acreditar una causa ajena que interrumpa el nexo causal.

En esa línea, el magistrado recuperó el criterio según el cual el deber de seguridad comprende la vigilancia permanente del camino, su señalización y la remoción inmediata de elementos extraños que puedan comprometer la circulación. En el caso concreto, AUSA no logró demostrar una circunstancia que permitiera eximirla de responsabilidad. La falta de un registro interno del siniestro tampoco alcanzó para desvirtuar las pruebas testimoniales, policiales y médicas incorporadas al expediente.

Qué indemnizaciones fueron reconocidas y cuáles rechazadas

Al analizar los daños, el juez distinguió entre los perjuicios que encontraron respaldo en la prueba y aquellos cuya existencia no pudo acreditarse. El rubro de mayor importancia fue el daño emergente por la reparación de la motocicleta. Aunque el actor había reclamado inicialmente $383.640, el perito ingeniero mecánico determinó que, al 29 de julio de 2024, el costo de los repuestos y la mano de obra ascendía a $1.420.700.

El magistrado reconoció ese importe y consideró que su determinación a partir de la prueba producida no vulneraba el principio de congruencia, dado que el reclamo había quedado sujeto a lo que surgiera del expediente. También prosperó el pedido por privación de uso, que fue fijado en $60.000. El perito había estimado que la reparación demandaría tres días hábiles y el juez entendió que la indisponibilidad del vehículo durante ese período constituía un perjuicio indemnizable.

En cambio, rechazó los reclamos por incapacidad psicológica y daño moral. La pericia psicológica concluyó que Reyes no presentaba secuelas ni afecciones psíquicas atribuibles al accidente. Respecto del daño moral, el magistrado sostuvo que no se habían aportado elementos suficientes para acreditar una afectación espiritual resarcible, más allá de las molestias derivadas del episodio.

Tampoco prosperó el pedido por desvalorización del rodado, porque el experto no pudo inspeccionar físicamente la motocicleta y, por lo tanto, no contaba con elementos técnicos para determinar una eventual pérdida de valor venal. Finalmente, el juez desestimó los $10.430 reclamados por gastos varios, al considerar que los conceptos invocados correspondían a gastos comprendidos en las costas del proceso y no constituían un rubro indemnizatorio autónomo.

El seguro, los intereses y las consecuencias de la mora

La sentencia también abordó dos cuestiones relevantes para los litigios de responsabilidad civil: los límites de cobertura de las aseguradoras y el régimen de intereses aplicable a las condenas. Nación Seguros había invocado el límite contractual de la póliza y una franquicia deducible.

El juez reconoció su oponibilidad a la víctima siguiendo la doctrina de la Corte Suprema en Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro, del 6 de junio de 2017. Sin embargo, advirtió que existía una diferencia económica entre el límite asegurado, fijado a valores históricos, y la indemnización establecida a valores actuales. Por esa razón, dispuso que la cobertura debía adecuarse a las normas vigentes al momento del efectivo pago.

La sentencia estableció que esa actualización alcanza al capital de condena y que la aseguradora deberá acreditar el límite vigente dentro de los diez días de quedar firme el pronunciamiento, junto con el pago correspondiente. Si no lo hace, las limitaciones contractuales no podrán ser opuestas al damnificado.

Además, incorporó un mecanismo específico para desalentar las demoras en el cumplimiento de las condenas. Si las obligadas no abonan dentro de los diez días posteriores a que quede firme el auto que apruebe la liquidación definitiva, deberán adicionar otro tanto de la tasa activa del plenario Samudio. El magistrado aclaró que este accesorio funcionará por única vez.

Una condena de $1.480.700 más intereses

En la parte resolutiva, el juez hizo lugar a la demanda contra Autopistas Urbanas S.A. y estableció una indemnización de $1.480.700, integrada por $1.420.700 por reparación de la motocicleta y $60.000 por privación de uso, más los intereses correspondientes. Asimismo, extendió la condena a Nación Seguros S.A. en los términos del artículo 118 de la Ley 17.418 e impuso las costas del proceso a las demandadas vencidas.

El pronunciamiento deja una definición relevante para los usuarios de autopistas concesionadas: el pago del peaje no constituye únicamente una contraprestación por circular, sino que también compromete a la empresa prestadora a garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Cuando ese deber se incumple y el daño queda acreditado, la concesionaria debe responder conforme al régimen de protección de consumidores y usuarios.