Amenazó de muerte al papa León XIV, lo rastrearon por su celular y quedó imputado

Un llamado anónimo al 911 de Mar del Plata, realizado en la noche del sábado previo a la llegada de León XIV al país, activó una investigación que terminó con un allanamiento en Bahía Blanca, el secuestro de un celular y la imputación de un hombre de 58 años por una amenaza de muerte contra el Pontífice.

El fiscal Carlos Martínez, titular del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó este martes la pesquisa por los delitos de amenazas e intimidación pública. La audiencia contó también con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Vera.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la comunicación ingresó cerca de las 22 del sábado 7 de noviembre en la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 de Mar del Plata. Quien llamó dejó un mensaje intimidatorio vinculado con la visita de León XIV, por lo que la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense remitió las actuaciones a la fiscalía.

Las primeras medidas permitieron establecer la titularidad de la línea utilizada y ubicar al sospechoso en Bahía Blanca. Con esos elementos, la fiscalía pidió órdenes de allanamiento, requisa y detención, que fueron concedidas y ejecutadas el domingo por personal del Grupo de Apoyo Departamental y de la División de Investigación Cibercrimen Regional Sur V de la Policía Bonaerense.

Durante el procedimiento fue secuestrado el teléfono desde el que, de acuerdo con la investigación, se habría efectuado el llamado. El hombre permaneció alojado en una comisaría de Tornquinst hasta la audiencia de formalización.

A pedido de la fiscalía, el juez federal Santiago Inchausti fijó un plazo de 90 días hábiles para profundizar la investigación. Aunque recuperó la libertad, deberá mantener domicilio en Bahía Blanca, cumplir con las pautas de control impuestas por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y no podrá salir de la ciudad sin autorización judicial.

La decisión se apoyó en la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar eventuales entorpecimientos de la pesquisa, sin disponer una prisión preventiva. Ahora restará definir el alcance de la evidencia digital secuestrada y establecer si el acusado actuó solo o si existieron otros elementos detrás de la amenaza.