Una investigación publicada este miércoles 11 de noviembre reveló que universidades chinas vinculadas a la industria de defensa accedieron a procesadores avanzados de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. El caso más significativo involucra a la Universidad Politécnica del Noroeste, que adquirió dos chips H200 por aproximadamente USD 123.000. Sin embargo, el aspecto más relevante es el mecanismo utilizado: proveedores nacionales y contratos de alquiler de servidores que permiten obtener capacidad de inteligencia artificial sin depender de una venta directa del fabricante estadounidense.
La institución, ubicada en Xi'an, forma parte del grupo conocido como los Siete Hijos de la Defensa Nacional, integrado por universidades estrechamente relacionadas con el desarrollo tecnológico militar chino. Washington la incluyó en su lista de entidades restringidas en 2001 y endureció las condiciones comerciales en 2019 por sus actividades vinculadas a investigaciones militares. Según los registros examinados por Reuters, la compra de octubre se efectuó mediante la empresa Shaanxi Bosuan Network Technology, lo que plantea nuevos interrogantes sobre la capacidad estadounidense para controlar los destinatarios finales de su tecnología.
El episodio muestra que disponer físicamente de un procesador ya no es indispensable para aprovechar su capacidad informática. Durante 2026, la universidad contrató servicios de computación proporcionados por diferentes empresas chinas. Entre ellos figuran dos acuerdos de siete meses, adjudicados en enero, para utilizar servidores equipados con ocho H200 cada uno. Los contratos, valorados en aproximadamente 441.700 y 441.000 yuanes, estaban destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y al aprendizaje por refuerzo.
Este mecanismo introduce una dificultad adicional para las autoridades estadounidenses. En enero, la administración de Donald Trump modificó las reglas para permitir determinadas exportaciones de H200 a China mediante licencias individuales y controles de seguridad. La flexibilización no eliminó las prohibiciones aplicables a instituciones incluidas en las listas restrictivas, ni las salvaguardias destinadas a impedir el acceso remoto de usuarios militares o sancionados. La cuestión central es cómo verificar que una empresa autorizada no termine suministrando capacidad informática a un destinatario excluido.
La investigación de Reuters examinó 26 documentos comerciales y de contratación pública que muestran operaciones similares en diferentes regiones chinas. La Universidad de Beihang, reconocida por sus vínculos con la industria aeroespacial, adquirió cuatro procesadores A800 por 489.000 yuanes durante abril. La Universidad de Shenzhen compró tres H100 por 769.800 yuanes en septiembre. Estos antecedentes indican que el acceso a tecnología estadounidense restringida no se concentra en una única institución ni en un solo proveedor.
Otros registros incluyen adquisiciones efectuadas por la Universidad Tecnológica de Wuhan, que contrató un servidor con un H100 y compró cuatro procesadores A100 mediante operaciones separadas. También aparecen acuerdos para proporcionar recursos computacionales a la Universidad de la Academia China de Ciencias. Uno de ellos ofrecía acceso a chips H800 por diez yuanes por procesador y hora. La diversidad de operaciones evidencia un mercado donde la potencia informática se comercializa tanto mediante equipos completos como a través de servicios disponibles por períodos determinados.

El H200 incorpora 141 GB de memoria HBM3e y alcanza un ancho de banda de 4,8 terabytes por segundo, características que facilitan la ejecución de grandes modelos de inteligencia artificial y simulaciones científicas complejas. Estas capacidades pueden emplearse en investigaciones civiles, pero también tienen aplicaciones potenciales en aeronáutica, análisis de información y desarrollo de sistemas militares. El carácter de doble uso explica por qué los semiconductores avanzados se convirtieron en un componente de la competencia estratégica entre Washington y Pekín.
No obstante, los documentos conocidos no permiten afirmar que los dos procesadores comprados por la universidad de Xi'an hayan sido utilizados directamente para fabricar armamento. Tampoco establecen con certeza el país de origen de cada unidad o la ubicación de todos los servidores alquilados. Esa diferencia es fundamental: la existencia de adquisiciones restringidas está documentada, mientras que su utilización militar específica todavía requiere pruebas adicionales. El desafío para los organismos de control consiste precisamente en identificar quién emplea los equipos y para qué finalidad.

Las revelaciones coinciden con un debate en el Congreso estadounidense sobre la conveniencia de reforzar la supervisión de los semiconductores destinados a China. Legisladores republicanos y demócratas han planteado mecanismos de rastreo tecnológico y mayores facultades de fiscalización. Mientras tanto, Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, sostiene que mantener relaciones comerciales con clientes chinos permitiría preservar el liderazgo estadounidense y evitar que ese mercado dependa exclusivamente de alternativas tecnológicas nacionales.
La controversia deja una pregunta que trasciende las operaciones individuales: ¿puede una política de restricciones comerciales controlar eficazmente el acceso a inteligencia artificial cuando su capacidad se ofrece como un servicio? Nvidia, la universidad investigada y las autoridades estadounidenses competentes no respondieron a las consultas de Reuters sobre las adquisiciones. Mientras no se esclarezca el origen y el recorrido de los procesadores, los contratos de Xi'an representan una prueba de las dificultades que enfrenta Washington para vigilar una tecnología que puede utilizarse a distancia y mediante intermediarios.