La Cancillería argentina exigió este miércoles a Irán que colabore con la Justicia por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, después de que Teherán declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea nacionales. El Gobierno rechazó la acusación por considerarla inadmisible y defendió el carácter constitucional de ambas instituciones.
La decisión iraní fue anunciada el 11 de noviembre como respuesta a la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas. Teherán invocó el principio de reciprocidad y responsabilizó a la administración de Javier Milei de posibles consecuencias, aunque no las precisó. La designación no alcanza al Ejército Argentino.

La Guardia Revolucionaria es una poderosa organización militar iraní que también tiene influencia sobre sectores de la economía del país. El Gobierno argentino la incorporó a su listado el 31 de marzo de 2026, en una decisión que permite aplicar restricciones y sanciones financieras. Irán cuestionó la medida y sostuvo que atentaba contra sus instituciones.
El conflicto tiene un antecedente central en Buenos Aires: el atentado contra la Embajada de Israel de 1992, que dejó 29 muertos, y el ataque contra la AMIA de 1994, que causó 85 víctimas fatales. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbolá. Teherán niega esas acusaciones y los imputados requeridos no han comparecido ante los tribunales argentinos.
Cronología del enfrentamiento
31 de marzo: Argentina declara terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
2 de abril: Buenos Aires expulsa al principal representante diplomático iraní.
11 de noviembre: Teherán designa terroristas a dos fuerzas militares argentinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea actúan bajo la Constitución, las leyes nacionales y el derecho internacional. También cuestionó que Irán no haya cumplido los pedidos judiciales de detención y reclamó que ponga a los acusados a disposición de la Justicia argentina. La respuesta llega tras meses de un vínculo diplomático deteriorado.
La senadora Patricia Bullrich rechazó públicamente la acusación iraní y afirmó que la declaración muestra la distancia entre las posiciones de ambos países. La tensión ya había provocado una expulsión diplomática en abril, cuando el Gobierno declaró persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios iraní en Buenos Aires, y le dio 48 horas para abandonar el país.

La decisión de Teherán no implica que exista una declaración internacional contra las fuerzas argentinas: se trata de una calificación realizada por Irán conforme a su propia legislación. Tampoco se anunciaron sanciones específicas ni operaciones militares. Por eso, la advertencia no permite afirmar que haya un ataque inminente contra territorio argentino.
La medida tiene otro antecedente reciente. El 1 de noviembre, Irán también declaró terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas, y calificó como hostil al servicio de inteligencia MI6. Ahora queda pendiente conocer si Teherán aplicará restricciones concretas a las fuerzas argentinas y si Buenos Aires responderá con nuevas medidas diplomáticas. Por el momento, Cancillería mantiene el reclamo judicial por los atentados.