EE.UU. acusa a tres presuntos operadores iraníes por atentados en Europa

El Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación ampliada el 10 de noviembre de 2026. El expediente contiene ocho cargos contra Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, Mohsen Mohajeri y Mohammad Ali al-Hassani. Los investigadores los vinculan con cerca de 20 ataques o intentos de atentado en Europa y Estados Unidos. La investigación federal incluye un supuesto plan contra la base británica RAF Fairford.

La acusación amplía el alcance judicial de las detenciones realizadas en Reino Unido el 27 de septiembre. En aquella fecha, las autoridades interceptaron vehículos sospechosos cerca de una instalación militar utilizada por Estados Unidos. La cobertura inicial de NewsDigitales describió el operativo sin atribuir responsabilidades definitivas. La importancia de RAF Fairford reside en su capacidad para albergar bombarderos estratégicos estadounidenses en territorio británico.

Una red vinculada con ataques contra comunidades judías

Los fiscales atribuyen la presunta coordinación a una estructura vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní y Kataib Hezbollah. Ambas organizaciones están designadas como terroristas por Washington. El expediente identifica a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, conocida como HAYI, como una supuesta fachada utilizada para reivindicar ataques. Durante la primavera europea, esa denominación apareció relacionada con aproximadamente 18 episodios, siete de ellos en Reino Unido, mientras también se investigaba un proyecto contra una sinagoga de Manhattan.

Los documentos judiciales describen una coordinación internacional apoyada en comunicaciones y registros audiovisuales. Durante abril, dos acusados habrían participado en reuniones destinadas a seleccionar objetivos en Londres y establecer contacto con colaboradores locales. La Fiscalía también sostiene que los integrantes difundieron grabaciones con fines propagandísticos. Entre los hechos investigados aparecen incendios, ataques con explosivos y el apuñalamiento de dos hombres judíos. La participación individual de los imputados deberá determinarse mediante pruebas judiciales.

Un bombardero B-52 estadounidense en RAF Fairford durante febrero de 2025. Imagen de archivo de la Fuerza Aérea estadounidense.

El supuesto plan contra Fairford y las pruebas pendientes

La planificación atribuida a la red contra Fairford habría comenzado con tareas de vigilancia durante agosto. Los fiscales identifican a al-Hassani como presunto coordinador de colaboradores situados en Reino Unido y describen pagos relacionados con el reconocimiento de la instalación. Durante septiembre, la preparación habría incluido vehículos caracterizados como pertenecientes a empresas de servicios y el traslado de combustible. El expediente interpreta esos movimientos como parte de una conspiración terrorista, aunque no establece que el atentado llegara a ejecutarse.

Vista aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire. Fotografía de archivo de 2014 que muestra la pista principal de la instalación británica.

El 26 de septiembre, tres furgonetas se dirigieron hacia la instalación militar. Dos encontraron un bloqueo de seguridad que les impidió continuar y, durante la madrugada del 27, las autoridades británicas localizaron los vehículos y detuvieron a sus ocupantes. La documentación estadounidense relaciona ese desplazamiento con instrucciones atribuidas a al-Hassani. Las detenciones constituyen un antecedente del caso, mientras que la finalidad terrorista del desplazamiento y las responsabilidades de los tres acusados permanecen sujetas a prueba.

Uno de los aspectos centrales del expediente es el presunto papel de un acusado que ya estaba detenido. Al-Saadi, ciudadano iraní e iraquí de 32 años, permanecía bajo custodia federal estadounidense desde mayo por un proceso anterior. Los investigadores sostienen que utilizó llamadas a familiares en Irak para transmitir mensajes encubiertos. Mohajeri, iraní de 48 años, y al-Hassani, iraquí de 35, habrían participado desde Irán en la coordinación del episodio de Fairford.

La conexión del caso con Teherán ya había provocado una respuesta diplomática antes de esta acusación. El 12 de octubre, una declaración conjunta de cancillerías respaldó la atribución británica de participación iraní en el incidente de Fairford. Ese pronunciamiento constituye una evaluación gubernamental de seguridad, diferente de la prueba necesaria para condenar a personas concretas. La investigación estadounidense incorpora ahora una reconstrucción judicial de la presunta estructura operativa.

Los ocho cargos abarcan presunto apoyo material a organizaciones terroristas, conspiración, financiación y delitos relacionados con explosivos. Algunas figuras contemplan penas máximas de prisión perpetua, dependiendo del cargo y del acusado. Sin embargo, la referencia a cerca de 20 episodios no representa veinte condenas ni significa que todos los atentados hayan sido ejecutados. La Fiscalía deberá demostrar la participación individual, la existencia de los acuerdos criminales y la relación entre las comunicaciones investigadas y los hechos denunciados.

El proceso quedó asignado a la jueza federal Colleen McMahon, del Distrito Sur de Nueva York. La próxima etapa judicial deberá examinar comunicaciones, grabaciones, movimientos financieros y actuaciones de las autoridades británicas para establecer responsabilidades. No existe una condena contra los tres hombres por esta acusación ampliada. El caso conecta investigaciones sobre amenazas a comunidades civiles y objetivos militares, pero su alcance penal definitivo dependerá de la valoración de las pruebas y las decisiones del tribunal.