UCR + Cambio Federal presiona por controles biométricos en apuestas online bonaerenses

La expansión de las apuestas online entre niños, niñas y adolescentes volvió a instalar una discusión política en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el planteo llegó de la mano de Diego Garciarena, diputado provincial y presidente del bloque UCR + Cambio Federal, quien cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por la falta de controles efectivos sobre las plataformas digitales y reclamó una intervención urgente para frenar el avance de la ludopatía.

A través de una publicación en la red social X, el legislador advirtió sobre las consecuencias sociales y sanitarias del fenómeno. "La ludopatía está causando estragos en las familias bonaerenses, especialmente en niños, niñas y adolescentes", sostuvo. En su diagnóstico, el problema ya no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica o tributaria, sino que exige una respuesta estatal orientada a la protección de los sectores más vulnerables.

Es por ahí. La ludopatía está causando estragos en las familias bonaerenses, especialmente en niños, niñas y adolescentes. La salud mental en serio riesgo, suicidios, endeudamiento digital severo. En la Provincia de Buenos Aires no se han implementado ni siquiera sistemas de reconocimiento biométrico para el acceso a los sitios de apuestas y, lo que es peor aún, la propia Provincia recauda impuestos sobre el juego de los menores. La publicidad de sitios de apuestas absolutamente desregulada penetra en cada hogar y, llamativamente, lo hace de la mano de actividades deportivas, asociando cuestiones antagónicas. Es imperioso que el Señor Gobernador haga algo para frenar esta locura. Es ahora. Es urgente. No es un problema fiscal, está en juego la vida de miles de bonaerenses.

— Diego R Garciarena (@dgarciarena) September 30, 2026

El reclamo por los controles biométricos

Uno de los principales cuestionamientos de Garciarena apunta a la falta de implementación efectiva de sistemas de reconocimiento biométrico para verificar la identidad y la edad de quienes ingresan a los sitios de apuestas. El reclamo tiene un antecedente concreto. En diciembre de 2025, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos estableció, mediante la Resolución 1504/2025, la obligación de incorporar mecanismos de comprobación de identidad mediante datos biométricos, reconocimiento facial y prueba de vida en las plataformas habilitadas.

Sin embargo, la existencia de una disposición administrativa no garantiza por sí misma que los controles funcionen de manera efectiva. En septiembre pasado, Garciarena ya había cuestionado la demora en su implementación y advertido que los menores continuaban encontrando vías de acceso a las apuestas digitales. La legislación bonaerense prohíbe la participación de menores de 18 años en los juegos de azar. El desafío, según el planteo opositor, es conseguir que esa prohibición se traduzca en barreras tecnológicas capaces de impedir el ingreso de adolescentes a las plataformas.

La recaudación provincial, bajo cuestionamiento

Otro de los aspectos más sensibles del mensaje tiene que ver con el vínculo entre el Estado bonaerense y los ingresos generados por la actividad. Garciarena cuestionó que la Provincia perciba recursos fiscales provenientes de las apuestas online mientras, según su denuncia, persisten deficiencias en los mecanismos destinados a impedir la participación de menores.

"La propia Provincia recauda impuestos sobre el juego de los menores", afirmó el diputado. La acusación introduce una dimensión política adicional: la responsabilidad de un Estado que, además de regular y fiscalizar el mercado, obtiene recursos de una actividad cuyos efectos sociales requieren políticas de prevención y asistencia.

El planteo también interpela al Ejecutivo sobre las prioridades de la política pública. Para el legislador radical, la protección de niños y adolescentes no puede quedar subordinada a los intereses recaudatorios ni a la continuidad de un negocio que necesita controles más estrictos.

La publicidad deportiva y la exposición de los adolescentes

La crítica de Garciarena también alcanzó a las estrategias publicitarias de las empresas de apuestas. El diputado cuestionó la presencia de estas marcas en acontecimientos deportivos, transmisiones y otros espacios de consumo masivo, una asociación que, a su entender, contribuye a naturalizar las apuestas como parte del entretenimiento cotidiano.

"La publicidad de sitios de apuestas absolutamente desregulada penetra en cada hogar", señaló. Su preocupación se concentra especialmente en la exposición de los adolescentes a mensajes comerciales que vinculan el deporte con las apuestas, diluyendo las diferencias entre la práctica deportiva y una actividad económica basada en el azar.

La discusión ya tiene expresiones concretas en la Legislatura bonaerense. En octubre, los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para establecer un régimen integral de prevención y regulación de las apuestas en línea. La iniciativa contempla restricciones publicitarias, mecanismos de verificación de identidad, límites de permanencia en las plataformas y fondos destinados a políticas de salud mental, clubes y entidades comunitarias.

Un reclamo directo al gobernador

El mensaje de Garciarena concluyó con una interpelación directa a Kicillof. "Es imperioso que el Señor Gobernador haga algo para frenar esta locura. Es ahora. Es urgente", reclamó. El legislador insistió en que las consecuencias de la ludopatía exceden el endeudamiento de quienes participan de las apuestas. En su publicación mencionó el deterioro de la salud mental, las situaciones de endeudamiento digital severo y los suicidios como parte de un escenario que demanda respuestas institucionales.

"No es un problema fiscal, está en juego la vida de miles de bonaerenses", concluyó. La advertencia vuelve a poner al gobierno provincial frente a una discusión que atraviesa a oficialismo y oposición: cómo controlar un mercado digital que funciona permanentemente, genera ingresos para el Estado y tiene una capacidad de penetración que desborda los mecanismos tradicionales de fiscalización.

En el centro de esa disputa está la protección de los menores y la responsabilidad política de garantizar que la prohibición de apostar antes de los 18 años no sea solamente una declaración normativa.