El Gobierno nacional abrió un retiro voluntario en el IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que está en proceso de cierre. La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial con la Disposición 721/2026, que firmó el administrador del organismo en liquidación, Gonzalo Secchi.
El plan es solo para los trabajadores de planta permanente, los que están bajo la Ley 25.164 de empleo público nacional. Se pueden anotar del 12 al 26 de noviembre de 2026 y el plazo no se puede extender. Quien se vaya cobrará una compensación que, en el mejor de los casos, llega a 30 sueldos brutos.
El texto oficial explica que el objetivo es “adecuar la dotación de su planta permanente con carácter previo a la transferencia del personal a la OSFA”, la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas que reemplaza al IOSFA. Anotarse, sin embargo, no asegura nada: el organismo puede rechazar pedidos y el régimen deja afuera a varios grupos de empleados.
El artículo 2 del régimen enumera quiénes no pueden acceder al retiro. Uno de esos casos es el del empleado que haya iniciado un reclamo administrativo o un juicio contra el Estado o contra el IOSFA por su relación laboral.
Para poder irse, ese trabajador tiene que desistir del juicio o del reclamo “mediante acto expreso y homologación administrativa o judicial”. Dicho de otro modo, debe abandonar formalmente la demanda. La única excepción son los reclamos por accidentes o enfermedades de trabajo, que se rigen por la Ley de Riesgos del Trabajo.
La cláusula repite la del régimen general de retiro voluntario para la administración pública, aprobado por el Decreto 1203/26. Pero en el IOSFA llega en plena pelea: ATE, el gremio de los estatales, rechaza el cierre y presentó en el Congreso un proyecto para derogar el DNU 1286/2026, el decreto que permite no transferir a todo el personal.
Hay otros casos que tampoco pueden adherir: los empleados procesados por delitos contra la administración pública, los que tienen un sumario que puede terminar en cesantía, los que ya iniciaron la jubilación o cumplen los requisitos para jubilarse y los que fueron puestos en disponibilidad.
El régimen arma tres grupos. La edad que cuenta es la que cada trabajador tenía el 11 de noviembre de 2026:
Solo se cuentan los años en planta permanente del IOSFA. No suman los períodos como becario, contratado o transitorio, ni los servicios que ya fueron indemnizados antes.
Los montos de hasta $20 millones se pagan de una sola vez. Si la cifra es mayor, se paga en cuotas mensuales de $20 millones, hasta tres, y en la última va el saldo. Si el trabajador muere antes de terminar de cobrar, los pagos pasan a sus herederos.
Los delegados gremiales que quieran adherir tienen que renunciar a su mandato. Lo mismo vale para quienes se hayan postulado como candidatos a delegado.
Además, quien se retire no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años, ni como empleado, ni como contratado, ni como asesor, ni en programas financiados por organismos internacionales. La única excepción es dar clases en universidades nacionales. Quien no cumpla deja de cobrar las cuotas pendientes y tiene que devolver dinero.
Los que elijan el pago único tendrán seis meses de cobertura gratis en OSFA, para ellos y para su grupo familiar afiliado.
Para quienes opten por el 60% mensual, el IOSFA seguirá pagando los aportes a la obra social mientras dure ese cobro.
Hoy, caravana en defensa de los trabajadores de IOSFA. Acompañamos el reclamo de quienes hoy enfrentan la pérdida de sus puestos de trabajo y de tantas familias que ven amenazado su futuro Defender el trabajo y el derecho a la salud es defender a nuestra comunidad. https://t.co/Q0QoIKe0F7
— Liliana Taboada (@Liliana_Taboada) November 12, 2026
Los pedidos se presentan con un formulario en el sistema GDE. El IOSFA tendrá diez días desde el cierre de la inscripción para aceptarlos o rechazarlos, y dos días hábiles para avisarle a cada trabajador. Puede rechazar cualquier pedido con solo decir que hace falta para que el servicio siga funcionando.
ATE hizo un plenario con más de 50 delegados de todo el país y mantiene el estado de alerta. “Se logró exponer la discusión en el Congreso y el viernes se presentó el proyecto para derogar el DNU que pretende despedir y dejar en disponibilidad a compañeras y compañeros”, dijo Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos del gremio.
El sindicato anunció protestas para jueves y viernes, otras en la semana del 20 de noviembre y una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 27, “último día hábil antes del fin de los contratos”. Según ATE, de unos 2.450 trabajadores, alrededor de 1.450 podrían quedar afuera.