Bélgica llega al viernes con una situación poco habitual en muchas monarquías europeas: su primer ministro quiso renunciar y el rey no aceptó. Felipe decidió mantener a Bart De Wever al frente del gobierno, después de consultar personalmente a los cinco partidos de la coalición y conseguir de todos ellos el compromiso de volver a negociar un presupuesto.
El plazo comienza a agotarse. De Wever retomará este viernes las conversaciones con sus viceprimeros ministros y tiene previsto reunir después al núcleo del gabinete. El lunes 16 deberá regresar al Palacio Real e informar a Felipe si consiguió destrabar un conflicto que gira alrededor de unos €10.000 millones entre recortes, nuevos ingresos y ajustes necesarios para estabilizar las cuentas públicas.
De Wever presentó su dimisión el 2 de noviembre después de que las negociaciones presupuestarias quedaran bloqueadas. En lugar de aceptarla inmediatamente, Felipe dejó la decisión en suspenso y recibió durante varios días a los dirigentes de N-VA, Vooruit, CD&V, MR y Les Engagés.
El 6 de noviembre tomó una decisión excepcional pero prevista por el sistema belga: rechazó la renuncia y pidió al primer ministro que reanudara las conversaciones. Los cinco partidos habían asegurado al rey que estaban dispuestos a realizar concesiones para alcanzar un acuerdo sobre las cuentas públicas de los próximos tres años.
La Constitución establece que el rey nombra y destituye formalmente a sus ministros, pero Bélgica funciona como una monarquía parlamentaria. Felipe no puede diseñar el presupuesto, decidir impuestos ni imponer a los partidos qué medidas deben aprobar. La responsabilidad política corresponde al gobierno y al Parlamento.
Su función aparece con mayor claridad precisamente durante una crisis. Cuando una coalición se rompe o un jefe de gobierno presenta su dimisión por diferencias internas, el soberano puede aceptarla, rechazarla o mantenerla temporalmente en suspenso mientras consulta a los actores políticos y comprueba si todavía existe margen para un acuerdo.

La urgencia no responde únicamente a la estabilidad del gabinete. Bélgica arrastra una deuda pública que la Comisión Europea proyecta en torno al 110,5% del producto interno bruto este año y un déficit cercano al 5,2%. El desacuerdo dentro de la coalición enfrenta a quienes reclaman más reducción del gasto con quienes exigen repartir el esfuerzo mediante mayores ingresos.
De Wever dijo este jueves ante el Parlamento que espera llevarle al rey “un mensaje positivo” el lunes y despejó su agenda para concentrarse en las negociaciones. El resultado de las reuniones del viernes mostrará si la intervención de Felipe consiguió ganar tiempo suficiente para acercar posiciones o si Bélgica volverá a quedar frente a una renuncia que esta vez podría resultar mucho más difícil de aplazar.