El Gobierno de Javier Milei amplió el alcance de la Red Federal de Concesiones y habilitó la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales al esquema de gestión privada mediante el cobro de peajes.
La medida quedó establecida a través del Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que incluye un listado de 27 rutas distribuidas en distintas provincias y establece un plazo de 12 meses para avanzar con las licitaciones.
La iniciativa forma parte del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración libertaria, que busca trasladar al sector privado la operación, conservación, mantenimiento y eventual ampliación de corredores nacionales.
El objetivo oficial es promover inversiones, mejorar las condiciones de circulación y reducir la participación del Estado en la administración directa de las rutas, bajo un esquema en el que las empresas concesionarias podrán recuperar sus inversiones mediante el cobro de tarifas a los usuarios.
El anexo del decreto identifica 27 rutas nacionales que podrán incorporarse al esquema de concesiones por peaje. La nómina comprende corredores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y La Rioja.
El listado incluye:
Un punto importante es que algunas rutas, como las nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, ya aparecen en etapas anteriores del programa. No obstante, el Gobierno aclaró que la incorporación de estos corredores al nuevo decreto no implica una duplicación de concesiones, ya que se trata de sectores diferentes de esas mismas rutas.
Uno de los principales cambios previstos es que las empresas que resulten adjudicatarias tendrán a su cargo distintas tareas vinculadas con la infraestructura vial.
El artículo 1° establece que las concesiones podrán comprender la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos adjudicados. También contempla la prestación de servicios a los usuarios y la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias o colaterales que permitan generar ingresos adicionales.
En la práctica, esto supone que el sector privado asumirá responsabilidades sobre el funcionamiento de los corredores y podrá obtener ingresos a través del cobro de peajes y otras actividades autorizadas en los contratos.
Sin embargo, el decreto no establece cuánto costarán los futuros peajes, dónde estarán ubicadas las estaciones de cobro ni qué tarifas deberán pagar los usuarios. Esas condiciones deberán definirse en los pliegos de licitación y en los contratos correspondientes.
Tampoco determina cuáles serán las obras específicas que deberá ejecutar cada concesionario. Esa información dependerá de la delimitación definitiva de los tramos y de las condiciones técnicas y económicas que establezca el Ministerio de Economía.
Aunque el esquema amplía la participación privada, el Estado conservará funciones de regulación, supervisión y control.
En ese sentido, el decreto distribuye responsabilidades entre el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. La Secretaría de Transporte será la encargada de organizar los procedimientos licitatorios, aprobar los pliegos, convocar a las empresas interesadas, evaluar las ofertas, resolver impugnaciones y adjudicar los contratos.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de las concesiones y tendrá a su cargo la supervisión y el control de los contratos. También deberá intervenir técnicamente antes de que se determine la composición definitiva de cada corredor.