En la zona sanitaria de Beni, casi tres de cada cuatro pacientes con ébola habrían contraído el virus dentro de establecimientos médicos. La situación expone una de las caras más graves de la emergencia en la República Democrática del Congo: lugares que deberían proteger a los enfermos también se convirtieron en puntos de transmisión. Seis meses después del inicio del brote, faltan recursos esenciales para contenerlo.
Los últimos datos oficiales, correspondientes al 10 de noviembre, registran 11.114 contagios confirmados y 5.433 fallecidos. En apenas un día se sumaron 72 diagnósticos y 46 muertes. La epidemia ya afectó ocho provincias, aunque Ituri concentra la mayor parte de los casos. Es el brote más mortal de la historia congoleña y el segundo más grande del mundo, detrás de la crisis que golpeó África occidental entre 2014 y 2016.
La mitad de las infecciones podría no aparecer en los registros. El epidemiólogo Neil Ferguson estima que solo se detecta alrededor del 50% de los contagios y calcula que actualmente puede haber entre 2.000 y 3.000 personas enfermas en el país. Son proyecciones, no cifras confirmadas, pero muestran hasta qué punto la emergencia podría ser mucho mayor de lo que indican los informes oficiales.

La vigilancia tampoco logra anticiparse a las nuevas infecciones. En Ituri, apenas el 9% de los pacientes atendidos por equipos de Médicos Sin Fronteras habían sido identificados previamente como contactos de una persona infectada. Además, cerca de dos tercios de los fallecimientos notificados durante el último mes ocurrieron fuera de los centros de tratamiento, lo que retrasa la detección y expone a familiares y vecinos.
Las deficiencias llegan hasta las tareas más básicas. Hay establecimientos sin agua, cloro ni materiales de esterilización, trabajadores sin cobrar o sin capacitación y ambulancias detenidas por falta de combustible. Aunque se comprometieron importantes fondos internacionales, la ayuda no llega con suficiente rapidez a quienes atienden directamente a los pacientes.

A eso se suman los ataques de grupos armados. Una ofensiva reciente en Cantine-Aloya, en Kivu del Norte, dejó 66 civiles muertos, incluidos tres trabajadores sanitarios. La violencia interrumpió el seguimiento de más de 1.000 personas que habían estado en contacto con enfermos y dejó sin localizar a tres pacientes confirmados. Cada interrupción facilita que el virus avance sin ser detectado.
El brote está causado por el virus Bundibugyo, para el cual todavía no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobados. Sin embargo, en octubre comenzó el ensayo clínico Tumaini, que estudia si la vacuna Ervebo, utilizada contra otra especie del virus, también puede ofrecer protección frente a esta. Además, se prevé evaluar dos candidatos desarrollados específicamente contra Bundibugyo.
Mientras avanzan las investigaciones, la contención depende de detectar rápidamente a los enfermos, aislarlos, atenderlos con seguridad y seguir a sus contactos. Los especialistas advierten que, si estas tareas no mejoran y persiste la inseguridad, la crisis podría prolongarse durante otro año. El desafío inmediato es evitar que cada hospital o comunidad desatendida se transforme en un nuevo foco.