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13/11/2026 - Edición Nº1375
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INTERNACIONALES
Crisis en Paraguay: cómo funciona la Justicia y qué puede pasar con Peña
13/11/2026 | Un abogado del país vecino explicó a NewsDigitales las etapas de la causa, los fundamentos de la prisión preventiva y las consecuencias de una eventual absolución.
Santiago Peña
El proceso judicial contra el expresidente paraguayo Santiago Peña abre interrogantes sobre el funcionamiento de la Justicia del país vecino. Conocer las particularidades de su sistema penal resulta fundamental para comprender qué instancias deberá atravesar la causa, cuáles son las herramientas de la defensa y qué consecuencias institucionales podría tener su desenlace.
Para explicar esas particularidades, NewsDigitales dialogó con el abogado paraguayo Evelio Salinas, quien describió las principales etapas del procedimiento penal y señaló algunas diferencias relevantes respecto del sistema argentino. Entre ellas aparecen los plazos de investigación, la intervención del Ministerio Público durante el juicio oral y las posibilidades de recurrir determinadas decisiones judiciales.
Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal. Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza. Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas. Es momento de unir esfuerzos para reconstruir la institucionalidad y atender, con hechos y responsabilidad, a quienes están siendo afectados. Que Dios bendiga al Paraguay.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Seis meses para investigar y formular acusación
El procedimiento penal paraguayo comienza con una etapa preparatoria de investigación a cargo del Ministerio Público. Según explicó Salinas, el Código Procesal Penal establece un plazo de seis meses para completar esa etapa y formular la acusación. Sin embargo, la legislación contempla mecanismos de prórroga: una ordinaria, que debe solicitarse ante el juez, y otra extraordinaria, reservada para investigaciones de excepcional complejidad.
Una vez presentada la acusación, interviene el Juzgado de Garantías, que convoca a una audiencia preliminar para controlar los fundamentos del requerimiento fiscal y resolver si corresponde abrir el juicio oral y público. En esa instancia, la defensa puede cuestionar la acusación, plantear excepciones, discutir la admisibilidad de las pruebas y solicitar el sobreseimiento del imputado.
La audiencia preliminar constituye, por lo tanto, una instancia de control judicial de la investigación y de la acusación antes de que el expediente llegue al debate oral. Allí se resuelven cuestiones procesales y probatorias que pueden determinar la continuidad o el cierre de la causa.
Similitudes y diferencias con el sistema argentino
Uno de los aspectos más interesantes del procedimiento paraguayo aparece en la organización del trabajo fiscal. A diferencia de algunos modelos procesales argentinos, en los que pueden intervenir distintos representantes del Ministerio Público durante la investigación y el juicio oral, en Paraguay la función acusadora puede mantenerse en manos del mismo fiscal a lo largo de ambas etapas. "El mismo fiscal que hace la investigación presenta la acusación y también se presenta en el juicio oral y público", precisó Salinas.
En materia de recursos, el abogado también fue consultado sobre la posibilidad de que la defensa cuestione el auto de apertura a juicio oral. Al respecto, explicó que existen distintas interpretaciones jurídicas sobre la procedencia de esa impugnación.
Según su descripción, hay dos corrientes respecto de la posibilidad de recurrir directamente esa resolución. Sin embargo, determinados incidentes planteados y resueltos durante la audiencia preliminar sí pueden ser objeto de revisión judicial, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.
Prisión preventiva
Otro de los puntos centrales de la conversación fue la prisión preventiva, una medida cautelar que debe distinguirse de una condena. Su aplicación no supone una declaración de culpabilidad, sino que responde a la necesidad de asegurar la sujeción del imputado al procedimiento y evitar posibles riesgos procesales.
Al comparar los criterios de ambos países, el entrevistado identificó dos riesgos procesales fundamentales para justificar la prisión preventiva: el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación. Sin embargo, la legislación paraguaya también exige que existan elementos suficientes sobre la comisión de un hecho punible grave y sobre la probable participación del imputado. "Son dos: el entorpecimiento, que nosotros conocemos aquí como obstrucción a la investigación, y efectivamente también el peligro de fuga", señaló.
Club de Oficiales del Regimiento de Escolta Presidencial. En este lugar está detenido el expresidente Santiago Peña
En cuanto a la pena en expectativa, el letrado señaló que su posible magnitud constituye un elemento que debe ser evaluado al analizar el peligro de fuga y definir la estrategia de la defensa. No obstante, la expectativa de una eventual condena no habilita por sí sola la prisión preventiva: su imposición requiere que se acrediten los presupuestos legales y los riesgos procesales previstos en el Código Procesal Penal paraguayo. En cualquier caso, la detención cautelar no puede confundirse con una pena anticipada, ya que la responsabilidad penal debe establecerse mediante una sentencia dictada con pleno respeto de las garantías de defensa.
Continuidad intitucional
La situación de Peña también abrió interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones. Uno de los interrogantes para un observador lego en el sistema de gobierno paraguayo es si el nuevo presidente, Pedro Alliana, debe convocar a elecciones anticipadas o completar el período de Peña. Salinas despejó las dudas en forma contundente: "El país está siendo gobernado por un presidente constitucional que va a completar, esperamos, el mandato constitucional", afirmó.
Salinas consideró que el escenario representa una prueba para la democracia paraguaya y expresó su expectativa de que el Poder Judicial actúe conforme a derecho. También se refirió al peso histórico del Partido Colorado, una fuerza política centenaria que tuvo un papel central en la vida institucional del país y gobernó tanto durante la dictadura de Alfredo Stroessner como en el período democrático.
Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, @JMilei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay. Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso. Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina. Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos.
— Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 13, 2026
En su análisis, la situación actual representa una decepción para ciudadanos que habían depositado su confianza en los dirigentes de esa fuerza política. Sus declaraciones reflejaron, además, la expectativa de que el nuevo gobierno pueda revertir las consecuencias de la gestión anterior.
¿Una eventual absolución permitiría alcanzar la condición de senador vitalicio?
La Constitución paraguaya contempla, en su artículo 189, la figura del senador vitalicio para los expresidentes elegidos democráticamente. Sin embargo, la propia norma establece una excepción para quienes hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables. Esta disposición abre un interrogante en el caso de Peña: ¿una eventual absolución en el proceso penal le permitiría acceder a esa condición? Según la interpretación de Salinas, la respuesta es negativa.
Desde su interpretación jurídica, una eventual absolución penal no modificaría las consecuencias institucionales de una destitución resuelta mediante juicio político. "En mi honesta opinión, pienso que no", respondió. El abogado explicó que ambos procedimientos tienen naturaleza y finalidades diferentes: el proceso penal determina la eventual responsabilidad criminal, el juicio político tiene consecuencias institucionales propias. Por ese motivo, una sentencia absolutoria no dejaría sin efecto automáticamente el juicio político, conforme al artículo 189 de la Constitución paraguaya constituye un impedimento para acceder a la senaduría vitalicia.
