Eduardo Moliné O’Connor y una sentencia que complica al Estado argentino

El 20 de agosto de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia de relevancia institucional para la República Argentina. El tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de derechos y garantías cometidas durante el juicio político que terminó con la destitución del exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo José Antonio Moliné O’Connor, en diciembre de 2003.

El pronunciamiento vuelve sobre uno de los episodios más controvertidos de la reorganización del máximo tribunal durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y plantea una cuestión central para el sistema republicano: cuáles son los límites del Congreso cuando ejerce su facultad constitucional de remover a los integrantes del Poder Judicial.

El contexto político: la renovación de la Corte Suprema

Para comprender el alcance del fallo es necesario remontarse a los primeros días de la presidencia de Néstor Kirchner. El 4 de junio de 2003, pocos días después de asumir, el entonces mandatario se dirigió al país por cadena nacional y reclamó al Congreso que utilizara los mecanismos constitucionales para remover a integrantes de la Corte Suprema.

Kirchner cuestionó a la denominada "mayoría automática", integrada por jueces que habían consolidado su influencia durante la década de 1990, y sostuvo que su actuación afectaba el prestigio institucional del máximo tribunal. En aquel mensaje reclamó a los legisladores "la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos".

El discurso se produjo en un contexto de fuerte cuestionamiento político y social a la composición de la Corte. En los meses siguientes se sucedieron las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El proceso también derivó en los juicios políticos que terminaron con las destituciones de Moliné O’Connor, en diciembre de 2003, y de Antonio Boggiano, en 2005.

El juicio político y el contenido de las sentencias

La Corte IDH reconstruyó el procedimiento parlamentario que culminó con la destitución de Moliné O’Connor el 3 de diciembre de 2003. La Cámara de Diputados había formulado nueve cargos por presunto mal desempeño, vinculados con tres causas judiciales: "Meller S.A.", "Magariños" y "Macri". Sin embargo, el Senado alcanzó la mayoría constitucional de dos tercios para declarar culpable al magistrado únicamente en dos de las imputaciones, ambas relacionadas con el expediente "Meller S.A.", un litigio por una deuda estatal derivada de un laudo arbitral.

El punto central del análisis interamericano fue determinar si la remoción había respondido a conductas que justificaran la responsabilidad institucional del magistrado o si, por el contrario, se había utilizado el juicio político para cuestionar el criterio jurídico adoptado por los jueces al resolver una controversia.

En ese sentido, el tribunal examinó los fundamentos de la destitución y advirtió que las sanciones estuvieron vinculadas con la interpretación jurídica y las decisiones adoptadas por la mayoría de la Corte Suprema en el caso "Meller S.A.". La discusión, por lo tanto, excedía la evaluación de una eventual irregularidad funcional y comprometía la independencia de los magistrados para resolver las causas sometidas a su jurisdicción.

Los límites del poder político sobre los jueces

La sentencia establece estándares sobre la relación entre la responsabilidad de los magistrados y la independencia judicial. La Corte IDH no desconoce la facultad constitucional del Congreso para llevar adelante un juicio político, pero señala que ese mecanismo debe ejercerse con respeto por las garantías del debido proceso y sin convertirse en una herramienta para disciplinar a los jueces por el sentido de sus decisiones.

Uno de los principios centrales del pronunciamiento es que el contenido de las sentencias y la interpretación jurídica de los magistrados no pueden constituir, por sí solos, motivos legítimos para su destitución. De lo contrario, la posibilidad de remover a un juez por el criterio adoptado en una resolución podría condicionar su independencia y afectar el funcionamiento del Poder Judicial.

El tribunal también examinó distintas decisiones adoptadas durante el procedimiento parlamentario. Entre ellas, los rechazos a las recusaciones planteadas contra legisladores que intervenían en el juicio político y la suspensión preventiva del magistrado sin goce de haberes. La Corte IDH consideró que determinadas decisiones carecieron de fundamentación suficiente y afectaron las garantías que debían resguardarse durante el proceso.

El fallo, además, pone de relieve el impacto institucional que puede tener la remoción arbitraria de un integrante de la máxima instancia judicial. Cuando se debilitan las garantías de independencia de quienes deben controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, también se resiente el sistema de frenos y contrapesos que sostiene el orden democrático.

Un precedente para la independencia judicial en la región

La decisión de la Corte IDH no supone una revisión del acierto o error técnico de las sentencias que dictó Moliné O’Connor. Su objeto es otro: determinar si el Estado argentino respetó las garantías convencionales durante el procedimiento que terminó con su destitución.

La distinción resulta fundamental. Los jueces pueden ser sometidos a mecanismos de responsabilidad por conductas que configuren causales legítimas de remoción, pero esos procedimientos no pueden utilizarse para sancionar interpretaciones jurídicas que desagraden a las mayorías políticas circunstanciales.

A más de veinte años de aquel proceso, el pronunciamiento vuelve a colocar en el centro del debate la independencia judicial y los límites del poder político. Su alcance trasciende la situación individual del exmagistrado: establece parámetros que los Estados deben observar para evitar que la renovación de una Corte Suprema se convierta en un mecanismo de presión sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.