UTA y reforma laboral: la Justicia intervino y cambió el tablero sindical

En la recta final hacia las elecciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), reprogramadas bajo estricta lupa judicial para los próximos 17 y 18 de diciembre, un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acaba de sacudir el tablero gremial y enviar una doble señal política de alto voltaje. Por un lado, intervino de lleno para desarticular lo que consideró una maniobra coordinada de persecución contra una lista opositora en el interior del país; por el otro, marcó un límite doctrinario claro frente a la lectura más regresiva que sectores empresarios intentaron imponer tras las últimas reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La resolución, firmada este jueves por los camaristas Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez (Sala I), ordenó a tres empresas de transporte de pasajeros de la provincia de Chaco —ERSA Urbano S.A., Tiro Federal UTE y Ataco Norte UTE— que reincorporen en un plazo perentorio de dos días hábiles a cuatro choferes integrantes de la agrupación opositora "Lista Negra". Para asegurar que la orden no quede en letra muerta, el tribunal fijó el apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias diarias (astreintes) ante cualquier dilación.

Una sincronización bajo sospecha

El expediente desnuda la cruda mecánica de las internas sindicales cuando los intereses de las conducciones tradicionales se cruzan con los de las patronales del transporte subsidiado. En un gremio históricamente verticalista como el que conduce Roberto Fernández a nivel nacional, la aparición de listas disidentes en las seccionales provinciales suele encontrar obstáculos que exceden lo meramente estatutario.

En este caso, entre el 7 y el 11 de agosto pasado —en apenas cinco días corridos y en pleno cierre de presentación de candidaturas para renovar la Junta Ejecutiva de la Seccional Chaco—, las tres compañías desvincularon de manera casi simultánea a los trabajadores Oscar Federico Galarza, Gustavo Ramón Gómez, Néstor Fabián Cabrera y Lautaro Daniel Ruiz.

Para revestir de legalidad los cortes, las empresas apelaron a un libreto conocido: invocaron supuestas crisis económicas en la prestación del servicio urbano -invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo pero sin haber tramitado el procedimiento preventivo de crisis que exige la normativa- o, en uno de los casos, alegaron una causal médica preexistente. Apenas veinticuatro horas después de completada esa barrida en las cabeceras, la Junta Electoral Central de la UTA emitió la Resolución 13/26 rechazando la oficialización de la nómina opositora.

Aunque ese cronograma electoral ya había sido anulado por la propia Sala I en una causa paralela ("Lista Negra c/ UTA") -donde además se designó un veedor judicial para garantizar la transparencia de los comicios de diciembre-, los jueces advirtieron que mantener afuera de sus puestos a los candidatos funcionaba como un claro mecanismo de disciplinamiento interno. "La continuidad de las desvinculaciones durante la etapa previa puede desalentar la participación de otros trabajadores de la agrupación y alterar las condiciones en que los accionantes ejercen su actividad sindical", alertó el tribunal al fundamentar la urgencia de la medida cautelar.

El límite a la letra chica de las reformas

Más allá del impacto inmediato en la interna de los colectiveros, la sentencia tiene un peso específico en el debate político-económico actual sobre el alcance real de la desregulación laboral promovida desde la Casa Rosada.

Durante la discusión del caso, sobrevoló la tesis que ganó terreno en los últimos meses en los principales estudios jurídicos empresarios: la idea de que el nuevo esquema de despido discriminatorio tarifado incorporado por la Ley Bases (artículo 245 bis de la LCT) habilitaba a las compañías a despedir pagando un plus indemnizatorio, clausurando de hecho la posibilidad de que un juez ordene la reinstalación del trabajador.

En otras palabras, la apuesta patronal consistía en transformar cualquier despido por motivos gremiales o políticos en una simple ecuación financiera: pagar una multa tarifada y limpiar a los delegados incómodos. Los camaristas Catani y Vázquez desarmaron esa interpretación con precisión quirúrgica.

Los jueces recordaron que la protección contra las prácticas antisindicales tiene raigambre constitucional (artículo 14 bis y convenios 87 y 98 de la OIT) y subrayaron un dato cronológico y técnico clave: la posterior Ley 27.802 -que introdujo modificaciones en el régimen de asociaciones sindicales- mantuvo intacta en el artículo 52 la facultad judicial de ordenar el reintegro al puesto de trabajo cuando se vulnera la libertad de organización.

De este modo, el tribunal dejó en claro que el agravamiento indemnizatorio general no licuó las garantías especiales ni convirtió la persecución gremial en un costo absorbible por las empresas.

El blindaje antes de la boleta oficial

El fallo también despejó otra zona gris que suele ser aprovechada en los gremios para desactivar candidaturas antes de tiempo. Al analizar el artículo 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, los jueces aclararon que la tutela sindical protege al trabajador desde el momento en que postula su nombre y lo comunica fehacientemente, sin necesidad de esperar a que la burocracia electoral del sindicato oficialice formalmente la lista.

Para el tribunal, sostener lo contrario sería una trampa jurídica: dejaría a los opositores completamente expuestos a represalias precisamente en la ventana temporal más vulnerable del proceso, antes de que las juntas electorales se expidan. Además, remarcaron que las limitaciones que la reciente reforma introdujo respecto de los representantes suplentes rigen recién una vez consumado el acto electoral y proclamados los ganadores, pero jamás durante la etapa de postulación.

Con esta decisión, el fuero laboral no solo le devolvió el sustento y el lugar de trabajo a cuatro choferes a semanas de ir a las urnas, sino que también envió un mensaje directo al mundo empresario y a la narrativa oficialista sobre la modernización laboral: ni siquiera bajo el nuevo marco normativo el despido arbitrario puede utilizarse como herramienta para disciplinar trabajadores ni para ordenar internas sindicales a medida de las conducciones de turno.