CRISIS POLÍTICA
13/11/2026 - Edición Nº1375
Política
Crisis institucional
Ueno Bank: nueva imputación al expresidente Peña complica el clima en Paraguay
13/11/2026 | La acusación alcanza a seis exfuncionarios y sostiene que habrían utilizado sus cargos para favorecer al Grupo Vázquez y proteger al fallido banco.
Santiago Peña
La investigación por el caso Ueno Bank sumó este viernes un nuevo capítulo en Paraguay. El Ministerio Público amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el presunto delito de asociación criminal, al sostener que habría encabezado una estructura organizada dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, propietario de la entidad bancaria.
La nueva acusación también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding; al exsuperintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola; y a los exintegrantes del directorio de la autoridad monetaria Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.
La presentación fiscal representa una ampliación de la causa penal 92/2026, que inicialmente investigaba presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, además de posibles maniobras relacionadas con la supervisión y el control de la entidad. Peña y Carvallo ya estaban imputados por otros hechos punibles vinculados con esa investigación.
La hipótesis fiscal: una estructura dentro del Estado
En el escrito de imputación, los investigadores sostienen que los acusados habrían conformado una organización con división de tareas y una estructura jerárquica inserta en el propio aparato estatal. Según la hipótesis del Ministerio Público, el objetivo habría sido subordinar los organismos de regulación y control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez y garantizar la continuidad operativa de Ueno Bank.
La Fiscalía atribuye al expresidente un papel central en ese esquema. El documento lo señala como presunto jefe de la estructura y sostiene que habría ubicado o mantenido en puestos estratégicos a funcionarios de su confianza o con antecedentes de vinculación con el conglomerado empresarial.
La acusación también sostiene que Peña habría mantenido reuniones periódicas y clandestinas en la residencia presidencial Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, titular del grupo empresarial, para coordinar las necesidades de la compañía. Además, le atribuye directivas para evitar intervenciones sobre la entidad bancaria y cuestionamientos públicos a las advertencias sobre su situación financiera.
En paralelo, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares personales y patrimoniales para los exdirectivos del BCP. La Fiscalía pidió prisión preventiva para Marco Aurelio González y arresto domiciliario para Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, además de medidas destinadas a identificar y resguardar sus bienes y activos financieros. Esas solicitudes deben distinguirse de las decisiones que adopte el juzgado competente.
De la presidencia a la prisión preventiva
La situación de Peña tiene un componente político e institucional excepcional. El dirigente ya no ocupa la Presidencia de Paraguay: fue destituido el 6 de noviembre y reemplazado por el entonces vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis política desatada por el caso Ueno.
Antes de la ampliación de este viernes, el exmandatario ya había sido imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. En ese marco, cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, según los reportes de la prensa paraguaya.
La incorporación de asociación criminal amplía el alcance de la acusación y profundiza la hipótesis de que las presuntas irregularidades no habrían sido decisiones aisladas, sino parte de un mecanismo coordinado entre autoridades políticas y funcionarios encargados de controlar el sistema financiero.
