por Redacción NewsDigitales
La discusión sobre el costo del oxígeno medicinal llegó a las redes sociales y volvió a poner bajo la lupa una regulación sanitaria vigente durante casi 24 años. La diputada nacional Lilia Lemoine cuestionó al exadministrador de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Rodolfo Limeres, por haber firmado en 2002 una disposición que estableció un requisito de pureza del 98% para el oxígeno medicinal producido mediante el sistema de adsorción por cambio de presión (PSA).
En una publicación difundida este viernes en X, Lemoine retomó un planteo del usuario @fedesturze y sostuvo que esa exigencia habría protegido el negocio de las grandes compañías proveedoras de oxígeno criogénico, al dificultar que hospitales y pequeños productores utilizaran generadores propios. La legisladora vinculó el cambio regulatorio con la política de desregulación impulsada por el Gobierno.
Gracias @fedesturze . Qué tan MISERABLE se tiene que ser para cobrar el oxígeno más caro en los hospitales, no? A ver quién metió esa regulación? Capaz que todavía anda por acá... LEAN ESTO: En resumen: Manuel Rodolfo Limeres (interventor de ANMAT bajo el gobierno de Duhalde) firmó la norma de 2002 con el pretexto de calidad y seguridad del PSA, pero el umbral de pureza elegido protegió de facto el negocio del oxígeno criogénico de las grandes compañías. Al fijar 98 %, la norma hizo prácticamente inviable la producción local por PSA en hospitales o pequeños productores. Esto favoreció a las grandes empresas de oxígeno criogénico (Praxair, Air Liquide, AGA, Indura, etc). Limeres fue nombrado por Nestor Kirchner en ANMAT, se fue y volvió en 2020 y estuvo a cargo junto con Ginés y Vizzoti durante la cuarentena cavernícola de Alberto Fernandez. Lo rajó Milei el 9/12/23. Por culpa de este tipo los hospitales argentinos pagaron el oxígeno más caro y no pudieron fabricarlo en el lugar por 25 años. ¿Ven por qué es tan importante el Ministerio de Desregulación?
— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) November 13, 2026
El cuestionamiento se produjo pocos días después de que la ANMAT modificara la normativa mediante la Disposición 7203/2026, publicada el 6 de noviembre en el Boletín Oficial. La nueva regulación reconoce el oxígeno medicinal al 93%, con un rango de concentración de entre el 90% y el 96%, y adecua los requisitos técnicos para su producción mediante tecnología PSA.
La Disposición ANMAT 4373/2002 fue firmada el 19 de septiembre de ese año por Manuel Limeres, entonces interventor del organismo. La norma aprobó los requisitos técnicos para generar oxígeno medicinal mediante la separación del aire por adsorción, un procedimiento conocido como PSA, que permite obtener oxígeno a partir del aire ambiente.
El texto no prohibía expresamente que los centros de salud produjeran su propio oxígeno. De hecho, sus fundamentos reconocían que ya existían equipos generadores instalados en establecimientos públicos y privados. Sin embargo, establecía que el producto debía alcanzar una concentración mínima del 98% de oxígeno en volumen, una exigencia que representaba una barrera para la tecnología PSA, cuyo rendimiento habitual ronda el 93%.
La diferencia no era menor: mientras el método criogénico tradicional permite obtener oxígeno con una pureza superior al 99%, los equipos PSA producen una concentración menor, aunque admitida por estándares farmacopéicos internacionales para determinados usos medicinales. En la práctica, el umbral argentino dificultaba que esa alternativa pudiera competir en igualdad de condiciones con los grandes proveedores.
La discusión no comenzó con la publicación de Lemoine. En julio de 2023, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) difundió los resultados de una investigación sobre el mercado argentino de oxígeno medicinal. El organismo concluyó que existía una elevada concentración y una dinámica competitiva reducida.
Según ese relevamiento, tres grandes compañías -Linde/Praxair, Air Liquide e Indura, subsidiaria local de Air Products- concentraban cerca del 90% de la producción nacional. La investigación también identificó que el requisito regulatorio de pureza podía estar limitando, aunque no necesariamente de manera deliberada, la expansión de los generadores basados en tecnología PSA.
La CNDC recomendó entonces al Ministerio de Salud y a la ANMAT adecuar las exigencias para incorporar el oxígeno medicinal al 93%, con un margen de entre el 90% y el 96%, de acuerdo con estándares internacionales. El organismo consideró que esa modificación permitiría sumar productores y generar una presión competitiva capaz de reducir los precios que hospitales y clínicas pagan por el suministro.
La modificación llegó con la Disposición 7203/2026, firmada el 5 de noviembre y publicada al día siguiente. La norma sustituyó el anexo técnico de la disposición de 2002 y adecuó los controles de calidad a la definición de Oxígeno 93% ya incorporada a la Farmacopea Argentina.
El nuevo régimen mantiene exigencias sanitarias y técnicas: las plantas deben contar con dirección técnica farmacéutica, personal capacitado, controles de calidad, instalaciones adecuadas y procedimientos de seguridad. También establece condiciones para el envasado, la identificación y la trazabilidad del producto.
La medida busca facilitar que los establecimientos de salud puedan generar oxígeno para abastecer sus propias necesidades y ampliar las alternativas de provisión. El cambio, sin embargo, no implica que todos los hospitales puedan instalar equipos de manera inmediata ni garantiza por sí solo una reducción automática de los precios: su impacto dependerá de las inversiones, las condiciones de implementación y la incorporación efectiva de nuevos proveedores.
Limeres estuvo al frente de la ANMAT durante varios años. Su designación como interventor se produjo en enero de 2002, mediante el Decreto 197 firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde y el ministro de Salud Ginés González García. Continuó en el organismo durante parte de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En enero de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, volvió a ser designado administrador nacional de la ANMAT mediante el Decreto 32/2020. Permaneció en el cargo hasta diciembre de 2023, cuando fue desplazado durante los primeros días de la gestión de Javier Milei.
La controversia expone una discusión que excede el cruce político en redes sociales: cómo una exigencia técnica puede convertirse en una barrera de entrada para nuevas tecnologías y contribuir a sostener mercados concentrados. La modificación de la norma abre una posibilidad para ampliar la producción y la competencia en un insumo esencial para el sistema sanitario. El resultado concreto se medirá en la capacidad de los hospitales para acceder a nuevas alternativas y en el eventual impacto sobre los costos del oxígeno medicinal.