13/11/2026 - Edición Nº1375

Internacionales

Autoridad

Nawrocki marca un límite al poder estatal y defiende la libertad en internet

13/11/2026 | El presidente polaco vetó la reforma digital y defendió límites al poder estatal sobre la expresión en la red.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, vetó este viernes 13 de noviembre una reforma sobre servicios electrónicos vinculada con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, conocido como DSA. Su decisión pone sobre la mesa una preocupación legítima: las herramientas destinadas a combatir contenidos ilegales también necesitan límites para impedir abusos contra la libertad de expresión.

El mérito político del veto consiste en exigir que la seguridad digital se construya con garantías. Una democracia necesita perseguir delitos, proteger a las víctimas y responder a las amenazas, pero también debe preservar el derecho a cuestionar al Gobierno. Desde esa perspectiva, la intervención de Nawrocki merece respaldo: obliga a discutir quién puede restringir una publicación y bajo qué controles.

 


Polonia es un país de Europa Oriental en el mar Báltico, conocido por su arquitectura medieval y su herencia judía.

La libertad de expresión como límite al poder

El artículo 54 de la Constitución polaca garantiza la libertad de expresar opiniones y de obtener y difundir información. Además, prohíbe la censura preventiva de los medios de comunicación social. Ese principio ofrece una referencia central para evaluar cualquier restricción, aunque determinar si una norma concreta lo vulnera requiere un examen jurídico de sus disposiciones.

Nawrocki sostuvo que la reforma abría la puerta a decisiones administrativas capaces de comprometer esas libertades. Su objeción apunta al papel de los funcionarios y a las garantías de intervención judicial. La denuncia de censura expresa la posición del presidente, no una sentencia de inconstitucionalidad; aun así, plantea una pregunta necesaria sobre los límites del poder público en internet.

Un veto que exige mejores garantías

Según explicó la Presidencia, su primera negativa ya había provocado cambios: se separaron las reglas de organización nacional del DSA de las disposiciones sobre bloqueo de contenidos ilegales. Nawrocki presentó esa modificación como una mejora obtenida mediante el veto. El antecedente respalda una lectura favorable de su actuación: ejercer un contrapeso puede obligar al legislador a revisar decisiones sensibles.

El Ministerio de Digitalización defendió la reforma como una herramienta para actuar con mayor rapidez contra amenazas, incitación al odio y materiales que ponen en riesgo a los niños. Son objetivos legítimos que merecen una respuesta eficaz. Reconocerlos, sin embargo, no resuelve por sí mismo el debate sobre los procedimientos necesarios para proteger simultáneamente a las víctimas y a los usuarios.


Nawrocki vetó reforma digital y defendió la libertad de expresión ante el control estatal.

Seguridad digital con controles efectivos

Una regulación sólida debe establecer causas precisas para intervenir, decisiones fundamentadas y mecanismos efectivos de revisión. También necesita contemplar la urgencia cuando exista un peligro real. El desafío consiste en combinar esas exigencias: una publicación retirada injustamente puede perder su relevancia antes de que llegue una rectificación, especialmente durante una controversia política o una campaña electoral.

El veto tampoco debe confundirse con la desaparición del marco europeo de servicios digitales en Polonia. La legislación que designa al responsable de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas como coordinador nacional entró en vigor el 6 de noviembre. Esa distinción permite concentrar la discusión en los mecanismos cuestionados y evita presentar cualquier desacuerdo sobre su implementación como un rechazo general a regular las plataformas.


El presidente polaco pide garantías para evitar abusos al bloquear contenidos en internet.

Una defensa que debe proteger a todos

La fortaleza del argumento favorable a Nawrocki está en su aplicación universal. Las garantías que hoy protegen a sus simpatizantes deben proteger también a sus adversarios, a periodistas críticos y a ciudadanos sin representación política. El criterio para evaluar una facultad estatal debería ser si seguiría pareciendo aceptable cuando la ejerza un gobierno de signo contrario.

Nawrocki acierta al exigir que la protección de los ciudadanos incluya la protección de sus libertades. El siguiente paso debería ser una propuesta que atienda los delitos digitales con herramientas eficaces y controles verificables. Defender ese equilibrio es una responsabilidad presidencial: la legitimidad de combatir los abusos en internet depende también de impedir que el propio Estado los cometa.